POV: Voto útil LGBTQ+ en Yucatán

Por César Briceño (Twitter: @CesarBriceC )

En Yucatán a nadie sorprendió que el pasado 17 de mayo y por tercer año consecutivo el Gobierno del Estado y su titular Mauricio Vila Dosal no dieran mensaje alguno ni hicieran alusión al Día Internacional Contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Esta fecha – que fue declarada día nacional en México en 2019 – existe para denunciar y hacer visibles la violencia y discriminación de la que son objeto las personas por su orientación sexual e identidad de género. La administración de Vila Dosal siempre se ha caracterizado por invisibilizar a la comunidad LGBTQ+, en tres años de su gobierno no hay registro de mención o reconocimiento -ni de manera oficial ni en sus redes sociales- de las personas de las diversidad sexual y mucho menos de nuestros derechos, es un hecho que la comunidad LGBTQ+ no ha merecido ni un solo minuto de su atención en toda su administración. Yucatán es ,actualmente, el Estado mexicano que menos avances ha tenido en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y es sin duda el que mayor resistencia y retrocesos ha encontrado – por parte del actual gobierno y el Congreso Estatal- a reconocer nuestros derechos y visibilizarnos como una minoría vulnerable, cuando se normaliza que una minoría vulnerable sea invisibilizada desde el gobierno y sus instituciones, como sucede con la comunidad LGBTQ+ en Yucatán, lo que se está normalizado es la violencia institucional, en este caso la lgtbfobia institucional y esta pareciera tener sus orígenes en la cabeza del ejecutivo estatal Mauricio Vila Dosal.

Desde el 2018, Mauricio Vila dejó muy clara su postura frente a los derechos de la comunidad LGBTQ+ pues después de firmar en campaña la agenda del grupo antiderechos “Frente Nacional por la Familia” su administración se ha caracterizado por invisibilizar por completo a la comunidad LGBTQ+ y por usar su influencia sobre el Congreso para frenar el reconocimiento de los derechos de nuestra comunidad en Yucatán, este fue el caso del matrimonio igualitario al que se le negó el reconocimiento de manera ilegal y secreta dos veces en 2019, también ha mantenido inoperantes y sin sesionar al Centro y al Consejo para Prevenir la Discriminación del Estado de Yucatán, que fue fruto del esfuerzo de muchos activistas durante la administración pasada. Estas y otras acciones y muchas otras inacciones en su gobierno se han convertido en verdaderos obstáculos para combatir y erradicar la LGBTfobia en el estado, pues cuando la violencia es institucional y viene directamente del Congreso y del Gobierno del Estado, el odio se filtra a las demás esferas de la sociedad y en cierto modo da licencia para que los partidos, las iglesias, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en general ejerzan otras formas de violencia contra la comunidad LGBTQ+.

Tal vez el problema radique en que a los políticos y servidores públicos en Yucatán no les ha dado tiempo de entender que el movimiento de derechos humanos LGBTQ+ no es una afrenta personal contra ellos o contra sus partidos, es una exigencia legítima de visibilidad, respeto, protección y reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTQ+. Parece ser que no lo entendieran, porque cuando alguien es vocal en estos temas en Yucatán simplemente se le ignora y se le invisibiliza – como ha hecho el gobernador Mauricio Vila- o se le descalifica como cuando el presidente del Congreso y Coordinador de la bancada del PRI, Felipe Cervera, descalificó el movimiento por el reconocimiento del matrimonio igualitario de ser solo del interés de “cuatro personas” que lo utilizaban para “cobrar facturas políticas”. Siempre se han excusado de su lgbtfobia acusándonos de estar detrás de movimientos políticos o tener intereses ocultos cuando lo único que queremos es el reconocimiento de nuestra dignidad como personas y de nuestros derechos humanos.

Este comportamiento está muy generalizado en la clase política yucateca es algo con lo que nos encontramos una y otra vez, la mayoría de los políticos yucatecos tiene un desconocimiento total de los temas LGBTQ+ y ni siquiera estoy hablando de lo que significa realmente ser personas LGBTQ+: nuestras necesidades más básicas y las violencias que nos atraviesan toda nuestra vida, hablo de lo que deberían saber como gobernantes y legisladores, los fundamentos constitucionales para el reconocimiento de nuestros derechos humanos, las jurisprudencias, los tratados internacionales, la no discriminación o el principio pro persona. Esto porque por décadas todo lo que saben sobre nosotros y sobre la lucha por nuestros derechos es lo que les han venido a decir al oído los grupos de odio, los grupos antiderechos y las iglesias. Al final es el viejo cuento de temerle a lo que no conocen y como nadie se los explica – y tampoco están dispuestos a escuchar – se hace un círculo vicioso de odio y miedo hacia la comunidad y a todo lo que huela a LGBTQ+. Es un miedo real pero irracional, simplemente porque está fundado en un total desconocimiento y desinformación de lo que somos las personas LGBTQ+ y de nuestra agenda, nuestra agenda es simple: queremos igualdad.

Es una realidad que a los políticos y a los partidos “tradicionales” en Yucatán, el tema del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ ya les rebasó, creen tener el dedo en el pulso de la sociedad yucateca y aún no se han dado cuenta que la percepción de los yucatecos sobre nosotros y sobre nuestros derechos como personas LGBTQ+ ya esta muchísimo mas adelantada de lo que ellos creen. Desde el 2017  la CONAPRED reportó que hasta un 63.2% de los yucatecos apoyan el matrimonio igualitario y en Mérida, según estudios estadísticos de Segmentos Research de 2018, el porcentaje llega al 89% donde 9 de cada 10 jóvenes mayores de 18 años está a favor al igual que 6 de cada 10 adultos mayores. Lo alarmante de estos números es que apuntan a que la resistencia que existe desde el Gobierno de Yucatán y en el Congreso a reconocer y visibilizar a la comunidad LGBTQ+ y sus derechos no responde a una simple estrategia de popularidad y cálculo político, responde a una clara y marcada agenda antilgbt, que dado el evidente e indiscutible control que el ejecutivo mantiene sobre el legislativo estatal, apunta a que en Yucatán el principal obstáculo para el reconocimiento de los derechos LGBTQ+ es la omnipotencia del Gobierno del Estado sobre el Congreso de Yucatán y la cercanía de Mauricio Vila a grupos de odio como el Frente Nacional por la Familia.

Dado el actual contexto, la elección del 6 de junio es de gran importancia para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Yucatán, pues la actual legislatura le está dejando a los diputados y diputadas entrantes tres proyectos que han mantenido en la congeladora durante su encargo: la ley de identidad de género (2018);  las reformas para homologar el código de familia y la constitución yucateca para reconocer el matrimonio igualitario (2019) y la muy reciente ley que prohibiría y castigaría las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (2021). Según las proyecciones, todo apunta a que después de las elecciones del 6 de junio el PAN,  partido del Gobernador, será la bancada mayoritaria en el Congreso, MORENA será la segunda fuerza y el PRI caerá a un tercer lugar. Esto es realmente preocupante, pues significa que el Gobernador Mauricio Vila podría reafirmar el poder e influencia, que con las bancadas de PRI y PAN, mantuvo sobre el Congreso de Yucatán durante los primeros tres años de su administración y tendría el poder de mantener estancadas en la congeladora legislativa las iniciativas de reconocimiento y protección de derechos LGBTQ+ en Yucatán por los próximos tres años. No es ningún secreto que durante su gobierno se ha desdibujado la línea que dividía el PRI del PAN en Yucatán, así mismo los candidatos de estos partidos han evitado posicionarse oficialmente sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+ y no han querido recibir ni firmar la agenda LGBTQ+ del estado. Como comunidad, debemos asumir que los candidatos que no tienen una postura clara y vocal a favor de los DDHH de las personas LGBTQ+ es porque están en contra de la igualdad de derechos. Dado este escenario es claro que el “voto útil” para poder tener algún avance en el reconocimiento de los derechos LGBTQ+ en los próximos tres años es un voto en contra del control de Mauricio Vila sobre el Congreso del Estado y dada su omnipresencia actual, esto nos deja opciones reales muy limitadas entre los partidos que sí se comprometieron con la agenda LGBTQ+ en Yucatán.

Movimiento Ciudadano es un partido que ha apoyado el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la mayoría de los estados de la república y a nivel federal, desgraciadamente en Yucatán esto dejó de ser cierto cuando las diputadas Milagros Romero y Silvia López -dignas e indiscutibles defensoras de los derechos LGBTQ- se vieron obligadas a dejar el partido que lideraron por siete años tras la repentina imposición de Ivonne Ortega por la dirigencia nacional que entregó el control total del partido en Yucatán a la controversial ex-gobernadora. No hay que olvidar que aunque Ortega Pacheco se vendió en su campaña para la gubernatura como una candidata aliada es – hasta la fecha – la persona que más daño le ha hecho a la comunidad LGBTQ+ en Yucatán, pues durante su gobierno se convirtió en la única gobernadora en la historia de Yucatán que ha apoyado y promulgado una enmienda a la constitución estatal hecha expresamente para impedir el reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTQ+, la única razón por la que la lucha por el matrimonio igualitario existe en Yucatán es por los candados que se pusieron para impedirlo durante su gobierno.

A pesar de haber firmado la agenda LGBTQ+ estatal, otra razón para desconfiar del verdadero compromiso de Movimiento Ciudadano Yucatán con la comunidad LGBTQ+ es el reclutamiento de la nueva dirigencia estatal de personajes ligados a grupos antiderechos, como es el muy reciente nombramiento del ex-director del la CODHEY Jorge Victoria Maldonado como Director de DDHH e Inclusión Social del partido en Yucatán, pues en 2009 el entonces ombudsman se negó a intervenir para frenar la implementación de los candados al matrimonio igualitario en Yucatán por estar ligado a grupos antiderechos y también se ha documentado su participación en marchas del Frente Nacional por la Familia. Hay que aclarar que Movimiento Ciudadano a lo mucho obtendrá un lugar plurinominal en el congreso estatal – o sea que difícilmente podrá al igual que otros partidos convertirse en una verdadera oposición por sí solo –  y otro federal, por lo que un voto por Movimiento Ciudadano es un voto por la candidatura plurinominal de Ivonne Ortega que está muy lejos de demostrar ser una verdadera aliada de la comunidad. Lo anterior nos deja una sola opción aún viable para un contra peso a la lgbtfobia que podría retrasar tres años más el reconocimiento de nuestros derechos en el Congreso de Yucatán: MORENA.

Creo que todos tenemos aún un muy mal sabor de boca por la manera en que tres de los cuatro legisladores actuales de MORENA en el Congreso del Estado se unieron a las bancadas del PRI y del PAN para votar -dos veces- de manera ilegal y secreta contra el matrimonio igualitario en 2019 y esto no debemos de olvidarlo nunca, sin embargo quiero creer que las condiciones de la próxima legislatura serán muy diferentes a las de la actual. En primera todos los candidatos de MORENA recibieron y firmaron la agenda LGBTQ+ del estado y se comprometieron públicamente con el reconocimiento y defensa de nuestros derechos, obviamente no hay que ser ingenuos, todos sabemos que la palabra de un político en campaña vale muy poco, pero si le sumamos la segunda circunstancia que cambiará en la próxima legislatura su palabra podría tener más peso: MORENA ya no será una bancada de solamente cuatro legisladores, ahora podría tener el poder de verdaderamente inclinar la balanza en el Congreso, pues si MORENA – como está pronosticado – logra consolidarse como segunda fuerza política en el Congreso del Estado lo más probable es que con su nuevo poder busque desmarcarse de la administración de Mauricio Vila convirtiéndose en una verdadera oposición al gobierno estatal en vía de preparar el camino para las elecciones de 2024. Definitivamente es un voto de confianza muy grande para un partido que ha decepcionado a la comunidad LGBTQ+ yucateca en los últimos tres años, pero es la única manera que encuentro de usar el voto para restarle poder al Gobernador sobre el Congreso de Yucatán y así tener al menos una posibilidad de poder avanzar el reconocimiento de los derechos LGBTQ+ durante sus últimos tres años de gobierno.

Al final, sea cual sea el sentido de nuestro voto, como comunidad LGBTQ+ debemos tener en cuenta que gran parte de la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos ya no se está llevando a cabo a nivel federal, sino que se está llevando a cabo en los congresos locales, esto ya lo entendieron los grupos antiderechos que desde hace más de una década empezaron con la imposición de candados en las legislaturas estatales para impedir su avance y reconocimiento. Si queremos eliminar estos candados y avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos es necesario que votemos por los candidatos que realmente están comprometidos con nuestros derechos y que lo hayan externado abierta y vocalmente,  porque los verdaderos aliados lo dicen clara y públicamente, no lo hacen en secreto o ambiguamente. Ya no nos sirven los “aliados de closet” nuestros derechos no pueden estar sujetos a tiempos y cálculos políticos, es hora que sean reconocidos, defendidos y garantizados por las personas que pretenden representarnos.

¡Lee a las invitadas e invitados de YucaPost!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *