Yucatán: el estado que decide por mí

Sandra Carolina López Pech

“Todas las personas, sin ningún tipo de distinción, tienen los mismos derechos”. Es el mantra que parecen postular todos los y las candidatas durante la época de elecciones, pero al momento de realizar el verdadero trabajo legislativo y representativo de la sociedad, parecieran olvidarlo. Esto en relación con la reciente negativa del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán sobre la reforma al Código de familia del Estado, que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder, sin ningún tipo de barrera, al matrimonio en igualdad de condiciones  que las parejas heterosexuales.

A simple vista, esta decisión tiene una afectación meramente legalista, pero, ¿qué pasa con todo lo demás que puede componer el matrimonio?

Los derechos sexuales y reproductivos se ven íntimamente ligados y afectados por estos sucesos. Recordemos que estos derechos se refieren al ejercicio libre sobre el control de nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, lo cual incluye poder acceder a la información y servicios de salud sexual y reproductiva; incluidos los de contracepción, elegir si deseamos casarnos, cuándo y con quién, decidir si queremos o no tener hijos e hijas y cuántos, así como vivir libres de violencia y prácticas que busquen dominar nuestro cuerpo y sexualidad.[1]

Al principio, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo, estos derechos se referían a afectaciones desproporcionadas en mujeres y niñas. Sin embargo, atendiendo a las tres formas de aproximación que propone Alice Miller –la perspectiva evolutiva, la devolutiva y la revolucionaria[2]–  encontramos que existen más afectaciones en otros grupos de personas, como lo son las parejas del mismo sexo, las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgenéricas, entre otros sectores no visibles.

Teniendo en cuenta lo anterior, la negativa al matrimonio igualitario por parte del Congreso impone nuevamente barreras legales para que las personas accedan a esta figura, lo que permea no solamente sobre sus derechos patrimoniales o económicos, sino que además trastoca otros aspectos de la vida personal  de un sector de la sociedad, como lo es la total y libre decisión de casarnos con quien queramos y cuándo deseemos hacerlo, sin ningún impedimento legal, poniendo de relieve que las personas con parejas de su mismo sexo,  están expuestas a vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos de manera desproporcionada e interseccional.

El no poder acceder al matrimonio provoca una cascada de impedimentos para las personas, desde las prestaciones de seguridad social, hasta los obstáculos para poder lograr con éxito los procesos de adopción, sin tener en cuenta que la libertad de decisión se encuentra fuertemente coartada por la voluntad de terceros determinados a negar nuestros derechos sin motivos justificables.

Ilustración: Andrea Ortiz Sosa.

Esto pareciera no ser de relevancia suficiente para nuestros legisladores y legisladoras, para quienes los pesos políticos y económicos son más grandes que su deber de protección y respeto a los derechos de las personas, y quienes han insistido por segunda ocasión – la primera en abril y ahora el 15 de julio pasado- en votar en contra del matrimonio igualitario en Yucatán. Cabe señalar, y con mucha vergüenza, que nuestro Estado es de los pocos que parece apagarse a realizar actos inconstitucionales, ya que en México, 19 estados han legalizado el matrimonio igualitario, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Puebla, entre otros. Nuestro actual Congreso ratifica y secunda un discurso que lejos de terminar con la situación de violencia y discriminación hacia las parejas del mismo sexo, contribuye a su exclusión y desigualdad.

Recuerdo cierta plática acerca de los deseos de un familiar sobre casarse con su pareja (alguien de su mismo sexo) y cómo le parecía incómodo, innecesario y estigmatizante todo el proceso para poder realizar su plan de vida y que debido a ello había pospuesto sus planes en reiteradas ocasiones.  Esta opinión ha sido una constante en múltiples pláticas de diferentes personas y grupos sociales, y la causa sigue siendo la misma: una sociedad que se envuelve con un discurso incluyente pero que en la práctica huye de lo diferente, de lo que no es heteronormado, de lo “incómodo”. Pese a ello, me es reconfortante saber que existen más de cuatro personas que seguimos en plan de lucha para lograr al fin, que de manera efectiva, todas y todos podamos decidir de forma libre y sin barreras casarnos cuando queramos y con quien amemos.

 

 

[1] ONU. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. A/CONF.171/13/Rev.1. Capítulo VII.; Amnistía Internacional. Página web, disponible en:  https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-sexuales-reproductivos/

[2] Alice Miller. Las demandas por derechos sexuales. Seminario Regional Derechos Sexuales III Derechos Reproductivos, Derechos Humanos. Cladem, Lima, 2002, pp. 121-140.

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