México: Discriminación Fiscal Y Élites Económicas

De acuerdo con el CONEVAL, durante el 2018, en México habían 61.1 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y 21 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.  Lo anterior, en un país que ha sido capturado por las élites económicas que reciben tratamientos privilegiados en materia fiscal y tributaria como condonaciones, cancelaciones y beneficio del gasto público.

Denominamos a las élites económicas como esos compadres, amigos, amigas, empresarios, empresarias y cuates del gobierno en turno que, del 2007 al 2015, se les cancelaron o condonaron créditos fiscales, es decir, no pagaron impuestos por un monto que asciende a la cantidad de 846 mil 743 millones de pesos. Para ponernos en perspectiva, es el equivalente a la suma del presupuesto 2017 y 2018 de educación, salud, cultura, de la Suprema Corte de Justicia, de la CNDH, Trabajo y Previsión Social y el presupuesto de la Cámara de Senadores de 2018.

Para que todas y todos entremos en contexto, vamos a definir en palabras sencillas lo que es una condonación y una cancelación. En palabras de Carlos Brown, una condonación es un perdón de impuestos y adeudos fiscales y la cancelación, es la suspensión temporal del intento por cobrar adeudos fiscales.

En México ha habido un interesante avance legislativo en materia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. Sin embargo, acentúo legislativo porque en la práctica nos topamos con una realidad distinta. Tras cuatro años de litigio, el lunes 30 de septiembre de 2019 el SAT le entregó a FUNDAR la información sobre las personas físicas y empresas a quienes se les perdonaron adeudos fiscales en el periodo del 1 enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

¿Qué significa esto?

Lo anterior nos pone frente a un panorama de discriminación fiscal directa, al ser un trato diferencial por un criterio sospechoso que no tiene ninguna justificación razonable. Bajo el entendimiento de que la política fiscal es una política pública, esta debe respetar, construirse, garantizar, transparentar y aplicar estándares de derechos humanos a los que el Estado mexicano está obligado. 

Vivimos en un país en el que se ha privilegiado a las clases sociales altas. Una élite fría y voraz que antepone sus privilegios y necesidades a los del país. Que ha instaurado el capitalismo de cuates como modelo económico, la cuatitud y preservación del status quo; han hecho que, no solo nuestra democracia se esté muriendo lentamente, sino que, han hecho que las brechas de desigualdad se prolonguen, que la pobreza estructural sea una enfermedad sin cura y que el bienestar individual esté en contraposición con el bienestar común.

¿Por qué hablamos de una discriminación fiscal y violación de derechos humanos?

Porque de acuerdo con el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a seguir los principios de derechos humanos en su política fiscal y tributara. Los cuales son: progresividad y el aprovechamiento hasta el máximo de los recursos disponibles, redistribución de la riqueza para reducir desigualdades, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación y la transparencia.

De acuerdo con un Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU, en México, mientras que las personas que se encuentran en el 20% de mayores ingresos obtienen 31.6% del gasto público destinado a desarrollo humano, el 20% más pobre recibe apenas 13.1% de dicho gasto. Es decir, en México las políticas fiscales y tributarias no solo privilegian a las élites exentándoles impuestos, también son las más beneficiadas de las aportaciones recaudadas por las clases obreras y menos privilegiadas.

Desde muchos aspectos la política fiscal en México viola derechos humanos. Desde el IVA en productos que afectan más a las mujeres que a los hombres, los recortes al presupuesto asignado a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hasta la condonación y cancelación a las personas más privilegiadas; vivimos en un país que en palabras de Denise Dresser: todos los mexicanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros.

La 4T tiene mucho que afrontar en materia de política fiscal y tributaria. Un plan de austeridad como el que pretenden implementar debe garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Los recortes en el presupuesto no deben ser sobre los DESCA ya que esto implica una regresión sobre esos derechos y los estados deben aumentarlos en la medida de sus capacidades, no disminuirlos. Una verdadera política fiscal austera significaría poner el piso parejo para evitar las brechas de desigualdad, detener los flujos financieros ilícitos y no permitir que las élites exenten sus responsabilidades fiscales mientras que la ciudadanía trabajadora mantiene la política pública en materia de desarrollo humano.

El presidente López Obrador ha pregonado un discurso abolicionista de la corrupción, impunidad y de los privilegios cupulares, sin embargo, sus acciones concretas no han sido determinantes al respecto. Al gobierno actual le toca desvanecer estos privilegios, pero en especial, sobreponer las necesidades y derechos humanos del “pueblo” a los intereses políticos. Es momento de que se tomen acciones concretas que garanticen una política fiscal integral y no clientelar. Es la oportunidad perfecta para su gobierno de sentar un precedente importante de planeación, ejecución, evaluación y transparencia en la rendición de cuentas. Aunque el Presupuesto de Egresos no guarda ningún sentido con lo que realmente se gasta en un año fiscal, esperemos que la cuenta pública nos refleje ese gobierno para el pueblo y no una captura del Estados por las élites económicas como se vivió durante la hegemonía priista y la decepción panista en el poder.  

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Tengo 23 años y estudio derecho. Escribo de lo que me transita desde los derechos humanos. Me interesan los temas de justicia distributiva, políticas públicas y derechos de las personas LGBT+. Lo más importante para mí en este blog, es ofrecer un espacio seguro para todas las personas históricamente discriminadas a las que nunca nos han escuchado.

Considero que es importante cuestionar todo desde el aprendizaje empático y en compañía de una taza de café.

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