¿Prisión = justicia?

Frecuentemente, la pena de muerte es un castigo de Estado que resuena como un castigo extranjero, que sucede en países como Estados Unidos. Sin embargo, la pena de muerte apenas fue constitucionalmente prohibida en el año 2005 para México. Por un lado, la Constitución suprimió el derecho de Estado para suprimir la vida en su artículo 14º, así como el artículo 22º prohibió explícitamente la pena de muerte junto con “la mutilación, la infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento y otras penas inusitadas y trascendentes” como medios de castigo. Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación sustituyó la pena de muerte con penas de 30 a 60 años de prisión. De esta manera, la Constitución estableció la cárcel como el instrumento más grande del castigo en el siglo XXI. La prisión, como una institución punitivista, es un resultado de circunstancias históricas que reemplazaron a la pena de muerte como el mayor mecanismo de fuerza –y amenaza– del Estado y, de paso, fortalecieron al Estado como una figura que procura preservar la vida y la integridad de todes. Y así, actualmente, la justicia, como nunca antes, es exigida en nuestro país mediante el encarcelamiento de todas las personas que agreden y rompen con lo personal y lo político. No obstante, ¿las prisiones mexicanas, actualmente, trabajan para erradicar los problemas que aquejan a la gente que la Constitución ampara? ¿Las prisiones mexicanas de verdad hacen su mejor trabajo para erradicar los homicidios, la violencia y el machismo desde su trinchera? En general, ¿el encarcelamiento y las prisiones mexicanas son la mejor manera de castigar de manera justa en nuestro país? Aunque el propósito de este artículo no es ofrecer una respuesta, la impartición de justicia debe transcender las trampas del punitivismo institucional. El Estado mexicano –junto con todos los Estados– tiene que garantizar instituciones que involucren la reinserción social en los encarcelamientos y reconocer que todes les preses son polítiques si utilizarán las prisiones como su mayor mecanismo de fuerza y castigo.

El libro 13 Ways of Looking at the Death Penalty, de Mario Marazziti[1], incluyó una línea del tiempo del desarrollo de la pena de muerte a lo largo de la historia. El libro comenzó con establecer que la pena de muerte fue un mecanismo de castigo utilizado tan pronto como en el siglo VI. En el Éxodo, les babilonies escribieron el famoso “ojo por ojo, diente por diente; mano por mano, pie por pie”[2] para expresar que toda la violencia ejercida, en esa civilización, iba a ser recíproca y retribuida. Asimismo, civilizaciones antiguas –como les romanes, egipcies y grieges– utilizaban a la pena de muerte como un recurso para perseguir delitos en contra de una moral delimitada (como la sodomía, la brujería, etc…). No fue sino hasta el siglo XVIII (¡más de 20 siglos después!) que César Beccaria condenó la pena de muerte en Los delitos y las penas desde un raciocinio de legitimidad, con el argumento de que las personas no iban a obedecer a un Estado que les ordenara no matar si éste utilizaba la pena de muerte como mecanismo principal de castigo. Y, a partir de Beccaria y los horrores de la Revolución Francesa, los países empezaron gradualmente a prohibir la pena de muerte como castigo alrededor del mundo durante los siguientes tres siglos, empezando por Francia y Venezuela hasta países europeos, africanos y (parcialmente) Estados Unidos.

La prisión reestructurada, con orígenes panópticos benthamianos, se volvió una alternativa popular de castigo para continuar con la dicotomía de dolor y placer como parte de la naturaleza y modo de vida de les ciudadanes de un Estado. Por lo tanto, actualmente, casi todas las partes del mundo castigan crímenes graves con penas carcelarias. La activista Angela Y. Davis incluso ha atribuido el sistema carcelario como un factor histórico que fomentó el racismo y el colonialismo después de la abolición de la esclavitud. Davis explicó, en su libro Are Prisons Obsolete?, que las prisiones no han sido comúnmente asociadas con la segregación racial posesclavista. Sin embargo, también señaló que las prisiones han servido para fortalecer el trabajo no renumerado –mediante el servicio comunitario hacia grandes empresas– en reemplazo del modelo económico que regía la esclavitud y, asimismo, han perpetuado el encarcelamiento masivo como parte de un estigma racial vigente en Estados Unidos. Por ejemplo, Davis afirmó que los arrestos contra personas de ascendencia musulmana, surasiática o árabe aumentaron drásticamente después de los ataques del 11 de septiembre. Asimismo, el Estados Unidos segregador desarrolló y codificó castigos, como el whipping (latigar) o la sobreexplotación laboral, principalmente para les preses negres. Davis apuntó estos datos como ejemplos que revelan algo importante sobre el sistema penitenciario: que no siempre castiga con la justicia en mente. Las prisiones, históricamente, también utilizan la violencia brutal para ejercer su poder de castigo, se guían por estigmas raciales para castigar y, por tanto, pueden involucrar a gente inocente en sus castigos. Asimismo, las prisiones no siempre consideran la rehabilitación y reinserción social del prese. Históricamente, no están diseñadas para ello.

En México, ¿hasta qué punto las prisiones reflejan condiciones violentas y estigmas de raza o clase? En octubre de 2020, incluso con la pandemia, la población presa en México  ha aumentado; más de 214 mil personas están encarceladas en México. De elles, el 26% estaba encarcelado por “delitos del fuero federal (principalmente, tráfico de drogas)” en 2007 y, aún más, en 2007, un brutal 92% de les sentenciades habían sido detenidos en flagrancia. Principalmente, les preses enfrentan problemas de hacinamiento, falta de acceso a productos básicos, como “ropa, cobijas y zapatos”, difícil acceso a contactar a sus seres querides y poca probabilidad de tener un juicio eficiente. Y, en México, la raza y la etnia también influyen en el trato que un prese puede recibir en la cárcel. Por ejemplo, según la CNDH, el 80% de las personas indígenas no reciben un debido proceso constitucional. Estas dificultades institucionales impiden que las cárceles en México trabajen en reinsertar a les preses a la sociedad, o en trabajar para que les preses tengan acceso a servicios psicológicos o a tutorías que les permitan trabajar en las conductas por las cuales fueran procesades. México instituye a sus prisiones como una herencia histórica, con cargas colonialistas, racistas y punitivistas, que resaltan la fuerza violenta del Estado, estigmas raciales, y el castigo brutal de delitos tipificados, más allá del objetivo aparente de impartir justicia. Sí, el Estado debe evitar y preservar la vida y derechos de las personas que gobierna. Sin embargo, para lograrlo, el Estado debe basar su misión de justicia en más que fuerza y punitivismo. Aunque es un análisis complejo, el Estado debe reconocer los trasfondos históricos y violentos de la prisión como institución y trabajar en los simbolismos implícitos de la violencia ejercida sobre todes les preses.

 


[1] Mario Marazzati. “Timeline: From Death to Life”. En 13 Ways of Looking at the Death Penalty (Estados Unidos: Seven Stories Press, consultado el 17 de marzo de 2021), documento PDF, 69-98.

[2] Ibídem, trad. propia.

Él/He

Tengo 21 años y estudio Derecho en el CIDE. No escribo porque sepa algo en específico; lo escribo porque me interesa mucho saberlo. Mis intereses principales son de sociedad y música, pero intento aprender todos los días de todo lo demás.

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