Sueños rotos en la 4T (IV)

 

Grandes discursos y pocas acciones

Enrique Gallegos Madrigal

@gallegosm_e

 

Como en muchos temas, el gobierno federal prefiere construir narrativas que ejecutar acciones concretas para atender los diversos problemas sociales que enfrenta el país, en esta última entrega se abordan algunas cuestiones relacionadas con los flujos migratorios de Centroamérica y los derechos humanos de las personas que ingresan al país.

Si bien los movimientos migratorios provenientes de Centroamérica no son nuevos para México, a la administración de López Obrador le tocó atender un asunto en punto crítico y todas sus acciones y omisiones han tenido grandes repercusiones en la vida de las personas que ingresan al país con deseo de tener mejores oportunidades. Migrar es un derecho, pero en tiempos de la 4T no deja de ser difícil, lleno de barreras y violaciones a los derechos humanos.

En el segundo debate presidencial se incluyó entre los temas a discutir los derechos de las personas migrantes. Más allá de las críticas a las deficiencias argumentativas del entonces candidato López Obrador, lo que dijo y no dijo sobre los derechos de las personas migrantes fue el primer indicador de su agenda de gobierno: omitió hablar de la frontera sur del país. Aunque es natural hablar de los derechos de nacionales mexicanos en el extranjero también debe hablarse de los derechos de personas extranjeras en territorio nacional.

Partiendo del viejo adagio “prometer no empobrece” desde el Proyecto de Nación se planteó realizar una serie de acciones urgentes, ambiciosas y algunas un poco impertinentes para atender la situación[1].  En los cinco meses de gobierno de la 4T se ha hecho muy poco a pesar de toda la atención internacional en el tránsito de las nueve caravanas migrantes que en su camino hacia Estados Unidos han tenido a México como un paso obligado. Por otro lado, cabe mencionar que a pesar de que ha pasado un año desde las propuestas iniciales para atender el tema migratorio, el Plan Nacional de Desarrollo recoge lógicas del “proyecto de nación” y en lugar de brindar un mejor enfoque a las acciones de gobierno recoge ideas como la de “generar empleos” para personas migrantes a partir de proyectos como el tren “maya” y el corredor transístmico.

El pasado 1 de diciembre, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y el Salvador firmaron un entendimiento en el que se instruía a los cancilleres a trabajar en el diseño e implementación de un Plan Integral de Desarrollo con una inversión de 30 mil millones de dólares de manera progresiva durante los próximos cinco años. Dicho documento fue firmado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; y Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, y López Obrador[2].

No obstante, la situación que enfrentan las personas migrantes dista de ser positiva y muy prometedora. Ordenado, seguro y regular no son principios que definan el fenómeno migratorio en la frontera sur desde la firma del acuerdo de Marrakech: en octubre de 2018 10 mil personas rompen el cerco en el Puente Internacional Rodolfo Robles y entran dos caravanas de migrantes una de cinco mil y otra de dos mil; en enero de 2019 ingresan 12 mil al país y comienza registro de visa humanitaria; desde marzo de 2019 migrantes cerca de dos mil migrantes se encontraban a la espera de visas humanitarias; para abril de 2019 poco más de tres mil hondureños ingresan al país e inician su tránsito desde Tapachula en un contexto de redadas y detenciones por parte de oficiales del Instituto Nacional de Migración.

A diferencia del apoyo que tuvieron las primeras caravanas, muchas poblaciones han postrado fuerzas policiales en los accesos carreteros para evitar que las personas migrantes ingresen, a estas circunstancias adversas se suman las detenciones y también los riesgos de la naturaleza debido a que muchas veces se ven obligados a no seguir por las carreteras sino hacerse camino en brechas poco accesibles o caminos pedregosos, poniendo en riesgo sus vidas, según reporta la prensa[3].

El 19 de febrero fueron secuestradas 25 personas migrantes que se encontraban bajo custodia de agentes estatales en una carretera de Tamaulipas[4]; nueve mujeres, 11 hombres, 15 niños y 10 niñas, todos originarios de Honduras y El Salvador sufrieron un accidente carretero en un tráiler que fue volcado en Veracruz[5]; el Albergue de la 72 en Tabasco reportó que entre enero y febrero se contabilizaron 292 agresiones contra migrantes. El principal tipo de agresión es el robo con violencia y el asalto a mano armada -203 entre enero y febrero pasado-; luego el fraude/estafa -42 casos-; la extorsión -30 casos-; la violación sexual, con 7 casos en tan solo dos meses; y el secuestro, tres casos también en solo dos meses[6].

A pesar del aumento de solicitudes de refugio y asilo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una de las principales autoridades en la materia, sigue operando con los mismos recursos humanos y materiales de otros años, con un presupuesto anual de alrededor de 25 millones de pesos. A esta crisis se suman incidentes como la fuga de migrantes de estaciones del Instituto Nacional de Migración, y los ataques a las mismas. Frente a todo esto, el Presidente sigue sosteniendo que la política de migración es de respeto a los derechos humanos y la realidad no podría estar más lejos de este discurso. Con los recortes presupuestarios y los limitados recursos que tienen a su disposición las autoridades migratorias, poco se puede hacer para garantizar los derechos de las personas migrantes. Y es que no puede dirigirse un gobierno con una política abstracta de combate a la corrupción y austeridad a raja tabla, cuando discursivamente se habla de esperanza, seguridad y una vida mejor para personas centroamericanas que huyen de la violencia, pobreza y gobiernos corruptos.

 

[1] 1. Crear una Coordinación Ejecutiva Intersecretarial para la Atención de Migrantes para atender un programa para el traslado seguro de migrantes en tránsito; 2.  Celebrar convenios internacionales de promoción de empleos con otros países; 3. Implementar programas multilaterales con países de América del Norte y Centroamérica; 4. Suscribir convenios de empleo temporal relacionados con los megraproyectos como el corredor transístmico; 5. Incorporar una política transversal de enfoque diferenciado en la política migratoria nacional; 6. Sustituir el Instituto Nacional de Migración por una Oficina Nacional de Migración y Refugiados; 7. Actualizar la política migratoria de asilo y refugio; 8. Implementar una política de cero tolerancia hacia agresiones en contra de personas migrantes provenientes de Centroamérica; 9. Establecer un protocolo de actuación para autoridades nacionales, elaborado con ayuda de organismos internacionales en materia de derechos humanos y autoridades nacionales; 10. Establecer un protocolo institucional para la búsqueda de migrantes en tránsito desaparecidos; 11. Reforzar el marco legal para castigar eficazmente la trata y el tráfico de migrantes; 12. Crear un Consejo de participación ciudadana para la evaluación y desempeño de la política migratoria; 13. Modernizar las estancias e instalaciones del Instituto Nacional de Migración y los puntos de acceso fronterizo; 14. Garantizar el tránsito seguro de las caravanas de personas migrantes.

[2] https://bit.ly/2Q3vFU9.

[3] Diario la Razón, “Indiferencia y empatía, los claroscuros que vive una caravana migrante” https://bit.ly/2JhCfBT, 28 de abril de 2019; BBC, “Migrant caravan: Mexico detains hundreds in raid”, https://bbc.in/2ZzDguB, 24 de abril de 2019;

[4] Radio Fórmula, https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190315/gobierno-federal-y-de-tamaulipas-investigan-secuestro-de-22-migrantes-secuestrados-en-reynosa/, 15 de marzo de 2019.

[5] El Heraldo de México, https://heraldodemexico.com.mx/estados/al-menos-30-migrantes-heridos-por-volcadura-de-trailer-en-veracruz/, 18 de abril de 2019.

[6] Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2019/03/ataques-migrantes-tabasco-crecimiento/, 26 de marzo de 2019.

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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