Tierra Nuestra I: El tercer país no seguro

En los últimos días, medios de comunicación han dado seguimiento a las negociaciones y al acuerdo entre México y Estados Unidos. Uno de los temas que ha resonado es la posible consideración de México como un “tercer país seguro”.

A raíz es de esto, han surgido diversos debates entorno a si México debería o no firmar el acuerdo y constituirse legalmente como “tercer país seguro”, pareciendo que el principal punto es el económico.

Previo al presente análisis de la situación de México como “tercer país seguro”, es importante precisar, que el termino de “tercer país seguro” es un concepto parte de Derecho Internacional de los Refugiados, cuya definición ha sido establecida por el ACNUR[1] debido a la especialidad del régimen de protección bajo la CER[2] y consolidada por los sistemas regionales de protección a DDHH.

Tomando en consideración lo anterior, y entrando a análisis, hay dos aspectos importantes a tomar en consideración:

Primero: Se podría decir que México ha estado funcionando como un “tercer país seguro” de facto desde enero, y;

Segundo: Considerar a México como un tercer país seguro podría constituir el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Respecto al primer punto, desde diciembre del año pasado México aceptó la implementación del programa Migrant Protection Protocols (MPP), mejor conocido como Remain in Mexico (Quédate en México). Este programa ha consistido en el traslado a México de personas que solicitan la protección internacional en Estados Unidos, para que en México esperen la resolución de su solicitud por parte de los tribunales. Otra modalidad es que las personas solicitantes han tenido que realizar la solicitud en la frontera México – Estados Unidos, permaneciendo en México durante el proceso.

Esto es conflictivo por muchas razones, para este artículo solo mencionaré dos; primero, esto afecta su derecho al acceso a la justicia, ya que es obligación del Estado al que se le solicita la protección (EE. UU.) brindar asistencia letrada, así como tomar acciones para garantizar un procedimiento justo. Esto incluye que las personas puedan de facto acceder y desempeñarse en el mismo, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes[3].

Rebeca Sánchez-Roig, quien durante 15 años se desempeñó como fiscal de inmigración del Departamento de Justicia, ha referido que “es posible que no tengan la posibilidad de una entrevista de temor creíble y, además, no podrán presentar sus casos ante la unidad de asilo. Terminarán directamente en el tribunal y eso hace que el caso sea mucho más difícil. No tendrán posibilidad de apelar los casos denegados, pues sin dinero para un abogado de apelaciones eso no es posible[4].”

Por otro lado, la tardanza de los procesos, la falta de asistencia legal, así como la inseguridad en la frontera podrían tener como consecuencia el desistimiento de las personas a su procedimiento, ya sea forzándolas a regresar a su país, lo que constituiría una deportación de facto, o a intentar ingresar a los Estados Unidos por vías irregulares ya sea por cuenta propia o a través de polleros.

Referente al segundo punto, si México es considerado como “tercer país seguro”, podría constituirse un incumplimiento de las obligaciones internacionales de ambos países, tanto por sus obligaciones específicas (México como tercer país, y EE. UU. como segundo país), como las compartidas.

Se entiende como tercer país seguro aquel donde una persona podría tener o encontrar protección internacional[5]. En el derecho internacional se contempla la posibilidad de la realización de traslados de personas solicitantes a un tercer país seguro, esto mediante acuerdo bilateral o multilateral, el cual debe establecer las garantías mínimas establecidas por los estándares internacionales, y atendiendo a cada caso individual[6].

Cuando un Estado realice un traslado debe asegurarse que ese tercer país: readmita a la persona[7], otorgue a la persona un procedimiento de asilo justo y completo y que, de ser necesario, tendrá acceso a protección[8], se permita su permanencia mientras se realiza la determinación, y otorgar a la persona estándares de tratamiento acorde con la CER y con las normas internacionales de DDHH, incluyendo, pero no limitados, a la protección contra la devolución[9].

El no establecer estas garantías en un acuerdo bilateral previo al traslado, constituye un incumplimiento al deber de prevención respecto al principio de no devolución[10], piedra angular del derecho a buscar y solicitar asilo.

Además, se puede incurrir en una violación a este mismo principio al considerar que México no cumple con las características para considerarse un tercer país seguro, principalmente, por la situación de violencia que viven las personas migrantes en este país, así como el alto índice de impunidad.

El TEDH en el caso Hirsi Jamaa y otros vs. Italia, determinó la violación a los derechos de las personas solicitantes de asilo por haber sido trasladadas de Italia a Libia, ya que, además de no cumplir con los estándares anteriormente mencionados, ignorar el contexto de Libia y no considerar el riesgo que corrían las personas somalíes en ese territorio, violó el principio de no devolución.

Teniendo este ejemplo en mente y mirando hacia México, recordemos la masacre de San Fernando, en la cual fueron ejecutadas 72 personas migrantes. Además, las numerosas fosas clandestinas en donde se han encontrado los cuerpos de personas migrantes y el alto índice de desaparición de personas migrantes[11]. Sin dejar de lado (ya que se abordará en próxima entrega) el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, medida que puede constituir una criminalización de la migración.

Bajo este contexto, México no debería considerarse como “tercer país seguro”, porque no es seguro ser migrante en México. Estas dos situaciones han despertado la preocupación de diversas organizaciones de todas las Américas, como el Center of Justice and Internacional Law (CEJIL), Amnistía internacional, entre otras, quienes emitieron un comunicado en conjunto para denunciar estos posibles acuerdos migratorios[12].

Los próximos días son cruciales, pero no solo para las relaciones internacionales México – Estados Unidos, son cruciales para ver la posición del Estado Mexicano frente al cumplimiento de sus obligaciones como país en un contexto de movilidad humana.

 

[1] Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados. Organismo encargado de la protección de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y otras de interés, en relación a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

[2] CoIDH. Opinión Consultiva 25. Párr. 97.

[3] CoIDH. Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, así como en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago.

[4] Declaración rescatada de: https://www.univision.com/noticias/inmigracion/estas-son-las-duras-consecuencias-del-nuevo-acuerdo-entre-eeuu-y-mexico-para-los-migrantes-que-piden-asilo-en-la-frontera

[5] ACNUR. Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros. Abril 2018. Párr. 4.

[6] CoIDH. Opinión consultiva 25

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Shiraz Baig Mirza vs. Hungría

[7] ACNUR. Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros. Abril 2018. Párr. 4.

[8] ACNUR: Observación del ACNUR a la Propuesta de la Comisión Europea sobre la Directiva relativa a los procedimientos y garantías/estándares comunes en los Estados miembros, para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio. COM (2005) 391 final. Artículo 2 (1).

[9] ACNUR. El concepto de “Protección Efectiva” en el contexto de los movimientos secundarios de los refugiados y solicitantes de asilo. Párr. 3(vi).

[10] ACNUR. Opinión consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

TEDH. Hirsi Jamaa y otros vs. Italia.

[11] CIDH. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México y Movilidad Humana: Estándares interamericanos

[12] https://www.alianzaamericas.org/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdos-de-tercer-país-seguro-ponen-riesgo-vida-e-integridad-de-personas-migrantes.pdf

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Estudiante de décimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro del Colectivo Más Derechos Humanos y de Amnistía Internacional Yucatán.

Escribo de temas de interés social con perspectiva de derechos humanos.

"Cada quien necesita viajar a su propio tiempo por su propia distancia".

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