Ni un paso atrás hasta que se esclarezcan los acontecimientos #JusticiaParaClaudia #JusticiaParaJessica

– Por: Red Nacional de defensoras y defensores de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y Agrarios (@RedDESCAA)

 

En un contexto de manifestaciones y protestas por el racismo y abuso sistemático por parte del cuerpo policiaco a nivel mundial; en México, el conocimiento de la ejecución extrajudicial de Giovanni López a manos de policías en Jalisco, detonó protestas en diversos puntos del país. Torreón, Jalisco, Ciudad de México y San Luis Potosí, fueron las entidades donde jóvenes se manifestaron demandando justicia en el caso «No es una muerte más en la estadística. Se llamaba Giovanni López y lo asesinó la policía». También, en éstas se reportaron Detenciones Arbitrarias (DA) y tortura durante los días 4, 5 y 6 de junio, que CEDHJ dice, dan pie a calificarse como desapariciones forzadas por no tener un registro que esclarezca los motivos de las detenciones, así como el paradero al que habían sido trasladadas en ese momento las personas detenidas.

Solamente de 2001 a 2017, la CNDH registró 13, 262 quejas sobre detenciones arbitrarias en México y emitido 168 recomendaciones sobre casos concretos. Por lo que el caso de Giovanni López, es un eslabón en la cadena de arbitrariedades por parte de la policía.  Algo importante de señalar, es que la omisión de políticas públicas que permitan el acceso a derechos individuales y colectivos durante la crisis sanitaria, han sido subsanadas con medidas ni efectivas ni benéficas del derecho penal en varios estados; que según SEGOB, representan un uso de la fuerza pública en una medida lesiva, desproporcional, que da paso a abusos de autoridad y no corresponde al objetivo de salvaguardar la salud pública.

Detenciones arbitrarias y criminalización de la defensa de DDHH

En México, tanto las ejecuciones extrajudiciales como las detenciones arbitrarias no son un problema de reciente aparición, sino un primer antecede histórico que se tiene al respecto es la denominada guerra sucia. Durante la guerra sucia en 1970, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la tortura, se convirtieron en prácticas sistemáticas llevadas a cabo y/o toleradas por el Estado

Durante el año 2017, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se reconoce que «las detenciones arbitrarias constituyen una práctica cotidiana en México y son el primer momento de una cadena de graves violaciones a derechos humanos como la tortura, los tratos crueles degradantes e inhumanos y desapariciones forzadas». En este mismo informe, se señalan los arrestos políticamente motivados, los cuales tienen como finalidad cesar la labor de defensa de DDHH mediante la privación penal de la libertad, la intimidación y el hostigamiento. Dichas detenciones, en su gran mayoría, han ocurrido en manifestaciones, por lo que hay que reconocer el carácter democrático de la protesta, ya que es una de las formas del ejercicio de al menos dos derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos –ratificada por México en 1981– (CIDH), que son la libertad de expresión y el derecho de reunión. Hasta el 31 de mayo de 2018, 348 personas defensoras de derechos humanos estaban privadas de la libertad por motivos políticos en México, esto solo incluye a personas registradas desde 1997, y que llevan hasta 21 años en prisión.

Las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza son mecanismos ilegales, pero no ilegítimos. Son muchas las instituciones de seguridad que informalmente validan estas prácticas, señala Silva Forné en una entrevista para Animal Político. Por lo que la constante criminalización y persecución a activistas y defensores/as de Derechos Humanos es algo de lo que no puede prescindir este análisis. Esto debido a que la CIDH reconoce un patrón de detenciones arbitrarias a personas defensoras de DDHH, reforzando el discurso de criminalización de la labor de defensa, haciéndolas pasar por acciones criminales e ilegales. «La detención arbitraria es utilizada como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales, movimientos estudiantiles u opiniones críticas contra funcionarios públicos y otros actores estatales.»

Detenciones arbitrarias y abuso de poder: caso Claudia Hernández

Como se mencionó al inicio, las protestas de indignación por el caso de Giovanni, se llevaron a cabo paralelamente en varias ciudades. En San Luis Potosí, durante la tarde del 5 de junio, alrededor de 100 personas se reunieron en la Plaza de Armas en apoyo a los manifestantes reunidos en Jalisco un día anterior.

Durante la protesta se detuvieron a 11 personas que presuntamente participaron en los disturbios del Congreso del Estado. No obstante, solo 3 personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas la defensora de Derechos Humanos Claudia Hernández y la documentalista Jessica Pardo. Distintos colectivos en San Luis Potosí, convocaron a una rueda de prensa el pasado 8 de junio, donde Roxana Hernández declaró «Claudia Hernández es mi hermana y compañera de lucha, hoy se encuentra en libertad pero con medidas cautelares por los delitos: daño a las cosas, daño a las cosas equiparado y motín en co-autoría». Cabe señalar que la participación de Claudia era la de observadora de DDHH por parte de varios colectivos de defensoría y cuestiones ambientales, también como integrante del colectivo #YoSoy132 para desarrollar labores de observación y mediación durante la marcha.

«La detención se nos hizo de manera arbitraria, nosotras en ningún momento participamos en los hechos de violencia ni destrucción de los bienes con los sujetos encapuchados que no fueron detenidos pese a que existe material que documenta su accionar durante la protesta». Roxana Hernández denunció también que al llegar al edificio de seguridad y ser bajadas de la camioneta blindada en el estacionamiento, eran 11 personas detenidas, el 11vo -un sujeto de blanco, identificado como Sebastián Domínguez López- no se encuentra en la lista de los detenidos, tampoco recibió golpes ni hostigamiento por parte de la policía estatal «En el estacionamiento nos golpearon, lo cual se considera tortura, nos golpearon severamente, nos quitaron nuestras pertenencias y ningún mando detuvo los golpes. Ahí nos dimos cuenta que al sujeto de blanco no lo golpeaban […] el chico de blanco no estuvo en las celdas, fue puesto en libertad en la madrugada». Hoy día se ha logrado identificar a Sebastián Domínguez como militante de derecha, así como parte del Frente Revolucionario Aliado Anti- Represión (FRAAR), que actúa teniendo como objetivo la destitución de Andrés Manuel López obrador.

De acuerdo con el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, el panorama general en San Luis Potosí, indica que las autoridades  justifican las DA como preventivo de conductas delictivas, y el problema es aún más grave cuando los sectores ciudadanos aceptan esta lógica. Las detenciones se han naturalizado a tal grado que durante el periodo de 2010 a 2016 se registraron 80,359 detenciones arbitrarias a jóvenes que tenían entre 12 a 35 años, y un 94.43% fueron llevadas a cabo en la zona Metropolitana.

Sin duda, lo más grave es la legitimación de las detenciones arbitrarias como el medio para instaurar el orden social. Es por ello que la detención de la defensora de Claudia Hernández, no puede ser parte de la narrativa que manejan periódicos locales, de castigar a los responsables, e imputarles cargos. La persecución política es una forma de control desde la mirada panóptica de Foucault. Las DA no son hechos apolíticos, no es una coincidencia que Claudia y Roxana Hernández hayan sido detenidas siendo miembras activas del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y el Movimiento en Defensa de la Sierra de San Miguelito.

Estos acontecimientos nos dejan tres interrogantes ¿Acaso estas convocatorias son una trampa para las y los activistas defensores de DDHH, ante los proyectos de desarrollo?, ¿esta criminalización seguirá replicándose en otros contextos, donde se pretenden instaurar megaproyectos?, Ante este panorama ¿qué medidas de seguridad debemos tener presentes las y los defensores de derechos humanos?

Como expresó Weber, el Estado se ha convertido en el monopolio de la violencia legítima, de modo que estas formas de dominación social son un actuar sistemático para menguar la lucha social en distintos territorios, como es el caso de las detenciones arbitrarias en San Luis Potosí y Jalisco.

Las detenciones de Claudia Hernández y Jessica Pardo en San Luis Potosí; Kenia Hernández en Estado de México; Yahir Moreno, Roberto Ornelas, Mario Rubio, Nicolás Ramos, Ángel Sánchez y Jonathan Maldonado en Jalisco, no son un mero abuso de autoridad, son una acción concertada para la persecución de activistas y defensoras de Derechos Humanos. 

Del centro al sur. Comunicóloga en formación.

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