El Presidencialismo en Tiempos de la 4T

El contexto histórico, cultural y social de México ha moldeado nuestra identidad y nuestra forma de percibir el universo político que nos rodea, en particular en cuanto a la vida pública y la toma de decisiones; de tal forma que los mexicanos honramos la autoridad. No nos gusta la subordinación y miramos la concentración de poder con recelo, pero encontramos consuelo en la figura autoritaria como garantía de orden y preservación. Este respeto y enaltecimiento hacia la potestad para gobernar proviene de estructuras políticas que van tan atrás como el tlatoani náhuatl y que se consolidaron con el temor de las élites post-independentistas temerosas a la anarquía que significaría la pérdida de su control político y económico; y del orden post-revolucionario diseñado por el partido único para perpetuarse en el poder. Así surge el presidencialismo en México: un sistema político en el cual los ciudadanos eligen directamente al presidente para un período fijo, no reelegible; el presidente no puede ser destituido por el Congreso ni viceversa; y en donde el gobierno es unipersonal y el presidente tiene control total del Ejecutivo como jefe de Estado y de Gobierno.

Sería ingenuo asumir que el presidencialismo en nuestro país se ha mantenido estático desde su concepción en la Constitución de 1824, particularmente cuando tomamos en cuenta momentos clave como la alternancia en la Cámara de Diputados en 1997 y de la presidencia en la primera década de los 2000. Sin duda, la relación del Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión ha evolucionado de tal forma que, difícilmente, podría replicarse en los mismos términos el presidencialismo puro del antiguo régimen. Sin embargo, a un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es posible notar algunos matices de ese viejo presidencialismo que no han desaparecido y otros que han cambiado para adaptarse a las nuevas realidades políticas del país.

Es importante señalar que la concentración del poder en el presidente, además de emanar de procesos históricos y culturales, es resultado de una mezcla de facultades constitucionales – que son aquellas enumeradas directamente en nuestra Constitución – y facultades metaconstitucionales – que tienen que ver con las relaciones de poder cambiantes y no formalmente establecidas entre el presidente y el partido (o partidos) con mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión y con gobernadores en los 31 estados -. Estas facultades no son mutuamente exclusivas, sino que se complementan y se desarrollan, desembocando en una miríada de posibilidades en el ejercicio del poder público para el presidente.

Un claro ejemplo se encuentra en el proceso de creación de leyes. El artículo 71 de la Constitución mexicana vigente otorga al presidente la posibilidad de introducir iniciativas de ley en el Congreso. Este derecho constitucional fue ampliamente utilizado hasta el 2000 por presidente priistas, por lo que la mayoría de la legislación federal originaba del poder ejecutivo y los proyectos de ley pasaban con pocas enmiendas. Incluso en la década de los 90, cuando la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) empezaba a menguar, ocho de cada diez proyectos de ley que fueron aprobados provenían del ejecutivo. Como líder del partido en control, el presidente sabía que siempre contaba con los votos para llevar a cabo su agenda legislativa. Con el apoyo garantizado del Congreso mexicano, el poder ejecutivo también se convirtió de facto, en el principal órgano legislativo, con el presidente como legislador supremo.

La época de alternancia panista nos otorgó períodos de cohabitación en donde el presidente pertenecía a un partido y la mayoría de una cámara o las dos, a otro. Durante las cohabitaciones, una separación más efectiva de los Poderes de la Unión y la necesidad de formar coaliciones para gobernar auguraban para muchos el fin del presidente legislador y el inicio de una verdadera separación de poderes. La presidencia de Andrés Manuel, con su mayoría absoluta en ambas Cámaras bajo la coalición Juntos Haremos Historia (lo cual no ocurría desde 1994), representa un parteaguas frente a las predicciones del fin de la hegemonía política del presidente mexicano y un nostálgico retorno al poder prácticamente ilimitado del ejecutivo. Es notable de igual forma, el retorno a una cultura de obediencia hacia el presidente dentro de su propio partido que, por su estructura interna, los partidos de oposición nunca pudieron implementar exitosamente. La cortesanía y servilismo crean un ambiente en el que da la impresión que el jefe nunca se equivoca y que, para avanzar, hay que agradar al jefe. A pesar de este paralelo con el presidencialismo priista de antaño, el partido en el poder, si bien es pragmático y eficiente en pasar legislación para llevar a cabo la agenda del Ejecutivo todopoderoso, no cuenta con la misma disciplina intrapartidista que aspiraba a la unidad a costa del diálogo y la deliberación. Esto último es bueno cuando consideramos que, una vez terminado el sexenio de Obrador, podríamos esperar un proceso más democrático en contraste al priista en el nombramiento del siguiente candidato/a morenista.

Aunado a este retorno a la relación tradicional Ejecutivo-Legislativo, el presidencialismo de la 4T toma prestado, quizás porque la mayoría de sus miembros actuales pertenecieron en algún momento al partido único, aspectos importantes en el ejercicio del poder que recuerdan al presidencialismo posrevolucionario y emblemático del siglo XX. La administración actual, por ejemplo, ha retomado una narrativa nacionalista revolucionaria para legitimar su prevalencia en el poder. Como lo hicieron presidentes anteriores, el gobierno actual se apoya de un culto al rito muy marcado de los héroes patrios y la historia mexicana para crear un marco simbólico que enaltece las acciones del presidente y personifica el poder. Rediseñar el logo del gobierno federal, implantar los colores del partido en el contenido publicado por instituciones gubernamentales y la retórica utilizada en las mañaneras son muestra de la increíble capacidad del Estado para crear sutilmente un trasfondo que generaliza el uso en el lenguaje del concepto de “transformación” y que legitima desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hasta el rediseño del gasto público. De igual forma, con el despliegue de la Guardia Nacional, el gobierno actual ha asumido un proceso de restructuración e institucionalización de las fuerzas armadas que recuerdan, en mayor o menor medida, a aquellas originalmente establecidas por el partido nacional en las primeras décadas del siglo pasado y del Partido Acción Nacional (PAN) a principios del actual, con el riesgo de que su mandato sigue envuelto en controversia.

Por último, en lo que va del año, López Obrador ha tenido la oportunidad de ofrecer ternas para tres ministros de la Suprema Corte, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de las Mujeres. Si bien han existido controversias en la aprobación de al menos dos ternas para diferentes puestos, las prerrogativas que la Constitución le otorga al presidente para designar dirigentes de instituciones gubernamentales clave para la administración pública o autónomas son muestra del amplio alcance de la figura presidencial en definir la agenda y las competencias de órganos políticos que definen la relación del ciudadano con el Estado. Aunque el presidente ahora tiene que lidiar con instituciones que supervisan su ejercicio del poder público, el control del presupuesto y la designación de los funcionarios encabezando estas instituciones representan una evolución en el presidencialismo mexicano moderno.

El objetivo de recalcar estas diferencias y similitudes con pasadas administraciones no radica en un deseo de formar un juicio de valor sobre la forma de ejercer el poder del presidente actual, sino de demostrar cómo la constitución de nuestro país, junto con aspectos culturales con raíces históricas, trabajan juntos para crear el régimen presidencialista mexicano caracterizado por un presidente fuerte y autoritario. El derecho de presentar iniciativas de ley y de ternas para la Suprema Corte y otras instituciones gubernamentales y el control sobre las fuerzas armadas son todas facultades expresadas en nuestra Carta Magna que, por su naturaleza, otorgan amplia influencia al ejecutivo en nuestro país. Sin embargo, la tradición de que el presidente lidere su propio partido y la subsecuente disciplina por parte del Congreso, a la vez que la personificación del partido en el poder como El Estado, son todos aspectos políticos informales y culturales que separan a la constitución escrita de la aplicada y resultan en la figura autoritaria y omnipresente que es el presidente de la República. Si el dominio de AMLO y MORENA representan una excepción al proceso de empoderamiento legislativo y judicial o si el sexenio panista fue excepción a la hegemonía presidencial es difícil saber, pues nuestro país es aún joven en su experimentación con la pluralidad y la democracia. Lo que queda claro es que, el presidencialismo en tiempos de la 4T presenta aspectos político-constitucionales reminiscentes a presidencias con amplio control del espacio legislativo, gubernamental y jurídico.

El contexto histórico, cultural y social de México ha moldeado nuestra identidad y nuestra forma de percibir el universo político que nos rodea, en particular en cuanto a la vida pública y la toma de decisiones; de tal forma que los mexicanos honramos la autoridad. No nos gusta la subordinación y miramos la concentración de poder con recelo, pero encontramos consuelo en la figura autoritaria como garantía de orden y preservación. Este respeto y enaltecimiento hacia la potestad para gobernar proviene de estructuras políticas que van tan atrás como el tlatoani náhuatl y que se consolidaron con el temor de las élites post-independentistas temerosas a la anarquía que significaría la pérdida de su control político y económico; y del orden post-revolucionario diseñado por el partido único para perpetuarse en el poder. Así surge el presidencialismo en México: un sistema político en el cual los ciudadanos eligen directamente al presidente para un período fijo, no reelegible; el presidente no puede ser destituido por el Congreso ni viceversa; y en donde el gobierno es unipersonal y el presidente tiene control total del Ejecutivo como jefe de Estado y de Gobierno.

Sería ingenuo asumir que el presidencialismo en nuestro país se ha mantenido estático desde su concepción en la Constitución de 1824, particularmente cuando tomamos en cuenta momentos clave como la alternancia en la Cámara de Diputados en 1997 y de la presidencia en la primera década de los 2000. Sin duda, la relación del Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión ha evolucionado de tal forma que, difícilmente, podría replicarse en los mismos términos el presidencialismo puro del antiguo régimen. Sin embargo, a un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es posible notar algunos matices de ese viejo presidencialismo que no han desaparecido y otros que han cambiado para adaptarse a las nuevas realidades políticas del país.

Es importante señalar que la concentración del poder en el presidente, además de emanar de procesos históricos y culturales, es resultado de una mezcla de facultades constitucionales – que son aquellas enumeradas directamente en nuestra Constitución – y facultades metaconstitucionales – que tienen que ver con las relaciones de poder cambiantes y no formalmente establecidas entre el presidente y el partido (o partidos) con mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión y con gobernadores en los 31 estados -. Estas facultades no son mutuamente exclusivas, sino que se complementan y se desarrollan, desembocando en una miríada de posibilidades en el ejercicio del poder público para el presidente.

Un claro ejemplo se encuentra en el proceso de creación de leyes. El artículo 71 de la Constitución mexicana vigente otorga al presidente la posibilidad de introducir iniciativas de ley en el Congreso. Este derecho constitucional fue ampliamente utilizado hasta el 2000 por presidente priistas, por lo que la mayoría de la legislación federal originaba del poder ejecutivo y los proyectos de ley pasaban con pocas enmiendas. Incluso en la década de los 90, cuando la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) empezaba a menguar, ocho de cada diez proyectos de ley que fueron aprobados provenían del ejecutivo. Como líder del partido en control, el presidente sabía que siempre contaba con los votos para llevar a cabo su agenda legislativa. Con el apoyo garantizado del Congreso mexicano, el poder ejecutivo también se convirtió de facto, en el principal órgano legislativo, con el presidente como legislador supremo.

La época de alternancia panista nos otorgó períodos de cohabitación en donde el presidente pertenecía a un partido y la mayoría de una cámara o las dos, a otro. Durante las cohabitaciones, una separación más efectiva de los Poderes de la Unión y la necesidad de formar coaliciones para gobernar auguraban para muchos el fin del presidente legislador y el inicio de una verdadera separación de poderes. La presidencia de Andrés Manuel, con su mayoría absoluta en ambas Cámaras bajo la coalición Juntos Haremos Historia (lo cual no ocurría desde 1994), representa un parteaguas frente a las predicciones del fin de la hegemonía política del presidente mexicano y un nostálgico retorno al poder prácticamente ilimitado del ejecutivo. Es notable de igual forma, el retorno a una cultura de obediencia hacia el presidente dentro de su propio partido que, por su estructura interna, los partidos de oposición nunca pudieron implementar exitosamente. La cortesanía y servilismo crean un ambiente en el que da la impresión que el jefe nunca se equivoca y que, para avanzar, hay que agradar al jefe. A pesar de este paralelo con el presidencialismo priista de antaño, el partido en el poder, si bien es pragmático y eficiente en pasar legislación para llevar a cabo la agenda del Ejecutivo todopoderoso, no cuenta con la misma disciplina intrapartidista que aspiraba a la unidad a costa del diálogo y la deliberación. Esto último es bueno cuando consideramos que, una vez terminado el sexenio de Obrador, podríamos esperar un proceso más democrático en contraste al priista en el nombramiento del siguiente candidato/a morenista.

Aunado a este retorno a la relación tradicional Ejecutivo-Legislativo, el presidencialismo de la 4T toma prestado, quizás porque la mayoría de sus miembros actuales pertenecieron en algún momento al partido único, aspectos importantes en el ejercicio del poder que recuerdan al presidencialismo posrevolucionario y emblemático del siglo XX. La administración actual, por ejemplo, ha retomado una narrativa nacionalista revolucionaria para legitimar su prevalencia en el poder. Como lo hicieron presidentes anteriores, el gobierno actual se apoya de un culto al rito muy marcado de los héroes patrios y la historia mexicana para crear un marco simbólico que enaltece las acciones del presidente y personifica el poder. Rediseñar el logo del gobierno federal, implantar los colores del partido en el contenido publicado por instituciones gubernamentales y la retórica utilizada en las mañaneras son muestra de la increíble capacidad del Estado para crear sutilmente un trasfondo que generaliza el uso en el lenguaje del concepto de “transformación” y que legitima desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hasta el rediseño del gasto público. De igual forma, con el despliegue de la Guardia Nacional, el gobierno actual ha asumido un proceso de restructuración e institucionalización de las fuerzas armadas que recuerdan, en mayor o menor medida, a aquellas originalmente establecidas por el partido nacional en las primeras décadas del siglo pasado y del Partido Acción Nacional (PAN) a principios del actual, con el riesgo de que su mandato sigue envuelto en controversia.

Por último, en lo que va del año, López Obrador ha tenido la oportunidad de ofrecer ternas para tres ministros de la Suprema Corte, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de las Mujeres. Si bien han existido controversias en la aprobación de al menos dos ternas para diferentes puestos, las prerrogativas que la Constitución le otorga al presidente para designar dirigentes de instituciones gubernamentales clave para la administración pública o autónomas son muestra del amplio alcance de la figura presidencial en definir la agenda y las competencias de órganos políticos que definen la relación del ciudadano con el Estado. Aunque el presidente ahora tiene que lidiar con instituciones que supervisan su ejercicio del poder público, el control del presupuesto y la designación de los funcionarios encabezando estas instituciones representan una evolución en el presidencialismo mexicano moderno.

El objetivo de recalcar estas diferencias y similitudes con pasadas administraciones no radica en un deseo de formar un juicio de valor sobre la forma de ejercer el poder del presidente actual, sino de demostrar cómo la constitución de nuestro país, junto con aspectos culturales con raíces históricas, trabajan juntos para crear el régimen presidencialista mexicano caracterizado por un presidente fuerte y autoritario. El derecho de presentar iniciativas de ley y de ternas para la Suprema Corte y otras instituciones gubernamentales y el control sobre las fuerzas armadas son todas facultades expresadas en nuestra Carta Magna que, por su naturaleza, otorgan amplia influencia al ejecutivo en nuestro país. Sin embargo, la tradición de que el presidente lidere su propio partido y la subsecuente disciplina por parte del Congreso, a la vez que la personificación del partido en el poder como El Estado, son todos aspectos políticos informales y culturales que separan a la constitución escrita de la aplicada y resultan en la figura autoritaria y omnipresente que es el presidente de la República. Si el dominio de AMLO y MORENA representan una excepción al proceso de empoderamiento legislativo y judicial o si el sexenio panista fue excepción a la hegemonía presidencial es difícil saber, pues nuestro país es aún joven en su experimentación con la pluralidad y la democracia. Lo que queda claro es que, el presidencialismo en tiempos de la 4T presenta aspectos político-constitucionales reminiscentes a presidencias con amplio control del espacio legislativo, gubernamental y jurídico.

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Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho Internacional en un Programa de Doble Titulación entre L'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) y the University of British Columbia.

Obsesionado con el estudio del poder, me dedico a interpretar, evaluar y explicar eventos, patrones y estructuras de política.

Yucateco primero. Lo único que me gusta más que una buena conversación es un buen café

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