La CNDH que necesitamos

El pasado 3 de octubre de 2019 se publicó la convocatoria para la elección o reelección, en su caso, de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); dicha convocatoria establece las pautas del procedimiento para designar a la persona que estará al frente de la CNDH los próximos cinco años y por eso es sumamente importante prestarle atención. La CNDH es el organismo constitucional autónomo instituido para velar por los derechos humanos en todo el país, y al mismo tiempo es un contrapeso para el gobierno en tiempos de la 4T.

Desde noviembre del año pasado, la CNDH ha hecho uso de sus facultades para recordarle al gobierno el respeto de los derechos humanos en algunos temas, pero a perspectiva del Presidente, han sido ataques y ha respondido de la peor manera: descalificando públicamente a la institución y negándose a reconocer que sus decisiones de gobierno podrían mejorar.

Entre los asuntos que destacan, se encuentra primero el “Tren Maya”, donde a través de un comunicado de prensa instaba al, en ese entonces, presidente electo a respetar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, a escuchar a las partes interesadas y socializar toda la información disponible del proyecto; cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Esta no fue la única vez que desde la CNDH externó su preocupación por los proyectos del gobierno federal, ni la primera vez que se recurrió a pronunciamientos públicos como herramienta política.

En mayo del año en curso, la CNDH emitió la recomendación 29/2019 dirigida a la Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público por la decisión de cancelar el programa de las instancias infantiles, puesto trastocaban la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas, incluyendo a niños y niñas beneficiarios. La recomendación no sólo no se aceptó, sino que se descalificó públicamente a la CNDH y se le tachó de no tener la “calidad moral” para pronunciarse sobre el tema. A pesar de que se solicitó la comparecencia de los titulares de las dependencias para rendir cuentas sobre el rechazo de la recomendación, esto no sucedió. El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas han expresado públicamente su preocupación sobre el tema.

Otro tema en el que la CNDH ha sido contrapeso es la creación y operación de la Guardia Nacional. Esto, además de ser un acto de congruencia —porque también se opuso a la aprobación lisa y llana de la Ley de Seguridad Interior—, era un acto necesario, dado el respaldo que desde las cámaras legislativas se ha dado a las decisiones del ejecutivo; sobre todo cuando los partidos que no gobiernan no logran ser una oposición real. El (aún) titular de la CNDH no sólo aprovechó reuniones con el Presidente y su comparecencia en el Congreso de la Unión para recomendar un mando civil y el fortalecimiento de las policías civiles por encima de la militarización de la seguridad, sino que también promovió acciones de inconstitucionalidad muy específicas sobre la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley de Registro de Detenciones. Todas están pendientes a su resolución y le tocará a la Suprema Corte de Justicia decidir.

Por otro lado, en tema de los derechos de las personas migrantes la CNDH ha participado a través de misiones de observación en los principales puntos de entrada y salida del país. Cuando se desplegó a la Guardia Nacional en los puntos fronterizos y aumentó el número de detenciones de personas migrantes en estaciones el Instituto Nacional de Migración emitió medidas cautelares y una posterior recomendación en favor de los familiares de una niña guatemalteca que falleció dentro de una estación migratoria, así como medidas cautelares de redes de apoyo de albergues de migrantes hostigados por la Guardia Nacional y otras autoridades federales. Por otro lado, en el contexto político, desde la CNDH hubo posicionamiento sobre los acuerdos comerciales y como éstos no deberían primar por encima de la dignidad y los derechos de las personas migrantes, en una clara referencia a las negociaciones por el TMEC con Estados Unidos.

Asimismo, se ha instado a la necesidad de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la actuación de las fuerzas armadas en el contexto de las operaciones de vigilancia de ductos de PEMEX, el impacto de las políticas de austeridad —a través de acciones de inconstitucionalidad—, el desabasto de medicamentos, los derechos de los policías federales que serán incorporados a la fuerza a la Guardia Nacional o a otras dependencias federales, desmintiendo al Presidente en sus dichos de las mañaneras, y hasta instando a la ratificación de tratados como el Acuerdo de Escazú y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. En síntesis, ha respondido cuando tenía que responder sobre los temas que debía hacerlo.

Por eso la designación del próximo titular es clave. No sólo se requiere a alguien con amplia experiencia y compromiso con los derechos humanos, sino también, alguien que sea capaz de responder preventiva y reactivamente a las decisiones del ejecutivo y del legislativo cuando corresponda. Desde el 7 y hasta el 11 de octubre podrán registrarse las personas interesadas; los requisitos no son excesivos. Cualquiera con 35 años, experiencia en derechos humanos, sin afiliación durante el último año a un partido político o en encargo de alguna secretaría o subsecretaría, procuraduría o titularidad ejecutiva en algún estado podrá registrarse.

Las formalidades son mínimas, basta con cumplir los requisitos de la elegibilidad, reunir la documentación y hacer el trámite de registro. También se deberá estar dispuesto a comparecer en un ejercicio de parlamento abierto ante el Senado el 21 de octubre en presencia de senadoras y senadores, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas; según indica la convocatoria. Luego es esto, a más tardar el 31 de octubre se publicarían los resultados.

Se rumorean el nombre de José de Jesús Orozco Henríquez, miembro del consejo consultivo de la CNDH y ex comisionado de la CIDH como posible participante en el proceso; se esperaría que se presente al proceso Elizabeth Lara Rodríguez, recomendada directa del Padre Alejandro Solalinde a Andrés Manuel; por último, hay una petición en línea para solicitarle a Luis Raúl Gonzáles Pérez (actual titular) su reelección, a pesar de que éste dijo desde el principio de su mandato que no buscaría la reelección. Quiénes se postulan dejará de ser un misterio a partir del 17 de octubre, fecha en la que se publica la lista de candidatos.

Independientemente de quiénes se presenten o a quienes propongan las organizaciones de la sociedad civil, hay que tener en cuenta que la persona titular de la CNDH es elegida por dos terceras partes del Senado. Si tomamos en cuenta que de los 128 escaños, 59 pertenecen a MORENA, habrá que redoblar esfuerzos para que no sea una elección en favor de los intereses del ejecutivo. La CNDH que necesitamos debe ser independiente y garante de los derechos humanos, aunque eso moleste al presidente.

 

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Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

Una respuesta a «La CNDH que necesitamos»

  1. Buscaba noticias de como va el proceso y me apareció esta nota. Me sirvió para entender mejor el proceso, ahora entiendo mejor la importancia de la designación.

    Gracias por su trabajo de calidad.

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