Reflexión sobre la crisis carcelaria en Ecuador

El Ecuador es un país moralista, con un sistema de valores odia y teme lo diferente. Quizás esa sea la razón por la que hubo más consternación por el lamentable asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales a finales de enero, que por la masacre ocurrida tras motines simultáneos en cuatro cárceles del país el 23 de febrero de este año, donde 79 personas privadas de su libertad (PPL), perdieron su vida. En redes sociales se leían comentarios que aplaudían la tragedia, “mejor, así no vuelven a hacer daño cuando salgan”, “el momento en que asaltaron, mataron o violaron, dejaron de ser seres humanos”. También hubo mucho morbo y circularon imágenes muy crudas de las matanzas. Al posicionar esta opinión, lo que la clase media se olvidó – fiel a su costumbre-, es que los fenómenos sociales y políticos tienen un origen más profundo y complejo que el ser “bueno” o “malo”. No se consideraron las razones que llevaron a las personas PPL a cometer infracciones, tampoco si ellas habían recibido un juicio justo. Mucho menos se preguntaron si el sistema carcelario y judicial tendrían algo que ver en la masacre, con cuestiones tan básicas como, ¿cómo entraron las armas a las prisiones? La versión oficial afirma que un nuevo grupo de crimen organizado, ligado a carteles internacionales de narcotráfico mexicanos entró en conflicto con carteles locales, y el resultado fue la matanza. Para el juicio de la clase media, esta lectura cayó como anillo al dedo, ya que es perfectamente compatible con su chauvinismo y clasismo congénitos.

Una célebre frase atribuida a Dostoievski dice que “el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. Por eso, es importante dar un paso más allá en nuestro análisis y preguntar. ¿Qué dice la masacre sobre la sociedad ecuatoriana? No hace falta ser marxista para darse cuenta de que la desigualdad o injusticia social son factores limitan las posibilidades de las personas que cometen delitos. Tampoco es difícil entender que las condiciones dentro de las cárceles como el hacinamiento, los distintos y generalizados niveles de violencia que sufren las PPL durante todo su proceso de reclusión y la desatención de su salud mental fueron factores precipitantes en las matanzas.  Para quienes vivimos en relativa calma, con nuestras necesidades básicas cubiertas y oportunidades de realización personal, es muy fácil asumir que quienes cometen delitos deben estar en prisión, en un proceso de “rehabilitación social”. Sin embargo, no le exigimos al Estado una rehabilitación a nivel estructural, que evite que un sector empobrecido se vea empujado, inequívocamente, al delito y la cárcel.

Vía Chicago Tribune. Columnas de gas lacrimógeno utilizadas para reprimir el motín en la carcel de Turi, en la provincia de Azuay

El Estado burgués como lo conocemos y el neoliberalismo nos han llevado a tener miedo y encerrarnos. Pensamos que la culpa siempre está afuera, en lo diferente, en lo que leemos como amenazador. La clase media rechaza su origen histórico popular, y tiene miedo de perder lo que ha ganado, por eso siempre condena a las clases populares y marginales, que le recuerdan de dónde viene y que puede regresar ahí.  Así, nos hemos alejado de la cuestión por la responsabilidad subjetiva y colectiva. Si estas personas cometieron un crimen, deben asumir las consecuencias. Pero el Estado debe velar por la rehabilitación de las PPL y garantizar sus derechos. Y, principalmente, debe generar mejores condiciones que las que llevaron a donde están hoy.  Este es el momento de tomar una posición, del lado de lo moral o del lado de lo humano.

Psicólogo clínico, incipiente periodista.

Nací en Quito. Soy hijo de un quiteño y una tucumana. El punk siempre fue mi pasión. Creo fielmente en la palabra escrita como continente de la memoria, vehículo del alma y agente de cambio. Escribo sobre música, política y psicología.

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