Sueños rotos en la 4T (II)

La justicia transicional

Desde abril del año pasado, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador prometió una estrategia de paz para el país[1] y aquella promesa adquirió su primera forma en los Foros de Escucha para la “Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional”[2]. En estos foros se planeaba construir una propuesta colectiva[3] para superar los episodios de inseguridad, violencia e impunidad a los que se ha enfrentado la sociedad mexicana, hecho que trajo consigo bastante aceptación entre la sociedad civil, las víctimas y la ciudadanía porque proponía una alternativa a las acciones tomadas por el sexenio que culminaba.

En este proceso se buscaba generar una propuesta para el gobierno que encabezaría López Obrador bajo las bases de la construcción de la paz, la reconciliación nacional, la seguridad humana y justicia transicional. La promesa de colocar a las victimas en el centro y tomar acciones especificas para atender la violencia que enfrentaban las mujeres, la infancia, las personas jóvenes, las personas migrantes, las personas privadas de la libertad, periodistas, personas de y demás grupos en situación de vulnerabilidad, no era poca cosa, mucho menos viniendo de un presidente electo: era una promesa de esperanza.  No obstante, al final el equipo designado para coordinar los espacios tuvo que cancelar eventos programados y se hizo la presentación de un documento final, pero ¿qué pasó con la justicia transicional?

En esta segunda entrega de Sueños rotos de la 4T comparto algunas reflexiones acerca de las promesas de un proceso transicional para superar las violencias que azotan al país, enmarcadas en la impunidad y la ausencia del Estado para atender a las víctimas. Desde luego que este ejercicio no pretende ser un documento final, sino un aporte a otros ejercicios previos que coinciden en que nuestro país presente un escenario sumamente complejo que debe ser atendido desde la seriedad y la oportunidad que suponen los procesos complementarios de justicia transicional.

Como punto de partida, cuando se habla de justicia transicional se engloba una serie de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. Busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional y sus cuatro pilares son: verdad, justicia, reparación y no repetición[4].

Es un hecho que desde la segunda mitad del siglo XX nuestro país ha atravesado una serie de episodios de violencia que no han sido atendidas de forma integral, por ejemplo, las personas que participaron en movimientos rurales y urbanos que surgieron en el país durante este periodo fueron víctimas de detenciones y allanamientos sin orden judicial, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y otras prácticas violatorias de derechos humanos[5]. En contextos mas modernos, desde la “guerra contra el narcotráfico” ha ido en aumento el número de ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas y casos de tortura, tan solo a finales del sexenio anterior se registraron cerca de 40 mil personas desaparecidas[6].

Cuando se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024[7] fue sumamente positivo el replanteamiento de la política de drogas para reducir la delincuencia vinculada al tráfico de estupefacientes, las amnistías para ciertos delitos y penas reducidas para personas desmovilizadas de los grupos delictivos. Este respiro suponía un cambio a las lógicas enfrentamientos armados entre fuerzas federales y personas asociadas a organizaciones criminales, y aunque se incluía también a la Guardia Nacional, se hacía hincapié en la priorización de estrategias de prevención de la delincuencia.

Sin embargo, luego de los debates en torno a la aprobación de la Guardia Nacional, son pocas las acciones sustanciales para atender el contexto generalizado de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el país, principalmente cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos. Si bien se están tomando acciones concretas para atender algunos casos, la negativa del presidente de reconocer el contexto generalizado violencia, puede tener un costo alto a futuro. Por muy positivas que sean las acciones de gobierno, sino forman parte de una serie de medidas complementarias y una política nacional de verdad, justicia y reparación, difícilmente saldremos del contexto de violencia, sobre todo por la puesta en marcha poco clara y transparente de la Guardia.

Es claro que existe un patrón en las violaciones a los derechos humanos. A mayor presencia militar en alguna zona, más frecuentes son las violaciones, como sucede en el caso de Guerrero; de igual forma los grupos más susceptibles a convertirse en victimas dentro de este contexto mujeres, líderes sociales o defensores del ambiente y el territorio. Para dar fin a este problema estructural de violencia es sumamente importante que se adopten medidas integrales y se reconozcan el papel de las víctimas para elaborar un programa nacional de reparaciones.

 

Fuentes consultadas:

[1] Acto de campaña en Cuautitlán del 13 de abril de 2018: https://youtu.be/8EwSzx7nGE0

[2] Sitio Oficial: https://www.consultareconciliacionnacional.org

[3] De acuerdo con el anuncio[3] 17 foros se realizarían del 7 de agosto al 24 de octubre del 2018 en distintas ciudades del país con la finalidad de ser una plataforma de participación entre víctimas, sociedad civil, academia y gobierno para discutir cuestiones relativas a la política de drogas, delitos de odio, delitos contra periodistas, delitos sexuales, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, extorsión, feminicidios, homicidios, marginalización, portación de armas, secuestro, tortura, trata de personas, tráfico de personas migrantes y otros temas; habría 11 espacios de escucha para personas en privadas de la libertad en centros de reclusión, 9 espacios de escucha para personas migrantes y 4 espacios de escucha para comunidades indígenas, así como la recepción de propuestas a través de los canales de comunicación de la plataforma.

[4] CIDE-CNDH, Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en México, 2018, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2OEWtpD.

[5] Sierra, Jorge Luis, “Fuerzas Armadas y contrainsurgencia” en Oikión Solano, Verónica y García Ugarte, Marta Eugenia (eds.), Movimientos armados en México: siglo XX, Zamora, Colegio de Michoacán, 2006, vol. II, p. 362; Neri Guajardo, Elia Patricia, “México” en Ambos, Kai y Malarino, Ezequiel, Justicia de transición, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 325; Mendoza García, Jorge, “Memoria de las desapariciones durante la guerra sucia en México”, Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, vol. 15, núm. 3, 2015, https://bit.ly/2CEUZsi, p. 90; Kuri Pineda, Edith, “El Museo Casa de la Memoria Indómita. Condiciones de producción y recepción de un espacio de memoria dedicado a la guerra sucia en México”, Sociológica. Revista del Departamento de Sociología, UAM-Unidad Azcapotzalco, núm. 33, 2018, pp. 184 y 185.

[6] https://www.animalpolitico.com/2019/01/40-mil-desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/.

[7] https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf

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Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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