Rosa el color de la impunidad

México es ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) y encabeza la lista de los países del continente americano como el país con el índice de impunidad más alto. Alejándonos un poco de estos datos y volteando a las noticias que encontramos día a día no debería de sorprendernos esta cifra.

Diariamente podemos ver encabezados sobre “juicios que se han caído” o sobre “criminales que se han quedado libres” o “personas que siguen buscando justicia desde hace años”. Si bien en diversos casos estos titulares son reflejo de la falta de dominio de los medios de comunicación sobre temas jurídicos, es una realidad que en México hay un grave problema de impunidad.

Pareciera que es un tema que va de los jueces y juezas, pero la impunidad comprende otras aristas. Podemos entender impunidad como la falta de justicia, o, en otras palabras, la incapacidad del Estado de garantizar el derecho al acceso a la justicia.

Debido a la estrecha relación entre ambos conceptos, entender las aristas que componen el derecho al acceso a la justicia nos permite entender las diversas formas de impunidad. El derecho al acceso a la justicia implica, que todas las personas deben poder acceder a los recursos efectivos para el esclarecimiento de los hechos, así como el establecimiento de responsabilidades por la vulneración a sus derechos.

Y esto se debe de entender no como un fin en sí mismo, si no como todo un camino. El derecho al acceso a la justicia no se trata de sentencias condenatorias, va más profundo que eso, se trata de que no solamente deben de existir los recursos (demandas, amparos, denuncias) sino que estos deben ser efectivos jurídica y materialmente.

Con esto, nos referimos a que no basta que la ley contemple que puedas interponer un recurso, sino que, para poder analizar la efectividad, debemos tomar en consideración todas las barreras que una persona pueda enfrentar al momento de intentar acceder a la justicia, como es la posición socioeconómica, la violencia institucional, así como la posible negligencia de las autoridades encargadas de investigar.

Si bien estos factores pueden dificultar el acceso a la justicia de todas las personas, cabe mencionar que, en un país feminicida como México, el acceso a la justicia de las mujeres es un camino aún más empedrado.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay diversos casos que forman parte de la línea jurisprudencial en materia de género, pero no podemos ignorar cuanto destacan los casos contra México. Recientemente ha salido el cuadernillo de jurisprudencia sobre México, en el cual podemos encontrar los estándares más relevantes que se han dado a través de los casos contenciosos contra nuestro Estado, dentro de este cuadernillo destaca un apartado específico sobre género.

Nuevamente, me parece que los datos o información son un reflejo de la realidad del país. Desde sentencias como González y otras (“Campo Algodonero”) hasta la reciente sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco han retratado no sólo lo difícil sino también lo tormentoso que es ser mujer en México y buscar justicia; reiteradamente se ha señalado como el machismo en México permea en las investigaciones en casos de mujeres e incluso como esto impone una carga extra para las víctimas y/o sus familiares.

La importancia de las sentencias que han emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), no solamente recae en el desarrollo de estándares internacionales, sino que a través de ellas podemos ver la fotografía de la situación en nuestro país. Campo algodonero es una sentencia, pero ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se puede denunciar una desaparición hasta después de ciertas horas? O que cuando una familia o amistades van a denunciar la desaparición de una mujer les dicen que esperen, que “seguro está con el novio”.

Tenemos tres casos en la CoIDH en los cuales agentes del Estado, policías o militares, violan y agreden sexualmente a mujeres, pero no solamente hemos escuchado de tres casos, en las noticias y en redes vemos muchos más.

Se ha retratado no solo como los estereotipos han retardado o entorpecido investigaciones, sino también “errores” como peritos desechando pruebas de ADN en investigaciones sobre violación, falta de intérpretes para mujeres indígenas, o carpetas en la fiscalía que tardan años y años sin moverse.

La justicia en México no sólo es un tema de jueces y juezas, quienes juegan un papel importante en este tema, es un tema que involucra todo un sistema de justicia y a toda la sociedad, que va desde la persona que recibe tu denuncia, pasa por fiscales, peritos o peritas, médicos o médicas, y que pasa por un largo camino antes de llegar a los jueces y juezas.

Las implicaciones en el sistema de justicia son muchas, pero tampoco se debe olvidar que las barreras materiales trascienden mas allá del sistema, la violencia social que sufren las mujeres víctimas de violencia es una barrera no tan palpable pero que impide que en muchos casos las mujeres se atrevan a denunciar, ya sea por las represalias sociales, la vergüenza o la humillación, producto de la culpabilización de las víctimas.

Para finalizar, quisiera recordar un momento, en la audiencia pública por el caso Selvas Gómez y otras vs. México (el cual después se llamaría Mujeres Victimas de Tortura Sexual en Atenco) durante el testimonio de Norma Aidé Jiménez Osorio, quien narraba la violencia generalizada que sufrió por parte de los policías y las repercusiones que esto tuvo en su vida familiar, la jueza, actualmente presidenta de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito para reconfortarla le dijo: “Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”.

El camino hacia la justicia en México está lleno de baches y obstáculos que se traducen en impunidad, y en el caso de las mujeres cada uno de esos obstáculos se complejiza y se le suman nuevas barreras. No basta con la buena intención de proporcionar justicia en cada caso individual, se deben tomar medidas profundas que busquen eliminar estas barreras en el sistema de justicia, desde el estigma, a recepción de una denuncia, la investigación, hasta el juicio.

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Estudiante de décimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro del Colectivo Más Derechos Humanos y de Amnistía Internacional Yucatán.

Escribo de temas de interés social con perspectiva de derechos humanos.

"Cada quien necesita viajar a su propio tiempo por su propia distancia".

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