Sueños rotos en la 4T (I)

El neoliberalismo y los megaproyectos

Sin dejar de considerar las coyunturas políticas, la presente opinión parte de una crítica a las acciones del gobierno federal que guardan relación con la situación de los derechos humanos en México. Es decir, lo político no es central —porque diversas autoras y autores se ocupan diariamente de eso— pero tampoco se deja de lado.

Después de cumplirse los primeros cien días de gobierno hay gran diversidad de opiniones. Mientras algunas personas enaltecen las “conquistas” de la 4T, otras personas señalan la tragedia[1]. Comparto aquellas posturas moderadas que no suman a una, ni a otra orientación. En ese sentido, hay que reconocer, en primer lugar, que la 4T se puso en marcha antes de la toma de posesión de López Obrador y que su gobierno de facto comenzó oficialmente cuando fueron ocupados los escaños en la Cámara de Diputados por militantes de su partido y fueron presentadas las iniciativas clave para el andamiaje jurídico necesario del nuevo gobierno[2]; la toma de posesión fue un acto protocolario y simbólico, pero Andrés Manuel ya se encontraba gobernando antes el primero de diciembre, prueba de ello fueron las consultas que puso en marcha.

Para mayor claridad se construye este balance a partir categorías, haciendo una comparación entre las promesas de campaña[3] y las promesas de presidente electo[4]frente a las acciones que han sido realizadas y no cumplieron las expectativas que se esperaban. La primera parte de este análisis se centra en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Durante la clausura del foro nacional “Planeando juntos la transformación de México” para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025, el Presidente declaró desde el Palacio Nacional el “fin de la política de gobierno neoliberal”[5]. Lo anterior es sumamente importante cuando se tiene entre las 25 acciones prioritarias de gobierno la realización de al menos 4 proyectos de infraestructura que tendrían relación con aquella política neoliberalista que tanto se critica. La clave para entender esto es la narrativa de los derechos de comunidades indígenas en un contexto neoliberal, al respecto Daniel Gatica señala lo siguiente:

“con la imposición y adopción del modelo económico neoliberal por parte de los gobiernos latinoamericanos desde la década de 1980 los territorios indígenas se han convertido en objetivos estratégicos de explotación de recursos naturales de manera global. El territorio indígena como parte integrante de la cosmovisión y cultura indígena frente a la globalización del capitalismo tiende a ser reducido como un sistema de distribución de propiedades comunales, potencialmente productivo para las empresas transnacionales con la impulsión de proyectos y mega proyectos tecno modernos como presas hidroeléctricas, proyectos eco turísticos, carreteas, y centros mineros de explotación a cielo abierto”[6].

Antes de profundizar en el análisis conviene recordar que dentro del Proyecto de Nación de López Obrador partía en sus primeras páginas señalando que el “concepto de desarrollo sostenible pasa obligadamente por el respeto a los pueblos indígenas y por el pleno reconocimiento de sus usos y costumbres, su autonomía, sus territorios y los recursos naturales en ellos ubicados”[7], además de un énfasis en el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés[8]. Adicionalmente, en la justificación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI) 2019-2022 se señala que:

“el proceso de la Cuarta Transformación Nacional, reconoce a los Pueblos Indígenas y Afromexicano como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus formas de organización política, así como su desarrollo económico, social y cultural, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido. Ésta es la razón de ser del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas” (sic).

Paradójicamente, en el balance de los primeros cien días esta reivindicación no se ha materializado. Sin ánimo de demeritar la importancia del PNPI y la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los proyectos de la 4T reconocen a medias los derechos de los pueblos y comunidades, un claro ejemplo son las “consultas populares” que pasan por alto el derecho a la consulta reconocido en la Constitución. Frente a las tres consultas populares que han sido realizadas[9], ningún proceso de consulta previa, libre e informada fue realizado con las comunidades que resultarían afectadas por la realización de los proyectos.

De acuerdo al último informe Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México[10],  existe una necesidad de adoptar medidas para que los pueblos y comunidades indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios. En otras palabras: las consultas populares no sustituyen el derecho de las comunidades a ser consultadas.

Otro atisbo del neoliberalismo y las posibles afectaciones a los derechos humanos es la poca claridad del gobierno al respecto de la fracturación hidráulica (fracking). Pese a las declaraciones del presidente señalando que durante su gobierno no se recurrirá a la fracturación hidráulica, la Secretaria de Energía Rocío Nahle lo ha contradicho públicamente, del mismo modo, existe presupuesto asignado a un proyecto de aceite y gas en lutitas dentro del Presupuesto de Egresos 2019.

Asimismo, otra huella del neoliberalismo vigente son los asesinatos personas defensoras de derechos humanos como Sinar Corso, Estelina López y Samir Flores. Estas personas habían dedicado su vida a la defensa de la tierra y el territorio de sus comunidades, y aunque no existe una responsabilidad directa del gobierno sobre su asesinato, es su deber garantizar que se realicen investigaciones con la debida diligencia para determinar las responsabilidades penales individuales por los asesinatos. Cabe mencionar que, aunque en el marco de la 4T ya no se ha criminalizado a personas defensoras y periodistas, se ha recurrido a la descalificación de su labor crítica.

Finalmente, aunque este gobierno ha dado la ilusión de ser más largo de lo que parece, apenas van 107 días (oficiales) de gestión y nos queda casi todo un sexenio por delante. El gobierno está a tiempo de rectificar sus errores, escuchar a las comunidades y corregir el rumbo de sus decisiones, de lo contrario estaría fallando a la nación pluricultural compuesta por cerca de 112,336,538 habitantes indígenas en México[11].

Twitter: @gallegosm_e

 

[1] Como la campaña de #100DíasDeIneptitud en Twitter.

[2] Reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la transformación de SEDESOL a Secretaría del Bienestar y la creación de la figura de Delegaciones Estatales para el Desarrollo (“super delegados” y la promulgación de la Ley General de Remuneraciones.

[3] Para efectos del presente análisis comprenden aquellas que promesas contenidas en el “Proyecto de Nación”, las promesas en periodo de campañas y las promesas realizadas durante los debates presidenciales.

[4] Es decir, aquellas promesas realizadas antes de la toma de posesión del cargo que fueron documentadas y de las que existe registro todavía.

[5] https://youtu.be/HBWAjG7hF8c.

[6] Gatica Polco, Daniel, “El territorio de los pueblos originarios frente a la lógica del neoliberalismo”, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 1, 2015, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Estado de México, México, pp. 191-197.

[7] Proyecto de Nación 2018-2014, página 10. Disponible aquí.

[8] Ídem, página 325.

[9] La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de octubre de 2018, la Consulta conjunta de diversos proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico de noviembre de 2018 y consulta sobre el Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca.

[10] ONU. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de, Victoria Tauli-Corpuz, A/HRC/39/17/Add.2, 28 de junio de 2018, párr. 104.

[11] Fuente https://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico.

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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