La metamorfosis de la Guardia Nacional

Desde su concepción, la propuesta de López Obrador de utilizar una Guardia Nacional para tareas de seguridad fue poco clara; principalmente porque en términos de la Constitución —antes de la reforma que fue necesaria para materializar su idea—, el texto hacía referencia a un cuerpo de reserva conformado por autodefensas en caso de una conmoción interna o externa.

Pese a la confusión, López Obrador nunca se molestó en aclarar el punto —ni en explicar a profundidad, como es costumbre, su idea— y dejó pasar el tiempo hasta la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Dicho plan esclareció algunas dudas que se tenían acerca del “proceso de pacificación” que emprendería el nuevo gobierno. No obstante, fue un indicador que la estrategia de seguridad se presentara al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.

A partir de noviembre de 2018 ya existía un bosquejo más claro de lo que sería la Guardia Nacional para López Obrador: “un cuerpo de seguridad, conformado para hacer frente a la inestabilidad y delincuencia que no podía ser atendida por la Policía Federal”. Tendría equipamiento diferenciado, dividido en grupos de contacto y equipo operativo. Sin embargo, los cuestionamientos de parte de la sociedad civil y la academia no se hicieron esperar.

Una de las principales (y necesarias) críticas que se hizo fue para recordarle a todo el mundo que la promesa en campaña fue retirar a las fuerzas armadas de las calles, no constitucionalizar su presencia a través de formalidades jurídicas. También fue recurrente problematizar la necesidad e implicaciones de un mando civil, en lugar de un mando militar. Asimismo, se cuestionó la incorporación de elementos del Ejército y la Marina al personal de la Guardia Nacional, entre otras cosas, porque su formación no es propia para tareas de seguridad interior. Finalmente, otro de los temas recurrentes fue el abandono a las fuerzas policiales en los tres niveles de gobierno, los pocos controles que se tenían previstos para esta nueva fuerza armada hecha a modo (del Presidente) y la perpetuación de los militares en las calles durante el sexenio.

En síntesis, la consigna del Ejecutivo Federal hacia el Poder Legislativo era que existiera un marco jurídico para poder llevar a cabo su propósito, y en las Cámaras respondieron muy complacientes. La iniciativa se promueve en 20 de noviembre de 2018, llega a la cámara de Diputados y se vota en lo general y en particular el 16 de enero. Posteriormente, en el Senado, luego de escuchar (al parecer, a oídos sordos) a la academia y sociedad civil, se votó unánimemente un sí y la reforma constitucional quedó aprobada el 21 de febrero. Como fue reforma constitucional, tuvo que ser aprobada en los congresos locales, alcanzando el mínimo de votos el 13 de marzo, y finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo.

Haciendo como si les importara la legalidad, el Senado convocó a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar en fast track la legislación secundaria que debió establecerle límites a la Guardia Nacional, entiéndase su ley Orgánica, su reglamento, la Ley de Registro de Detenciones y la Ley de Uso de la Fuerza. El 23 de mayo fueron aprobadas en la cámara de diputados y publicadas en el Diario Oficial el 28 de mayo.

Como si no tuviera importancia, los despliegues y otros anuncios relacionados con el personal de la Guardia Nacional no esperaron a que terminara el proceso legal y empezaron desde finales de abril. En pocos días se comenzó con los despliegues en Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California, enviando a elementos del Ejército y la Marina sin los uniformes que el gobierno presentó pero con un distintivo en la manga con las siglas “GN”. Cabe mencionar que no están obligados a recibir controles de confianza para sus nuevas funciones, y armados con pistolas de calibre 9 mm, fusiles FX-05, bastones PR 24”, además de otras armas largas y equipo antidisturbios y de inmovilización no letales,  están saliendo a las calles para sustituir a la Policía Federal .

Diversos medios han reportado que personal de las fuerzas armadas ha detenido e incluso herido con arma de fuego a migrantes en la frontera sur, y no es de sorprenderse. No es que todas las personas que forman parte de las fuerzas armadas tiendan a realizar este tipo de prácticas (violatorias de derechos humanos), pero tiene mucho sentido cuando hacia adentro se legitiman por costumbre y por la impunidad histórica. Si bien la información que se tiene es que sólo personal del Servio de Policía del Ejército y la Marina, que cumpliera con ciertos requisitos podía incorporarse a la Guardia Nacional, en la historia del Ejército no pueden olvidarse la tortura, ejecuciones y detenciones arbitrarias, desaparición forzada e incluso vuelos de la muerte. ¿Será distinto con la Guardia sin controles?

Casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla, Ana, Celia y Beatriz Gonzales, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, Jorge y Javier y Nitzia Paola Alvarado, dicen mucho. Todos estos casos agotaron las instancias internas y en el camino mostraron una radiografía del sistema jurídico y político en México, un sistema que no es capaz de brindar acceso a la justicia por violaciones a los derechos humanos que son recurrentes.

En estos casos el común denominador es la impunidad, hay espacios compartidos y víctimas con cierto perfil, y, sobre todo, los mismos perpetradores y las mismas fallas institucionales que permiten la repetición de los actos. Recientemente, se dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior debiera ser extraordinaria, subordinada, regulada mediante mecanismos legales y fiscalizada por órganos civiles, por eso es que preocupa tanto que la Guardia Nacional sea desplegada de manera reactiva, sin planeación y con poca transparencia de a quienes están mandando a las calles. Ojalá en su transformación, la Guardia no se convierta en una estrategia sin sentido que traiga consigo las violaciones a los derechos humanos que venimos sufriendo desde 2006.

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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