Corrupción en tiempos de COVID-19

Cuando pensamos en la corrupción generalmente hacemos referencia hacia determinadas personas físicas, o determinados servidores públicos, robando recursos públicos para provecho o beneficio propio. Esto, además de ser muy simplista, limita la gravedad y el impacto que tiene la corrupción en la sociedad y en los derechos humanos.

La corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre en este país. Hemos escuchado como sociedad un sinfín de ejemplos sobre casos o actos de corrupción en México. Todos los sexenios presidenciales han tenido escándalos de corrupción y quizás hemos escuchado varios, particularmente de la administración pública federal pasada: el tren México-Querétaro, la Estafa Maestra, la casa de Lomas de Chapultepec (mejor conocida como casa blanca), etc.

Actualmente se está presentando uno más. Ya diversos medios de comunicación masivos en el país publicaron que,entre 2014 y 2018, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se llevó a cabo una supuesta compraventa de equipo médico que consistió en ventiladores, uniformes y medicamentos, pero que se trataron de operaciones simuladas con las que se desviaron 320.9 millones de pesos, información que ya reconoció el Servicio de Administración Tributaria.

Lo más preocupante de este desvío de recursos es algo que sucede cantidad de ocasiones, pero de lo que casi no se habla: la afectación a los derechos humanos.

En esta ocasión, es al sector salud al que le va a tocar el impacto de cualquier consecuencia directa o indirecta en los pacientes que acudan a recibir tratamientos o al personal médico. Resultaría de especial gravedad que esto suceda en medio de la pandemia que estamos viviendo, puesto que parte de esos insumos derivados de las operaciones simuladas resultan hoy indispensables para el manejo de pacientes con coronavirus.

La ONU, desde el Informe preliminar de la Relatora Especial del Consejo Económico y Social del 7 de julio de 2004, ha señalado que la corrupción dificulta la acción de los gobiernos para aplicar políticas públicas encaminadas a satisfacer necesidades a la población. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que este fenómeno tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza o las personas indígenas.

La Secretaría de la Función Pública ya dijo que va a investigar y a sancionar a quien resulte responsable de estos actos de corrupción que involucran al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá, ¿y luego? ¿Quién garantizará el debido cuidado y atención médica de pacientes con coronavirus si ni siquiera el personal (doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras) cuenta con los insumos adecuados?

No es exageración decir que la corrupción no es nada más ese funcionario público que “entró al gobierno a robar un poquito”, sino que la corrupción también puede matar. Lo dejo para la reflexión.

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Abogado, servidor público, activista en derechos humanos y fan del rock ochentero.

Escribo mis inquietudes personales y jurídicas en este blog.

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