¿La nueva reforma judicial va a combatir la corrupción?

Desde hace ya varios años que nuestro país atraviesa una crisis real de justicia que ha sido diagnosticada en varias de sus dimensiones. No resulta sorprendente que de los resultados arrojados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI en 2017, se advierta que únicamente el 31.7% de la población mexicana confía en sus jueces y magistrados, lo que denota una falta de legitimidad social.

Lamentablemente, casi no existen datos objetivos que cuantifiquen la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció en una entrevista con El Universal, que “hay un número de juzgadores que incurren en conductas indebidas, algunos lo hacen de manera aislada y otros lo hacen de manera casi organizada. Hay algunos circuitos donde hemos tenido información de que hay problemas serios de corrupción.”

En este mes de febrero, se propuso una iniciativa de reforma judicial, que dentro de sus características se encuentra la del fortalecimiento de la carrera judicial. Es decir, se piensa regular de una mejor manera las reglas y principios que reglamentan las adscripciones, capacitaciones, responsabilidades administrativas, políticas de combate al nepotismo y corrupción, entre otras.

Pareciera, a simple vista, que la reforma que se piensa llevar a cabo es buena. Sin embargo, me preocupa que sea el Poder Legislativo quien defina dichos criterios sobre el combate a la corrupción, pues estaría vulnerando el principio constitucional de independencia judicial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado (en la tesis jurisprudencial P. XIV/2006) que la independencia judicial constituye un principio de rango constitucional mediante el cual los titulares de órganos jurisdiccionales deben emitir sus resoluciones con apego a derecho y sin influencias ajenas, y que a su vez, cuenten con protección relacionada con el nombramiento y duración del cargo, no disminución en la remuneración que perciben, entre otros.

De acuerdo con la Suprema Corte, este principio también incluye que para tomar decisiones internas de carácter administrativo como lo va a ser la regulación de la carrera judicial y el combate al nepotismo y corrupción, éstas deberán tomarse sin injerencias de otros poderes de la unión.

Repito, me parece que puede ser peligroso que el Poder Legislativo regule lo anteriormente mencionado y no el propio Consejo de la Judicatura Federal, quien ya tiene estas atribuciones legales. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede; pero lo que sí es cierto, es que ya estamos cansados como sociedad de los problemas que aquejan a nuestras instituciones de justicia. Esperemos que sí sea una reforma que logre, entre otras cosas, combatir la corrupción.

 

 

Abogado, servidor público, activista en derechos humanos y fan del rock ochentero.

Escribo mis inquietudes personales y jurídicas en este blog.

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