Colombia bajo fuego

Por: Daniela Arias Sánchez (@darias_sanchez)

Colombia vive en el limbo entre la paz y la guerra. Desde el inicio de las negociaciones con grupos armados en 2016 la polarización amenazó con reinar el escenario político y dejó en entredicho la capacidad del Estado de convocar a una reconciliación.

En 2018 el partido de derecha Centro Democrático se alzó con la presidencia de Iván Duque y la vicepresidencia de Martha Lucía Ramírez. Una de las principales propuestas de esta fórmula presidencial fue revisar las condiciones del acuerdo de paz, ya que iban a quedar a cargo de su implementación.

Sin embargo, la falta de garantías del Estado para los exguerrilleros, el sabotaje del gobierno a la implementación de los acuerdos y el levantamiento armado de las disidencias de las FARC no dieron un buen resultado. Los acuerdos han tenido una fallida implementación, con llamados de atención de la comunidad internacional. Mientras tanto, el presidente Duque no es capaz de defender fuera del país el avance de estos y a nivel interno se dedica a desprestigiarlos.

Entre 2016 y abril de 2021 han sido asesinados 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC -es decir, exguerrilleros desmovilizados. Además, desde 2018 aumentaron las masacres en zonas comúnmente afectadas por el conflicto armado, llegando en 2020 a registrarse 76 masacres con 292 personas asesinadas según la ACNUDH. En lo que va de 2021 se han presentado 35 masacres con 132 víctimas mortales.

A la fallida implementación de los acuerdos se suman los ataques desde el gobierno a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), encargada de investigar lo ocurrido durante el conflicto armado y arrojar luz a crímenes sin resolver. Este ataque incluyó un intento del partido de gobierno de abolir dicho tribunal con una propuesta en el Congreso que no prosperó.

Uno de los hallazgos recientes de la JEP tiene que ver con un fenómeno que se presentó durante el gobierno del expresidente y ahora exsenador -al renunciar a su curul en 2020-Álvaro Uribe, mentor y promotor del actual presidente. En dicho reporte se menciona que por una política de resultados, desde los cuerpos militares se asesinaron a 6,402 civiles que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate para ofrecer la imagen de que se estaba ganando la guerra. Tanto Uribe como sus partidarios de gobierno han hecho caso omiso a esta cifra y han desprestigiado de nueva cuenta a la JEP. La impunidad para crímenes pasados y presentes ha reinado a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado con los acuerdos de paz.

El descontento con el gobierno de Duque llegó pronto y desde 2019 se ha hecho evidente:

  1. En 2019 hubo una primera marcha exigiendo en un inicio la renuncia del Fiscal General de la Nación por posibles vínculos relacionados a Odebretch y, posteriormente, un alto al asesinato sistemático de líderes sociales.
  2. Más tarde, en 2019, se presentó una moción de censura contra el Ministro de Defensa por un bombardeo en una zona rural como resultado de una operación contra un presunto cabecilla de las resurgidas FARC. En el bombardeo se presentaron a ocho menores de edad como miembros de la guerrilla.
  3. Posteriormente, comenzaron a presentarse masacres en zonas indígenas. Resalto especialmente el hecho de que por esas fechas se produjeron tres masacres en menos de dos días en zonas vulnerables. Ante dicha situación, el Comité Nacional del Paro convocó a un paro el 21 de noviembre.
  4. Durante dichas protestas se presentaron graves violaciones a derechos humanos. Dilan Cruz, estudiante de 18 años, fue asesinado por la policía mientras se manifestaba en Bogotá.
  5. En septiembre de 2020 fue asesinado el civil Javier Ordoñez a manos de un policía en un caso que semejó el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.
  6. Del 9 al 24 de septiembre de 2020 se presentaron diferentes manifestaciones a lo largo del país exigiendo justicia no solo por el caso de Ordoñez, sino por la brutalidad policial que se había presentado desde inicios de la pandemia. El total de víctimas mortales durante estas manifestaciones fue de once personas.
  7. A finales de febrero de 2021, el Comité Nacional del Paro convocó a un nuevo paro nacional para el 28 de abril. El lema para esta jornada fue Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Éste se dio como principal respuesta a la propuesta del gobierno de implementar una tercera reforma tributaria desde el inicio de su administración, hace menos de 3 años.
  8. Dentro de los motivos para la movilización se incluyeron la ausencia del Estado para acompañar a las comunidades asoladas por bandas criminales, las masacres, el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes de las FARC, las reformas en materia laboral, de pensiones y de salud, así como el deficiente manejo de la pandemia, sin mencionar el informe de la JEP sobre los 6,402 ‘Falsos Positivos’.
  9. Las manifestaciones fueron mucho más numerosas de lo esperado y el paro se extendió hasta el 4 de mayo, especialmente en ciudades como Cali y Manizales. La ONG Temblores publicó un comunicado en el que registró el asesinato de más 30 personas durante las marchas, más de 300 personas víctimas de algún tipo de violencia (física, sexual y secuestro/desaparición) y más de mil cuatrocientos casos de violencia policial. Durante las manifestaciones el presidente Duque anunció la “asistencia militar” en las ciudades para restablecer el orden público, antes de anunciar el retiro de la reforma tributaria.

La reforma tributaria fue solo la gota que derramó el vaso. Aunque la necesidad de una reforma es apremiante, dado que el Estado busca disminuir el déficit fiscal y seguir otorgando ayudas a las familias en condiciones vulnerables, la forma en la que buscaba implementarse solo apretaría más a la clase media. La propuesta de reforma tenía como objetivo ampliar la base de contribuyentes, y aumentar el IVA a productos que ya pagaban una tarifa de 5% –aumentando el precio base de bienes esenciales-. Además, buscaba aumentar el impuesto gradualmente a personas que ganaran alrededor de $840 USD al mes.

Las críticas no se hicieron esperar, ya que la reforma poco afectaría a las clases altas, dado que no se proponía un aumento de impuestos al patrimonio ni a los dividendos. Tampoco se hizo mención de paraísos fiscales ni se desmontaron los alivios tributarios que el gobierno ha otorgado discrecionalmente a varios sectores económicos bajo la llamada “Economía naranja”. Por otro lado, las críticas también vinieron en torno a las campañas de terror previas al anuncio de la reforma en la que se mencionaba la posibilidad de gravar productos de la canasta básica y servicios del hogar, medidas que al final no aparecieron en el proyecto.

En resumen, el descontento ha escalado ante la falta de, o mala respuesta del Estado, la deficiente implementación de los acuerdos de paz, la ausencia de garantías en zonas vulnerables, la pandemia, la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la desconexión total del gobierno con la ciudadanía. Esta disociación quedó en evidencia luego de que el presidente no llamara a la oposición ni al Comité de Paro a revaluar la reforma tributaria.

Fotografía: Camila Azcarate.

La situación en Colombia está desbordada y el orden público no va a volver con solo retirar una propuesta de reforma. La situación en ciudades como Manizales, Cali y Bucaramanga está fuera de control. La policía y los cuerpos antidisturbios están disparando indiscriminadamente contra las y los manifestantes, como un seguimiento de la ONG Temblores reportó, y de acuerdo a la denuncia de la ONU frente a las amenazas y agresiones de los que fueron víctimas miembros de una misión humanitaria en Cali. Por su parte, la ONG Elementa también ha registrado los nombres de varias de las víctimas asesinados a manos de la policía. Mientras el presidente tilda de terroristas a los manifestantes.

La comunidad internacional no puede seguir ignorando la represión y la brutalidad estatal contra los manifestantes, y es esencial poner especial atención a la nueva jornada de paro anunciada para hoy 5 de mayo. Se necesita un llamamiento al diálogo, una reforma policial –con el fin de acabar con el entrenamiento militar que se le han dado a cuerpos de la policía civil como consecuencia del conflicto armado y la batalla contra las drogas-, así como garantías para la correcta implementación de los acuerdos de paz.

Es momento de acompañar el hartazgo de las y los colombianos volteando a ver sus denuncias y acompañando su grito de justicia.

 

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Una respuesta a «Colombia bajo fuego»

  1. Gracias por escribir y sobre todo explicar la situación que hoy vive Colombia. Es una tristeza enorme, y espero que la paz pronto llegue a América Latina. ¡Gran texto!

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