La consulta no procedió: ¿y ahora qué?

El 1° de agosto, 93,686,877 mexicanes estaban llamados a las urnas para votar en la Consulta Popular que organizó el INE, con base en la pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia. Los medios ya discutieron el circo de debate que causó la consulta: desde el concierto de inconstitucionalidades, pasando por una pregunta que no era muy clara en sus alcances y efectos pretendidos, hasta una polémica soberbia entre el famoso “la justicia no se consulta” y la defensa de un nuevo ejercicio de participación democrática.  Entre culpas apuntadas entre el INE y Morena, entre incontables argumentos y opiniones al respecto, la consulta no cumplió el 40% del padrón electoral que la Constitución pide para la vinculatoriedad de todas las consultas populares. Al final, poco más del 7% del padrón electoral (poco más de 6.6 millones de mexicanes, lo cual no es una afluencia menor) nos presentamos en las urnas para votar. Unes votaron con el juicio a los expresidentes neoliberales en mente, y otres votamos con el deseo de comisiones de verdad, prevención institucional de violaciones a derechos humanos en México y con el deseo de un precedente que dé paso a mayores mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la consulta no fue vinculante, a pesar de que 6 millones y medio de personas votamos por el “Sí” en la consulta. Ante este resultado, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con el esclarecimiento de hechos y las posibles víctimas a los cuales se refería la pregunta? Incluso si la consulta fue un ejercicio que el gobierno mexicano no está obligado a respetar, los planteamientos e insinuaciones de la pregunta permanecen relevantes. La participación ciudadana que sucedió el domingo —a pesar de ser considerada poca y de causar mucha controversia estos últimos días, no debe pasar desapercibida— ya que señala un problema que va mucho más allá de debates partidistas y preguntas mal redactadas.

            Los problemas que México enfrenta no son problemas que deben olvidarse mientras la consulta deja de ser noticia. Después de contar con fantasmas como el ’68, el gobierno de Rubén Figueroa en Guerrero, la Operación Cóndor, el Plan de Operaciones Silenciador, Ayotzinapa e innumerables más, la violencia en México sigue presente: en 2020, el INEGI calculó que 10 mujeres son asesinadas en México al día; 90 personas fueron agredidas en el mismo año por defender el medio ambiente y territorios; en 2006, había más de 800 fosas clandestinas y 10,000 cuerpos sin identificar en México; más de 318 mil personas han sido asesinadas de manera dolosa desde 2018 y más de 80,000 mexicanes han desaparecido en tan sólo 15 años. Más allá de los procesos a los que puedan ser vinculados los expresidentes de este país –desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto–, la violencia parece ser un problema inherente al Estado mexicano. Ante esto, la Suprema Corte hizo el siguiente razonamiento sobre la materia que la consulta abordó:

[…] la materia u objeto de la consulta consiste en el esclarecimiento de hechos pasados en México, dentro de los cuales se incluye una diversidad de situaciones y hechos destacados por el peticionario como relevantes en su estudio por sus implicaciones históricas y políticas. Este tema tendría como ámbito de proyección las facultades discrecionales de los órganos representativos, especialmente, el Poder Ejecutivo, quienes, en caso de producirse un resultado vinculante de la población, tendrían abierto un abanico de posibilidades de cursos de acción: desde la creación de mecanismos novedosos para esclarecer algunos hechos en específico, como en algunos países que han decidido garantizar el derecho a la verdad, hasta mecanismos que permitieran a las autoridades competentes allegarse de elementos suficientes para iniciar procedimientos de responsabilidad en términos de lo establecido por el Título Cuarto de la Carta Suprema.

La existencia de la consulta y la ambigüedad de su pregunta y objeto causaron controversia sobre si la ciudadanía debió salir a votar o no el domingo pasado. Sin embargo, más allá de los argumentos que se hicieron en favor o en contra de la consulta, las diferentes colectivas que se posicionaron al respecto demuestran que, en México, los problemas en juego van mucho más allá de lo que hicieron cinco expresidentes. Como lo demandaron diversas organizaciones al pedir claridad sobre la materia y la pregunta de la consulta, “[l]a exigencia principal de las víctimas es que la consulta detone la creación de comisiones de la verdad”, con claridad en los “límites” de la consulta y “detalles [sobre] dónde realmente se hacen efectivos la verdad y la justicia”. Además, actores como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pidieron que la ciudadanía saliera a votar por el “Sí”, ya que buscaron “que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos, de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Esto muestra que la consulta no sólo se trató de ambigüedades e intenciones políticas que pueden estar sujetas a debate; se trató de las víctimas de atroces crímenes de Estado que piden justicia, sin importar la controversia detrás de los mecanismos necesarios. La consulta también se trató de las personas a las que nunca se les otorgó justicia, ni consultada ni aplicada.

Porque México es un país donde lo imposible y lo indignante sucede. México es un país donde una Secretaría de Estado tiene que recurrir a la detención de sus elementos y a disculpas vacías por ser responsable de desaparecer a más de 40 de sus propies ciudadanes, como sucedió en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. México es un país donde el activismo ambiental y la defensa de territorio pueden causar la muerte, como ha sucedido en Chihuahua y en Quintana Roo. México es un país que demanda, todos los días, justicia y verdad, así como cualquier mecanismo que ayude a que el gobierno las pueda garantizar. A pesar de que la consulta del 1° de agosto no sea vinculante para el Estado mexicano, no debemos olvidar que las posibles víctimas a las que se refería la pregunta continúan con sus luchas y siguen esperando que el Estado les dé justicia. Con consulta o sin ella, esa es la obligación que el gobierno mexicano aún debe cumplir.

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Él/He

Tengo 21 años y estudio Derecho en el CIDE. No escribo porque sepa algo en específico; lo escribo porque me interesa mucho saberlo. Mis intereses principales son de sociedad y música, pero intento aprender todos los días de todo lo demás.

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