Radiografía de un sistema de pensiones en caída libre

En México se vuelve cada vez más evidente la inminente crisis que se empieza a desarrollar en el espacio de la seguridad social y el sistema de pensiones, ambos excluyentes, con baja cobertura e importantes desigualdades en los beneficios otorgados. A esto hay que sumarle el alto costo fiscal que representa mantener un régimen que estuvo vigente desde mediados del siglo pasado y las consecuencias de la difícil transición de un sistema a otro tras las reformas implementadas durante la época neoliberal. Con el futuro en juego, muchos quieren saber ¿Por qué nuestro sistema de seguridad social es así? ¿Qué nos llevó a la insolvencia que podemos observar ahora? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sistema original y su rediseño?

Construyendo instituciones de seguridad social

El trasfondo de la seguridad social en México empieza a tomar forma desde antes de la Revolución Mexicana, con diversas propuestas y leyes reconociendo los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores en el Estado de México y en Nuevo Leon en 1904 y 1906 respectivamente. Esfuerzos que culminan en el artículo 123 de la Constitución actual y sus reformas, el cual erige formalmente los derechos laborales y de seguridad social en nuestro país; y con la Ley del Seguro Social de 1943, la cual crea las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es entonces que México elige la perspectiva laborista basada en el modelo bismarckiano (también llamado contributivo) y se crean las primeras pensiones públicas; siendo éstas obligatorias, fondeadas parcialmente, con beneficios definidos y solidaridad intergeneracional. Lo que esto significa es que, como el modelo nacido a finales del siglo XIX a manos del canciller alemán Otto von Bismarck, nuestra seguridad social se enfoca en proveer servicios a todos los trabajadores asalariados por medio de un financiamiento obligatorio que se comparten los empleadores, los trabajadores y el Estado por medio de contribuciones. El gobierno entonces administra estas aportaciones para generar rendimientos y cumplir con una tasa de reemplazo –cuánto cobras de pensión comparado con tu último sueldo –fijo para todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, creando certidumbre para el trabajador y solidaridad intergeneracional pues las contribuciones de los empleados pagan las pensiones de los jubilados.

Evolución del sistema de pensiones mexicano

Conforme un sistema pensionario va madurando, es normal que la naturaleza de sus gastos vaya cambiando. En el caso de México, durante los 20 y 30 años inmediatamente después a la creación de los seguros sociales, las pensiones indirectas –relacionadas a casos de viudez, orfandad o ascendencia–, conformaban la mayor proporción del total de pensiones otorgadas.  Sin embargo, conforme la población fue envejeciendo, los trabajadores cubiertos empezaron a requerir de pensiones directas –de invalidez, vejez y cesantía– a las cuales tenían derecho. Así, entre 1949 y 1994, la proporción de pensiones indirectas pasó de 95% a 37% y las pensiones directas pasaron de un 5% a 63%.  A finales de los 90, se empezó a volver evidente la presión que este cambio representaba para el sistema de seguridad social, pues no solo incrementaba la cantidad de pensionados, sino que, al mismo tiempo, su costo, pues las pensiones directas involucran un monto más elevado que aquel otorgado a sobrevivientes. Esta evolución en los tipos de pensiones vino de la mano de una tasa de fertilidad y mortalidad más bajas y una esperanza de vida más larga. La gente empezó a tener menos hijos, pero a vivir más tiempo. La relación entre activos – “trabajadores” – y pasivos – pensionados -, también sufrió cambios importantes, pasando de 20 a 1 en 1960, de 11 a 1 en 1983 y de 7 a 1 en los finales de los 80s. Cada vez habían menos personas aportando al sistema en relación a los que se beneficiaban de él y aquellos ya jubilados recibirían una pensión por mucho más tiempo: la esperanza de vida en 1950 era de 49 y 45 años para mujeres y hombres respectivamente, para el 2000, era de 76 y 71 años. Para rematar, las instituciones de seguridad social tuvieron que enfrentar una crisis económica acompañada de inflación, creciente desempleo y salarios estancados durante los 80, creando un notable desequilibrio entre los ingresos del IMSS y el ISSSTE y los gastos que tendrían que cubrir. El IMSS sufrió las deficientes aportaciones del Estado y el ISSSTE se acabó su reserva financiera desde 1992 para mantenerse a flote. Para dimensionar estas implicaciones, para que el ISSSTE tuviera suficiencia financiera, se necesita que por cada pensionado aporten 14.3 trabajadores. En 2007 habían solo 3.7 activos por cada pensionado.

Nos adelantamos ahora a 1995, con las reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE que restructuraron el sistema pensionario, transformándolo de un sistema solidario con beneficios definidos a uno de cuentas individuales y administración privada. Ahora las cuotas tripartitas se depositan en cuentas en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), el tiempo de aportación pasó de 500 a 1,250 semanas (2.5 veces más) y se deben tener 65 años para pensionarse por vejez (antes 60).  Estas reformas privatizadoras van acorde al modelo neoliberal vigente desde los 90’s, y sacrifica un mayor riesgo para los trabajadores al exponerlos a una diversidad de altas comisiones, decisiones opacas y riesgosas, y manejos especulativos endógenos a la administración privada abierta al mercado, a cambio de un equilibrio fiscal a corto y mediano plazo. Incluso más importante, las reformas al sistema de pensiones representaron un compromiso del gobierno con la propuesta neoliberal del combate a la pobreza y el Estado de bienestar: el mercado es más eficiente y el rol del gobierno debe limitarse a intervenir sólo para administrar la pobreza.

Resultados decepcionantes, futuro incierto

Aunque la baja cobertura que podemos observar hoy en día está directamente relacionada al diseño laborista de la seguridad social, las realidades económicas y sociales de las décadas pasadas han contribuido a las deplorables tasas de incorporados como cotizantes a las principales instituciones sociales: nuestro modelo económico no ha podido generar suficientes empleos para cumplir con las demandas de la Población Económicamente Activa; el gobierno exhibe una inspección mínima y una exigencia pobre para que los trabajadores sean dados de alta en el seguro social. Además, una parte importante de nuestros trabajadores son empleados independientes o por cuenta propia, y por lo tanto, no están inscritos en ninguna institución; y la tasa de trabajadores informales sigue siendo muy alta.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, por edades, los hombres y las mujeres inician su incorporación en el mercado laboral en ocupaciones principalmente informales y alrededor de los 25 años, la participación en trabajos formales aumenta, pero la proporción de mujeres en empleo informal es mayor que en los hombres. Ellas, a partir de los 35 años, participan más en ocupaciones informales. Esto tiene implicaciones importantes en el sistema de Afores pues muchas mujeres no alcanzaran a cumplir con las 1,250 semanas de cotizaciones requeridas por ley para tener derecho a una pensión.

Si tomamos en cuenta la caída del poder adquisitivo y la movilidad que tiene el trabajador mexicano entre trabajo formal e informal, no es sorpresa ver que es muy difícil ahorrar en México. Esto quiere decir que, bajo el sistema de cuentas individuales, en el futuro pocos trabajadores tendrán derecho a una pensión. Alberto Valencia, en “Prospectiva del costo fiscal de las pensiones”, estima que, de seguir así, de entre los que cotizan hoy, sólo 17% tienen una probabilidad alta de cumplir con los requisitos para obtener una pensión. Aún más preocupante es que, de cumplirse el peor de los casos, sin reformas y en base al registro de aportaciones y los años en el mercado formal, 60% de los trabajadores que hoy cotizan podrían no cumplir con las semanas requeridas para recibir una pensión mínima.

Más allá de la cuestión de cobertura ya delineada, podemos observar grandes desigualdades entre los montos que reciben las personas ya pensionadas. Esto se debe en gran parte a que los trabajadores que pertenecen a sistemas de pensiones de algunas dependencias específicas de la administración pública reciben prestaciones definidas por acuerdos políticos negociados por grupos sindicales con un poder de negociación superior a otros grupos de trabajadores organizados o arreglos de los cuales se lleva poca contabilidad y rendición de cuentas. Como ilustración, mientras que la pensión mensual promedio del IMSS en el 2013 fue de 3,700 pesos y del ISSSTE de 10, 500 pesos, los jubilados de conocidas instituciones como la CFE y PEMEX recibieron en promedio 30 y 33 mil pesos respectivamente por nombrar algunos. En un contraste todavía más pronunciado, aquellos en el régimen de las Afores estarán recibiendo una tasa de reemplazo promedio de apenas 22.2%, posicionando a México en el último lugar de los 34 países que conformaban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013.

Por último, hay que entender que un factor que contribuyó a la creciente deuda pensionaria es la implementación de las reformas en 1997 y 2007. Al cerrar los sistemas de pensiones, el gobierno interrumpió el financiamiento hasta entonces producto de la solidaridad intergeneracional. Esta decisión, junto con el reconocimiento de los derechos pensionarios de la generación de trabajadores de hasta el 97 sin hacer ajustes a las aportaciones requeridas para mantener el sistema post-beneficios-definidos se hicieron bajo la suposición errónea que las Afores aliviarían la presión sobre las finanzas públicas, pues la mayoría de los trabajadores estarían por arriba de la pensión mínima garantizada. Ahora sabemos que el número de trabajadores con pensión mínima será considerablemente más de lo estimado y que es probable que millones de mexicanos ni siquiera cuenten con una.

Ante un panorama tan complejo y con un resumen tan condensado y superficial, es difícil permanecer optimistas e incluso proponer soluciones. Por el momento, es probable que la crisis social se siga acentuando conforme se vayan volviendo más evidentes las carencias en los servicios públicos y las pensiones, y también es probable que la crisis fiscal empeore si no se reconocen y enmiendan las consecuencias del sistema de Afores y las faltas propias de un sistema contributivo en un contexto como el mexicano. Hay virtudes y debilidades tanto en los argumentos que buscan seguir apostado todo al laissez-faire del mercado y la eficiencia de la privatización, como en aquellos que desean regresar la administración de estas contribuciones exclusivamente al Estado. Lo que queda claro es que la visión laborista está excluyendo a millones de mexicanos de sus derechos a una educación, atención médica y vejez dignas y de calidad. ¿Se puede diseñar o implementar un sistema de seguridad social universal  en México? Varios académicos, algunas organizaciones no gubernamentales y diversos servidores públicos han fantaseado con la idea y algunos incluso han propuesto medidas para empezar el largo y difícil proceso que implicaría tomar una decisión de tal magnitud. A las generaciones inmediatamente anteriores a la mía, la mía y aquellas que me siguen, solo me queda recomendarles que empiecen una planeación financiera como a nuestros abuelos y a algunos de nuestros padres y madres no les tocó hacer, pero que se volverá una necesidad si queremos llegar a ser viejos con suficientes ahorros para ser independientes.

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Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho Internacional en un Programa de Doble Titulación entre L'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) y the University of British Columbia.

Obsesionado con el estudio del poder, me dedico a interpretar, evaluar y explicar eventos, patrones y estructuras de política.

Yucateco primero. Lo único que me gusta más que una buena conversación es un buen café

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