La lucha sigue y sigue

México es un país peligroso para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente; al igual que muchos en América Latina y el mundo. Front Line Defenders reporta que más de la mitad de las personas defensoras y activistas asesinadas en el mundo eran de México y Colombia, convirtiéndolos en los países más peligrosos para realizar alguna actividad relacionada con la defensa, protección, organización, capacitación o actividades de difusión relacionadas con la resistencia hacia proyectos públicos o privados de cualquier naturaleza.

Usualmente, estos proyectos consisten en desarrollos inmobiliarios, agrícolas, industriales, de infraestructura o de energías renovables que se alinean a políticas económicas gubernamentales; es decir, aunque exista o no la participación directa de capital público en los proyectos, siempre hay una voluntad institucional para promoverlos, ya sea a través de políticas o leyes que los favorezcan. Por otro lado, además de los intereses públicos, siempre existen empresas o corporativos que podrían resultar beneficiados de este tipo de proyectos.

En esta sintonía, suele haber promoción de los beneficios (mayoritariamente económicos) que podrían generar y el “desarrollo” que traerán consigo. Desafortunadamente, los espacios que se destinan para ser realizados son espacios no urbanizados que son habitados por pueblos originarios o comunidades rurales, lo cual representa (en menor o mayor medida) un “obstáculo” y es ahí donde inicia el punto de quiebre.

Los proyectos mejor pensados consideran a estas personas para tomar medidas que reduzcan el impacto social y ambiental de estos “desarrollos”, pero hay casos donde no consideran relevante su participación o las leyes exigen estándares tan mínimos que los acaban excluyendo en muchos sentidos. Es en estos puntos donde se generan “cortos circuitos” que provocan distintas formas de afectación y tensiones que dan lugar a dinámicas más complejas.

Uno de los problemas más comunes es que la información que comparten los gobiernos y/o empresas a las personas/comunidades es parcial o incompleta. A nivel individual o colectivo, dentro de los territorios donde se pretenden realizar estos proyectos, se genera confusión o diferencias entre actores locales, que para explicarlo de forma simple, se dividen en “quienes están a favor”, “quienes están en contra” y “quienes no tienen una postura definida” sobre los proyectos.

En respuesta, los gobiernos o entes particulares suelen “influenciar” las opiniones para que los proyectos tengan mayor aceptación, ya sea a través de beneficios adicionales o a través de grandes campañas de promoción. No obstante, esto no suele ser suficiente cuando las personas/comunidades no quieren que sus actividades o modos de vida sean desplazados o afectados por los nuevos proyectos y ahí comienzan las “otras estrategias”.

Cuando la oposición/resistencia no se puede negociar, es común que existan campañas de desprestigio en contra de las personas u organizaciones que se oponen a la realización de dichos proyectos por parte de los gobiernos y entidades privadas. Asimismo, es común que se utilicen los marcos legales en contra de personas y grupos de personas que se oponen a estos proyectos, a veces por legislaciones penales laxas que permiten que actividades de organización y protesta sean consideradas delitos y otras veces por la vía civil o fiscal. Todo esto con la intención de debilitar o disminuir las resistencias.

PBI, Amnistía Internacional, Global Witness y CEJIL reportan que además de la criminalización de la defensa del territorio, se suele recurrir a amenazas, hostigamiento, agresiones y asesinado como “estrategia de disuasión”. Y si bien no se trata de algo reciente, los últimos años ha ido en aumento. En México este año se reporta que al menos 14 asesinatos de personas defensoras: Sinar Corso, Estelina Gómez, Noe Jiménez, Santiago Gómez, Gustavo Cruz, Bernardino García, Óscar Carzorla, José Bartolo, Modesto Morales, Samir Flores, Eulodia Díaz, Leonel Díaz, Manuel Martínez, Abiram Hernández, José Luis Álvarez y Nora López.

Todas estas personas vivieron para exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes y el respeto hacia sus derechos humanos colectivos e individuales; y no obstante que previo a su asesinato hubo algún tipo de ataque de menor intensidad, la institucionalidad no fue capaz de garantizar su seguridad. Por eso, y porque en este gobierno existen varios “proyectos estratégicos” que se encuentran en la dinámica clásica a la que se hace referencia al principio de este texto, es una urgencia tomar medidas frente a los riesgos que su labor implica.

En concreto, debe (1) fortalecerse el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, (2) reconocerse públicamente la importancia de la labor de personas defensoras, (3) terminar con los discursos que deslegitiman o crean visiones distorsionadas de su labor, (4) ratificar el instrumento regional que establece obligaciones en materia de protección de personas defensoras y otros derechos relacionados con la justicia ambiental —Acuerdo de Escazú—, (5) dejar de excluir a las personas que habitan los territorios en los que se pretenden realizar los proyectos en las distintas etapas de su desarrollo y (6) dejar de imponer modelos de desarrollo que sean culturalmente ajenos a las personas y comunidades indígenas y campesinas en el país. Desde luego que escucharlas y permitir su participación de manera amplia es algo que debe hacerse, pero más allá de una necesidad es una obligación.

 

 

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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