Yucatán: ¿estado seguro?

Hace unas semanas, Wilbert Cetina Arjona (ahora ex Fiscal General de Yucatán), presentó su renuncia en el marco de una serie de escándalos. Esto no fue poca cosa, sobre todo porque más allá de simples rumores, el equipo de Central 9 de Grupo Megamedia publicó audios que ayudarían a fortalecer las hipótesis sobre actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, y aunque pareciera que en el estado se ha dado vuelta a la página porque el Congreso Local ya está en proceso de elegir a la persona que lo sustituya, los audios filtrados son reveladores. De la voz del fiscal se puede escuchar: “No respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!“.

Lo anterior no solo es relevante porque Cetina se está refiriendo al Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, también lo es porque reconoce tácitamente el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y autorización de la Fiscalía para realizar violaciones a derechos humanos. Aunque fue poco discutido, no se debe dejar de lado su gravedad, sobre todo porque casi a diario se reitera en el discurso oficial que Yucatán es el “estado más seguro” y uno de los “mejores lugares para vivir”.

Yucatán: ¿estado seguro?
Imagen vía Gobierno del Estado de Yucatán

Vale la pena cuestionarse y reflexionar: ¿Yucatán es un estado seguro o esta seguridad de la que tanto se habla es una mentira? O quizás ¿Será que esta seguridad solamente es para unas pocas personas y no para toda la población?

El año pasado, Elementa (organización de la sociedad civil) presentó un informe sobre violaciones a derechos humanos en Yucatán. En dicho informe se dedica una parte importante a complejizar esta discusión sobre “seguridad” y en resumen se puede decir que más allá de tener una comprensión integral del tema, las administraciones pasadas y la presente, se han dedicado a alimentar una narrativa que comunica que “la policía nos protege”, lo cual es un problema que ha derivado en al menos tres cosas: tortura, detenciones arbitrarias e impunidad ¿Por qué? Porque existen lógicas institucionales como las que reveló el audio de Cetina. 

Yucatán: ¿estado seguro?
Ilustración vía @cartonysta

Parece ser que en Yucatán las policías (municipales y estatal) tienen carta abierta para mantener la percepción de seguridad. Apenas hace unos días policías municipales de Chicxulub detuvieron de forma arbitraria y colgaron a una persona de un árbol para golpearla brutalmente; por otro lado, un dictamen pericial confirmó que la persona que murió en custodia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública a principios de noviembre fue estrangulada mecánicamente y recibió varios golpes. Estos casos no son aislados. Como muestra, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY) vía solicitud de acceso a la información confirmó que en 82 casos (entre el 28 de febrero y el 31 de agosto de 2020) hubo tortura, detenciones arbitrarias, lesiones o algún otro tipo de violencia ejercida por agentes de la policía estatal y policías municipales.

Casos como estos vienen sucediendo desde hace varios años. Sin dejar de reconocer que existe un subregistro de casos porque la tortura usualmente no se nombra como tal y se emplean otros eufemismos, la CODHEY ha venido documentando casos con el mismo modus operandi desde 2007, y lo peor del caso es que las autoridades responsables no aceptan las recomendaciones, las incumplen o cumplen insatisfactoriamente. A esta serie de fallas institucionales se suma que en el año de creación de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado, en tan solo 9 meses se generaron 222 actas de investigación por tortura contra agentes estatales ¿Y en cuántas hubo sanciones? Es difícil saberlo porque no hay datos públicos que puedan consultarse ya que las autoridades tienden a borrar hasta del discurso oficial que en Yucatán torturan.

 Mientras el gobernador presume en Twitter que el estado obtuvo la calificación más alta de todo el país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 que elabora World Justice Project, omite deliberadamente mencionar que en el mismo informe se señala que en temas de derechos humanos y justicia penal eficaz Yucatán apenas alcanza la calificación mínima aprobatoria, asimismo en temas de discriminación somos de los estados peor evaluados.

Quizá estas cifras sean muy incómodas para la administración, pero son ciertas. Aunque las ignoren porque no apoyan la narrativa de “estado seguro” y “estado de paz” y eso no va con la imagen que se vende a turistas e inversionistas, para muchas personas esto tiene todo el sentido del mundo ¿Dónde más podría pasar que en una cumbre de premios Nobel de la Paz policías acosen a una activista? ¿De qué otra manera se puede entender que está permitido arrojar gas lacrimógeno a quienes ejercen su derecho a protestar? ¿Dónde más la policía puede detener arbitrariamente a mujeres jóvenes que exigen la garantía de sus derechos y además sembrarles palos para acusarlas de vandalismo? ¿Dónde más las personas “mueren repentinamente” dentro de las patrullas? Desde luego que en Yucatán. 

No importa cuántos millones se invierta en adquirir patrullas y helicópteros, no importa cuantas cámaras de vigilancia se instalen, ni cuántos arcos carreteros se establezcan, tampoco cuántas armas y equipo se entregue en pomposas ceremonias a los agentes de la policía, ni tampoco cuantos C5is se construyan, porque al final todo eso podrá ser utilizado para atentar contra la integridad y vida de muchas y muchos en Yucatán… y esa constante realidad, para nada caracteriza a un estado seguro

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *