Sueños rotos en la 4T (III)

(III) Violencia institucional

 Enrique Gallegos Madrigal

@enriquegallegosm

Es tanta la violencia que sufren las mujeres en nuestro país que hasta en la reivindicación de sus derechos se busca juzgarlas, ridiculizarlas, minimizar sus reclamos o hasta violentarlas, basta con recordar la ola de críticas al movimiento #MeeToo. Incluso cuando las cifras —que no necesariamente logran representar todos los casos de incidencia— señalan que siete mujeres son asesinadas diariamente[1] y que cerca de 30,000[2] mujeres fueron víctima de algún tipo de violencia sexual tan solo en los primeros meses del 2019, es difícil hacer entender a muchas personas la gravedad de la situación.

Como es costumbre en este espacio, la crítica tiene por objeto visibilizar los desaciertos y promesas rotas del Gobierno Federal desde una perspectiva de derechos humanos, aunque es necesario mencionar que la violencia que sufren las mujeres no comenzó en este sexenio, esta ha sido histórica y estructural bajo las dinámicas que establece el patriarcado[3]. De esta forma, el aparato estatal se subsume al patriarcado y no a la inversa, pero esto no implica que no tenga responsabilidad, mucho menos cuando reproduce dinámicas de violencia en contra de las mujeres y sobre todo cuando se trata de violencia institucional.

La violencia institucional entraña todos los actos u omisiones de los hombres y mujeres que trabajan en instituciones públicas (sin importar el nivel de gobierno o esfera de competencia), que impliquen discriminación o tengan como finalidad dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia[4]. Es particularmente grave porque se sobrepone a otras formas de violencia existente que han sufrido las mujeres que deciden acudir a instancias públicas.

La situación que enfrentan mujeres y niñas se hace muy difícil y complicada cuando las autoridades obligadas a atender sus casos se vuelven sus victimarias, haciendo que la violencia se repita o agrave, trascendiendo lo público y lo privado, y reduciendo los espacios en los que puedan sentirse seguras. Lo que hace más lamentable este hecho es que algunas veces se hace con el amparo de las leyes en un ejercicio misógino de la institucionalidad existente.

Aunque este problema no es exclusivo de México, ha sido recurrente en al menos en tres formas documentadas: la reproducción de estereotipos, la revictimización y la impunidad. A manera de ejemplo, (i) líneas de investigación en casos de desaparición[5] fueron construidas bajo la creencia de que las mujeres jóvenes “escapaban con sus novios”, que aspectos de su vida privada (como su vida sexual) justificaban su desaparición o que de acuerdo a los roles de genero debían permanecer en sus casas; (ii) victimas de violencia sexual han sido obligadas a declarar en público en presencia de hombres[6]; y (iii) la falta de atención de casos de violencia doméstica porque “es un asunto de la vida privada”  ha dado lugar a feminicidios[7].

De manera general, todas estas fallas institucionales generar un ciclo de impunidad debido a que pocas veces se reconoce un contexto de violencia sistemática hacia las mujeres y los casos individuales se atienden en aislado.  Ante esta situación, otras mujeres víctimas de algún tipo de violencia dejan de tener confianza en las autoridades, porque el Estado envía el mensaje de que la violencia puede ser tolerada y aceptada, hecho que incentiva a los perpetradores a continuar ejerciendo violencia. Y al final, el ciclo se repite una y otra vez.

Mucho antes de ocupar el gobierno, el proyecto lopezobradorista de nación prometió un cambio en muchos temas. Su narrativa hacia los derechos de las mujeres se inauguró públicamente con la presentación del documento Femsplaning[8] a través de la plataforma Abre los Ojos con Olga Sánchez Cordero como una de mujeres colaboradoras. El 31 de mayo de 2018[9] se presentó un documento que visibilizaba los principales problemas que enfrentan niñas y mujeres en México y contenía doce propuestas[10], no obstante, no manifestaba nada referente a la interrupción legal del embarazo, algunas formaban parte de otros programas (como el programa de Becas Benito Juárez y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro) y se pretendía hacerlas pasar como acciones en la agenda de género y otras fueron manifiestamente ignoradas en acciones posteriores como la cancelación de apoyos guarderías y estancias infantiles.

Sin dejar de reconocer que al menos se cumplió con la conformación de un gabinete paritario, quedan muchas deudas pendientes para los derechos de las mujeres en México.  Y peor aún, se continúa reproduciendo la violencia institucional que marcó a los gobiernos anteriores. Por ejemplo, la reducción del presupuesto en el paquete económico 2019 a programas para la igualdad entre hombres y mujeres bajo la aplicación a rajatabla de la austeridad republicana. Lo anterior es gravísimo en un país con tanta discriminación hacia las mujeres.

Algunos ejemplos claros de esta violencia institucional presupuestaria:

  • El anuncio de que la convocatoria para la asignación de subsidios destinados a la prestación de servicios de refugio para mujeres y sus hijos, que viven en violencia extrema, quedó suspendida bajo orden presidencial firmada el 14 de febrero. La consecuencia inmediata de esta acción era aumentar las condiciones de riesgo y reducir los espacios seguros para mujeres victimas de violencia.
  • La reducción del presupuesto a las estancias infantiles para madres trabajadores, que de ejercer un gasto de 3.7 mil millones de pesos en 2018 tuvo una reducción y el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2019 es de 2.0 mil millones de pesos. Sin las estancias, madres trabajadoras no tendrían un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos, limitando sus posibilidades laborales y/o obligándolas a invertir de forma adicional su tiempo laboral en labores del hogar y/o de cuidado.

Por otro lado, no existen mecanismos de seguimiento y fiscalización que permitan verificar si el “Plan Emergerte para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México” presentado el 6 de marzo pasado[11] redundará en condiciones efectivas de seguridad. Actualmente existen 15 Estados con el mecanismo de Alerta de Violencia de Género activado[12], y aunque el asunto no deja de ser una cuestión de seguridad pública, se intersecciona con cuestiones de género que no podrán ser resuelta con la única estrategia que se propone: la Guardia Nacional.

Desde hace muchos años que los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas —que dadas las circunstancias deberíamos comenzar a sustituir “victimas” por “sobrevivientes”— han denunciado la violencia que ejercen las autoridades mexicanas. A penas el año pasado la CEDAW reiteró las recomendaciones sobre capacitación, reformas legislativas, creación de políticas públicas y distribución de presupuesto para los programas de atención de las mujeres. El problema es que estas recomendaciones se repiten año con año y también cada que México es declarado responsable internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno que encabeza Andrés Manuel tiene a grandes mujeres al frente como Olga Sánchez Cordero y no parece que tenga la intención de discriminar a las mujeres, no obstante, ninguna buena voluntad sustituye el cumplimiento de las obligaciones legales para combatir la violencia en contra de las mujeres. Mucho menos cuando la situación de violencia parece incrementarse día con día. Se debe asumir el compromiso de proteger y garantizar los derechos de las mujeres más allá de construir un discurso que trasmita esta idea.

Aunque se han tomado medidas, el problema persiste. Si bien es recurrente hacer referencia a los sueños rotos de la 4T en los últimos párrafos de este espacio, la erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas debe ser un fin alcanzable en los próximos años, no una promesa vacía por parte del gobierno ni muchos menos un sueño roto. Sin embargo, como se menciona al principio: “el gobierno se subsume al patriarcado y no a la inversa”, y sin importar los altos presupuestos que se designen a la capacitación de personas dentro de las instituciones públicas, el problema no deja de ser social.

 

[1] ONU Mujeres, La violencia feminicida en México, 2017, https://bit.ly/2maY4pH, p. 18.

[2] Secretaría de Seguridad Pública, Incidencia delictiva contra las mujeres, 2019, https://bit.ly/2Xrbz5A, p. 73.

[3] El patriarcado se sostiene bajo la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización de las mujeres y lo femenino, imponiendo un sistema donde los varones predominan en las posiciones de poder, la toma de decisiones y el control sobre las mujeres.

[4] Cfr. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, artículo 18.

[5] Corte IDH, Gonzales y otras vs. México, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 16 de noviembre de 2009, https://bit.ly/1kho5vc, § 151-208.

[6] Corte IDH, Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. Mexico, sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 28 de noviembre de 2018, https://bit.ly/2SmmgE4, § 272 y ss.

[7] Karen Zraick, “El lugar más peligroso para una mujer es su hogar en The New York en español, 29 de noviembre de 2018, https://nyti.ms/2UfMFoC.

[8] En un juego de palabras construido a partir de mensplaining pero feminizado. El documento se encuentra disponible en https://bit.ly/2DvIVsu.

[9] Tuit de @sembrarlapaz, 31 de mayo de 2018 https://bit.ly/2GrGpUH.

[10] 1. Incorporar a la educación media superior pública a 150 mil jóvenes sin acceso a ella, además de integrar a cinco mil nuevos docentes y otorgar 29 mil pesos anuales como apoyo a cada alumna/2. Incluir en el mercado laboral a 2 millones 300 mil jóvenes que trabajarán como aprendices con becas de tres mil 500 pesos mensuales/3. Impulsar un aumento al salario mínimo que permita a las personas vivir con dignidad/4. promover una estricta aplicación de la justicia, para que se actúe con rapidez y se dé solución inmediata a los casos de acoso y violencia en el ámbito laboral, en contra de las mujeres/5. Crear programas de atención gestionados por mujeres debidamente remuneradas/6. abrir guarderías y estancias infantiles de calidad para que más mujeres se incorporen a la estructura laboral de SEDESOL/7. Lograr una cobertura universal que otorgue gratuitamente los medicamentos y servicios en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada/8. Garantizar la atención especializada a adolescentes embarazadas y mujeres con VIH/9. Crear protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género, sin la revictimización de las autoridades hacia las mujeres, con el objetivo de perseguir los delitos, sobre todo los crímenes de odio/10. Acabar con la impunidad/ 11. Conformación de un gabinete prioritario/12. “Democratizar la base de la sociedad: la familia”.

[11] https://bit.ly/2ZpbKQy.

[12] Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz.

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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