¿Debería fincársele alguna responsabilidad a las autoridades por su actuación frente al COVID-19?

Hace unos días, el gobierno federal anunció una trágica noticia que no pareció tener impacto en el rumbo que el país actualmente tiene. En concreto, el gobierno reconoció que el virus del COVID-19 había cobrado la vida de más de 100, 000 personas a lo largo y ancho del país. Esta enfermedad mutiló decenas de miles de familias con el menoscabo de sus integrantes, apagó la llama de miles de historias con sueños y fue la causante de tristezas irreparables por la pérdida de seres queridos. 

Desde el mes de marzo del año en curso, cuando el gobierno federal decretó las medidas necesarias para combatir a este nuevo virus que vino a paralizar al mundo, miles de familias mexicanas han tenido luto y desgracias en su hogar. El gobierno federal dictó las pautas a seguir y las estrategias que debían tomarse, el uso no obligatorio del cubrebocas, la aplicación de la “sana distancia” y el poco uso de pruebas para detectar al virus fueron los escudos que se echaron a andar para combatir a este virus desconocido. Escudos que hoy en día se encuentran rebasados porque no han sido lo suficientemente efectivos para paliar su mortandad. 

Ante ello, surge la pregunta de evaluar si las medidas y estrategias implementadas por el gobierno federal fueron y son las correctas para domar a una enfermedad que tiene al país en los primeros lugares con personas fallecidas a causa de la misma. Esto es, viendo en retrospectiva es interesante analizar si el gobierno federal tuvo aciertos o desaciertos que nos tienen hoy en día con miles de personas fallecidas y con un confinamiento que parece no tener fin. Más aún, resulta relevante saber si podría fincársele algún tipo de responsabilidad a las autoridades que hoy nos tienen como el cuarto país a nivel mundial con mortalidad por el virus. 

Así, en primer lugar, resulta necesario conocer si el gobierno federal era la autoridad indicada para combatir una pandemia con dimensiones mundiales. En efecto, desde el inicio de la pandemia el gobierno federal, a través de una subsecretaría de la Secretaría de Salud, tomó el mando para dictar las pautas para combatir esta enfermedad. Una subsecretaría que en principio no tiene facultad constitucional y legal para dicha atribución, pero que gozó del ánimo presidencial para asumir esa responsabilidad. 

El Consejo de Salubridad General, por mandato constitucional, debió ser el órgano encargado para combatir esta pandemia, órgano que hubiese tenido que reunir a las personas más expertas del país para ser las analistas de este fenómeno epidemiológico. Este órgano colegiado con atribuciones constitucionales debió ser quién coordinara, implementara y dirigiera los esfuerzos para combatir al COVID-19. Sin embargo, dicho órgano se vio desplazado por el protagonismo de una subsecretaría que sólo tenía el aval presidencial. Así, se desplazó una visión colegiada para que imperara una sola visión y voz para combatir una enfermedad desconocida y apabullante. 

De tal manera que, de origen, el gobierno federal omitió convocar y dar protagonismo al órgano que nuestra Constitución faculta para combatir justo una pandemia. Un Consejo General de Salubridad que hubiera permitido una coordinación mejor entre el gobierno federal, estatal y municipal porque es un órgano con legitimidad jurídica para actuar, así como hubiera delineado las responsabilidades de estos distintos órganos de gobierno. Sin embargo, al inclinarse por una subsecretaría para liderar el reto, se optó por una opción que respondía y responde más al Poder Ejecutivo que a combatir la pandemia, lo que trajo como consecuencia la nula coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. 

Tal es la falta de coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, que mientras que en algunas entidades federativas es obligatorio es uso del cubrebocas, en otras entidades y a nivel federal no existe tal obligación. Todo ello responde a que la subsecretaría encargada de la pandemia ha querido imponer las medidas a seguir, cuando en realidad debió imponer coordinación y mucho diálogo, no obstante, se ve impedida a eso porque responde más a los caprichos ciegos del Poder Ejecutivo que a la imparcialidad para combatir la enfermedad.

Más aún, al dejar a un lado al Consejo de Salubridad General, la subsecretaría encargada de la pandemia quiso compaginar postulados del gobierno federal con el combate al COVID-19. En específico, instauró la austeridad republicana en el sector salud para luchar contra el virus, esto es, puso como eje rector el eficientizar los recursos en hospitales, en materiales médicos y en el uso de medidas para detectar el virus. Como resultado, obtuvimos que no hubiera pruebas masivas para la detección del COVID-19, que tuviéramos al personal de salud con deficiente material para tratar a las personas enfermas y que se tuvieran pocas instalaciones médicas para recibir y tratar a pacientes con dicho virus. 

Es cierto que este gobierno no es responsable del desastre en que se encuentra el sistema de salud. Sin embargo, tampoco hizo mucho para repararlo y acondicionarlo para combatir un virus que estaba haciendo estragos en países asiáticos y comenzaba a colapsar sistemas médicos europeos. En vez de eso, el gobierno federal se hizo llegar de pocos recursos para tener un sistema de salud decente para hacer frente a este virus. El poco gasto e inversión en el sector salud provocó tener defensas bajas para combatir y detectar a esta letal enfermedad.

Asimismo, en un principio se evitó obligar el uso del cubrebocas porque argumentaron que su efectividad no estaba garantizada. Es más, durante meses sostuvieron este argumento y no fue hasta que aumentaban las personas fallecidas cuando decidieron recomendar el uso de cubrebocas como medida complementaria a la sana distancia para mitigar el virus. Su necedad de evitar el uso de cubrebocas pudo ocasionar el esparcimiento de la enfermedad, cuando su uso en nada afectada a las personas y podía ser una medida extra para que el virus no fuera dispersado. Así, en fechas recientes está demostrado que su uso evita el contagio a más personas. 

Por todo ello, surge la cuestión de saber si hubo y hay una responsabilidad del gobierno federal en el manejo de la pandemia. Es cierto que la pandemia representó un reto nuevo y desconocido para los gobiernos a nivel mundial, sin embargo, las acciones de unos tuvieron efectos positivos y las acciones u omisiones de otros gobiernos tuvieron a miles de personass contagiadas y fallecidas. Por ende, sostenemos claro que debe fincársele responsabilidades a los gobiernos que por negligencia u omisión decidieron tomar un rumbo que provocó la pérdida de miles de vidas

Así, el tiempo juzgará si el gobierno federal actuó de manera correcta o no en el combate al virus del COVID-19. Y, sobre todo, la responsabilidad jurídica deberá sentar a los encargados de manejar la pandemia en la silla de los acusados, y evaluar si sus acciones u omisiones no rectificadas fueron la causa de la continua alza de personas fallecidas por este virus. 

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Abogado por el ITAM. Me apasiona el análisis de temas políticos y
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Historia y de la literatura.
En ocasiones soy corredor. Por destellos declamo poesía.
Frecuentemente escucho a “The Doors”.

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