La Comunidad LGBTT yucateca está por salvar la democracia local

Hace dos años, el Congreso de Yucatán rechazó dos iniciativas de reforma a la constitución local que buscaban reconocer el matrimonio igualitario en el estado. Desde entonces, el tema no ha vuelto a ser discutido en el pleno. En ambas ocasiones —el 10 de Abril y el 15 de Julio respectivamente— las iniciativas no fueron aprobadas con 15 votos en contra y 9 a favor. Las dos veces, la votación se emitió mediante cédulas por acuerdo de la Mesa Directiva, entonces dirigida por diputados y diputadas del PRI y el PAN. Esto quiere decir que, en vez de votar económicamente (a mano alzada) o nominalmente (por medio del sistema electrónico) —ambos métodos que permitirían que el sentido de los votos fuera público— las y los legisladores depositaron su voto anónimamente en un papel dentro de una urna.

En vista de los hechos, un conjunto de organizaciones, colectivos y activistas —como Article 19, el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, Amnistía Internacional y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE)— interpusieron dos demandas de amparo en contra del Congreso local. Estos recursos cuestionan tanto la forma en que se realizó la votación (por medio de cédulas), como el fondo (la decisión de rechazar las iniciativas). Meses después, y tras pasar por los juzgados locales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tribunal más alto de México, atrajo ambos amparos para su discusión y resolución. Si bien ambos procedimientos legales son fascinantes, el primer amparo me ha captivado por su capacidad para demostrar por qué la promoción y defensa de derechos, especialmente cuando es a favor de una minoría, está en el interés de todes. Hay razones éticas, políticas y legales por las cuales el matrimonio igualitario debe ser una realidad en nuestro estado. Aún así, para quienes esto no sea suficiente, el amparo 27/2021 quizá logre dimensionar el largo alcance que promocionar o denegar derechos puede tener para la sociedad en general. El caso YucaBrexit es sobre derechos humanos, sí. Es principalmente sobre una comunidad que ha permanecido soslayada por mucho tiempo en Yucatán; pero también es sobre mucho más. El primer amparo ofrece el potencial para vigorizar la democracia local, dar un golpe en la mesa en cuanto a la rendición de cuentas y repensar nuestro derecho ciudadano a la libre expresión. La comunidad LGBTTQ+ yucateca, con apoyo de la SCJN, estaría a un paso de dar una descarga eléctrica para salvar nuestra democracia arrítmica.

Para entender la trascendencia de este caso, no hay mejor lugar para buscar que el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En el documento, el ministro nos hace la chamba difícil y explica por qué la decisión del Congreso de Yucatán de usar cédulas al momento de votar sobre el matrimonio igualitario no sólo es ilegal, sino que también atenta contra nuestros derechos constitucionales a la libertad de expresión y participación pública.

Si nos vamos de lo más concreto a un razonamiento más abstracto, empecemos donde el ministro Carrancá va terminando: un análisis integral del Reglamento y la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Las conclusiones son contundentes; quizá porque bastaba con que las y los legisladores leyeran los 12 artículos del capítulo IX de su Reglamento para saber que no podían usar cédulas para tomar una decisión de tal magnitud. El por qué es sencillo. Según el artículo 107 del Reglamento, las votaciones de proyectos de ley y decretos, al igual que cualquier otro asunto deben ser económicas  —con que levanten la mano es suficiente. El artículo predecesor (art. 106) ofrece cuatro casos en los que la votación puede ser nominal si así se desea. De cualquier forma, siempre debe ser posible conocer el sentido del voto de las y los legisladores. El artículo 110 del mismo Reglamento luego prevé el uso de cédulas cuando lo que se está votando son específicamente personas, pues una vez concluida la votación se leen en voz alta y se “anotan los nombres […] y el número de votos que a cada uno toca”. El artículo 13 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo pone el último clavo: el uso de cédulas está permitido una sola vez, en la primera sesión de una nueva legislatura y con el único propósito de elegir a la primera Mesa Directiva. En resumidas cuentas, la votación secreta fue ilegal porque está permitida para una única cosa, y los legisladores, con descaro, decidieron usarla para otra.

Por segunda ocasión, Congreso de Yucatán dice no a los matrimonios igualitarios. Animal Político. (2019, Julio 15)

Sin embargo, más allá de los tecnicismos, el voto secreto en contra del matrimonio igualitario también es inconstitucional por menoscabar nuestra libertad de expresión y el derecho a la participación pública. Aquí, vale la pena explayarse un poco. Normalmente, cuando solemos pensar en la libertad de expresión, suele ser como un derecho a decir lo que pensemos sin miedo a ser censurados o arbitrariamente restringidos. Esta es la dimensión individual: (con algunas excepciones constitucionales) yo puedo expresar mis pensamientos, mis ideas e información libremente. Pero la libertad de expresión también tiene una vertiente social entendida como el derecho colectivo a procurar y recibir cualquier información, conocer los pensamientos ajenos y estar bien informades. Como tal, la libertad de expresión es presumiblemente la piedra angular de nuestra democracia: para deliberar de manera abierta, honesta y sin reservas los temas y decisiones que nos afectan a todas las personas, necesitamos un medio donde circulen ideas y todes puedan expresarse de manera informada. De este razonamiento surge la necesidad, fundada tanto por la doctrina interamericana como la de la propia SCJN, de que el Estado se rija con publicidad y transparencia al garantizar el acceso a la información. ¿Por qué? Porque es justamente por medio de la dimensión social de la libertad de expresión que las personas, con el escrutinio a la labor pública podemos representar un contrapeso al ejercicio del poder, formar una opinión sobre asuntos políticos y volvernos un electorado informado [1].  Si no sabemos cómo votan las y los legisladores locales, nos quedamos sin la habilidad de conocer y juzgar sus ideas y actitudes. Nos quedamos sin poder demandar respuestas concretas, sin decidir de manera informada entre programas y partidos políticos. Nos quedamos sin control democrático. Esto porque, el Congreso, al ser un espacio público y albergar a representantes, emite siempre información de naturaleza política. Así es, votar en secreto y negar el matrimonio igualitario es una decisión política y, como tal, todos sus componentes deben ser públicos. ¿Qué pasa cuando las y los representantes, obligados a rendir cuentas sobre su actuación votan en secreto? Fácil y en palabras del ministro Carrancá: “cuando la actividad parlamentaria se realiza sin transparencia, el poder legislativo deja de cumplir con su obligación de “representar”, pues pierde la necesaria conexión que debe existir entre el Estado y la sociedad”.

El proyecto de sentencia concluye, entonces, que el amparo presentado por los colectivos y organizaciones LGBTTQ+ del estado está fundado y es procedente. Aunque el pasado 7 de Julio la SCJN decidió posponer la discusión del amparo 27/2021 hasta nuevo aviso, considerando la jurisprudencia de la más alta corte del país y el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, es de esperar que se otorgue el amparo a la parte quejosa. De ser así, la comunidad LGBTTQ+ estaría un paso más cerca de recibir justicia tras ver sus derechos denegados múltiples veces por la legislación local. El trabajo de todos los colectivos y sus miembros es inspirador, emocionante e increíblemente significativo y así, en defensa de sus propios derechos, llevando su propia lucha hasta las más altas esferas del poder, están impulsando una sociedad más democrática, libre e inclusiva para todes.


Referencias:

[1] Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Proyecto de sentencia en el amparo en revisión 27/2021, a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, párrafo 93.

Fondea el contenido joven

YucaPost es un proyecto autogestivo y sin fines de lucro. No recibimos patrocinios privados ni fondos públicos, pero tú puedes ayudarnos suscribiéndote a nuestro Patreon o haciendo una donación por PayPal. Tu apoyo será destinado exclusivamente a pagar costos de dominio, mantenimiento y alojamiento.

Estudiante de Ciencias Políticas y Derecho Internacional en un Programa de Doble Titulación entre L'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) y the University of British Columbia.

Obsesionado con el estudio del poder, me dedico a interpretar, evaluar y explicar eventos, patrones y estructuras de política.

Yucateco primero. Lo único que me gusta más que una buena conversación es un buen café

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *