Una ola en la marea verde

Recuerdo el 28 de septiembre del 2018, caminando por las calles de la Ciudad de México con un pañuelo verde atado a mi muñeca. Ese día, como todos los años desde 1990, se conmemoraba el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro (también conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto). Con tal motivo, las colectivas feministas de CDMX y de muchas otras ciudades mexicanas, convocaron a una movilización que marcaba simbólicamente como punto de encuentro el Monumento a la Madre, ese mismo en el que se lee la frase “A la que nos amó desde antes de conocernos” y a la que posteriormente le agregaron “Porque su maternidad fue voluntaria”.

Como el Monumento a La Madre estaba muy lejos de nuestro departamento, una de mis roomies y yo decidimos que alcanzaríamos la marcha en el Hemiciclo a Juárez, que también era un punto de encuentro. Fueron unos cuantos kilómetros de caminata y doce estaciones del metro para llegar a nuestro destino. Durante todo ese tiempo nos encontramos de pie, apretujadas entre muchísima gente. En cada estación subían muchas personas, algunas de ellas mujeres jóvenes, también con el pañuelo verde en la muñeca o atado a sus mochilas. Al vernos, incluso siendo completas desconocidas, cruzábamos miradas y compartíamos una sonrisa porque sabíamos que nos encontrábamos camino a luchar por la misma causa: autonomía reproductiva para todas las mujeres del país.

Monumento a la Madre.

Esta llamada marea verde llegó a México unos meses después de que en Argentina miles de mujeres nos sorprendieran al utilizar el pañuelo verde como un símbolo de lucha y exigencia del reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos. Este movimiento feminista tuvo su origen en dicho país hace más de 15 años en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. El emblema insignia de las colectivas lleva inscrito en blanco el lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, junto con un dibujo de un pañuelo que da un guiño a la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres argentinas que ha luchado por años para localizar y restituir a sus familias legítimas a todos los bebés, niñas y niños apropiados por la última dictadura militar en Argentina.

Durante 2018 se presentó por séptima vez en este país de Cono Sur el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este proyecto proponía el aborto como un derecho hasta las 14 semanas de embarazo, y hasta el final del embarazo (conocido como abortos tardíos o late term abortions) en las causales de violación, peligro para la vida/salud física, psíquica y social de la madre, y malformaciones fetales graves, e incluía el aborto en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

El 12 de junio de ese año el proyecto, con algunas modificaciones, obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y Diputadas en Argentina y al día siguiente se realizó una sesión en el Congreso por más de 23 horas, aprobándose la media sanción de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Posteriormente, el 1 de agosto el proyecto no consiguió dictamen en el Senado, luego de 7 sesiones expositivas y 143 personas oradoras.​ La sesión se realizó el 8 de agosto donde luego de 16 horas de discusión la esperanza de la marea verde se desvanecía ante el rechazo del proyecto de ley con 38 votos en contra y 31 a favor, con 2 abstenciones y un ausente. Durante todo ese tiempo, miles de mujeres argentinas realizaban protestas a las afueras de los recintos legislativos, cantando, gritando y soñando con un país donde las decisiones del cuerpo de las mujeres fuera solo de ellas y no un asunto del Estado.

Esta lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres no es algo nuevo. Ya desde 1971, cientos de mujeres francesas (entre ellas  Agnès Varda, Simone de Beauvouir y  Catherine Deneuve) firmaron y publicaron en la revista francesa Le Nouvel Observateur una declaración conocida como manifeste des 343, o des 343 salopes (manifiesto de las 343 o manifiesto de las 343 zorras) en donde todas ellas afirmaban haber tenido un aborto y consiguientemente, se exponían a ser sometidas a procedimientos penales por los que podrían ser encarceladas.

El manifiesto, redactado por Simone de Beauvoir, expresa en términos generales una problemática que aún sigue vigente en muchos lugares del mundo:

«Un millón de mujeres abortan cada año en Francia.

Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es una de las más simples.

Se sume en el silencio a estos millones de mujeres.

Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado.

Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre.»

Tres años después de la publicación del manifiesto, Simone de Viel, Ministra de Salud, Seguridad Social y Familia comparecía ante la Asamblea Nacional de Francia para defender la ley conocida como Loi Veil que despenalizó el aborto en Francia en 1945. En el célebre discurso, Veil expresó: “Ninguna mujer recurre gustosamente al aborto. Basta con escucharlas. Es siempre una tragedia y seguirá siendo una tragedia…”. La entonces Ministra de Salud, pugnaba por un abordaje del tema a través de las políticas públicas de salud, pues según ella “La ley las expulsa [a las mujeres] no solo al oprobio, la vergüenza y la soledad, sino también al anonimato y la angustia de las diligencias judiciales.”

Cuarenta y cinco años después de estas palabras, en América Latina, tres de cada cuatro abortos se realizan de manera insegura y cada año, 760 mil mujeres latinoamericanas reciben tratamiento por complicaciones con sus abortos y nuestro país la situación no es diferente. En México el aborto sigue siendo un delito, a excepción de la CDMX donde desde hace 12 años el aborto es legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas de gestación y se realiza tanto en clínicas públicas como privadas. Por otro lado, en el resto del país, los códigos penales de cada entidad federativa establecen las llamadas excluyentes de responsabilidad penal, es decir, aquellas situaciones en las que se puede abortar sin ameritar una sanción penal.

Al respecto 29 entidades establecen como causal que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, y dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. El Código Penal Federal, por su parte, contempla solo el aborto culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales de no punibilidad, siendo así la violación sexual, la única reconocida en todos los códigos penales.[1]

En el caso de Yucatán desde el año 2009 se estableció que en el estado sereconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”. A pesar de mantener la vigencia de las excluyentes de responsabilidad, bajo un discurso de clara criminalización hacia las mujeres esta reforma ha causado confusión y desconocimiento a personas del servicio público que se desempeñan tanto en el ámbito judicial como en el sector salud.

Claro ejemplo de lo anterior es el caso de Evelia, una mujer indígena maya originaria del municipio de Tixméhuac quien fue acusada de homicidio en razón de parantezco a raíz de un aborto espontáneo, como consecuencia de un embarazo del que ella no sabía y que además fue producto de una violación.  Actualmente, Evelia se encuentra cumpliendo una condena de 12 años y seis meses de cárcel y 154 mil pesos de multa en el Centro de Reincersión Social de Tekax.[2]

En este sentido, uno de los principales problemas en el Estado es con relación  a la excluyente por violación, ya que a pesar de que tanto la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención (NOM 046), establecen que se debe garantizar el acceso a la interrupción del embarazo para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación, es común escuchar casos en los cuales el personal de salud pide requisitos adicionales como el hacer constar que se ha denunciado el delito o autorizaciones innecesarias por parte de las autoridades judiciales, ocasionando revictimización y que además el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sea obstaculizado.

Frente a este contexto de criminalización es importante superar el debate que gira en torno a la persecución penal de la interrupción voluntaria del embarazo y avanzar hacia discusiones que giren en torno a las políticas públicas que promuevan la autonomía y la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

No cabe duda que América Latina se encuentra en medio de estas discusiones y está siendo un referente en la lucha por el reconocimiento de estos derechos. Es por ello que cada vez que nos encontramos caminando por las calles o cruzamos miradas en el transporte público e identificamos los pañuelos verdes, muchas mujeres nos sentimos parte de esta causa común, por lo que pareciera el sueño lejano de decidir sobre nuestros propios cuerpos y por el cual ahora tenemos un símbolo de lucha que nos hace sentirnos como una ola en la marea verde.

 

 

[1] Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), La pieza faltante. Justicia Reproductiva, p. 51. Disponible en: https://justiciareproductiva.gire.org.mx/assets/pdf/JusticiaReproductiva.pdf.

[2] Cfr. Rejón Katia y Balam Lilia, Maternidad forzada. El mito del aborto legal en Yucatán, 2019. http://www.abortoyucatan.com/

Estudiante de último semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma De Yucatán. Integrante de Amnistía Internacional Yucatán e investigadora sobre derechos humanos y perspectiva de género.

Siempre me estoy cuestionando todo y a veces escribo sobre ello.

Soy amante del impresionismo porque me hace pensar que en realidad la vida es una imitación del arte.

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