IVA a las plataformas digitales: ¿positivo o negativo?

Durante estos días las personas usuarias de las plataformas digitales como Spotify, Netflix, Prime Video, HBO, Airbnb, Uber, y otras, han recibido correos en los que se les informa que aumentarán sus tarifas. A partir del primero de junio, un 16% en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Medida que es establecida por una reforma a la Ley del IVA y que forma parte de la Ley de ingresos para el año 2020.

Siempre resulta polémico el incremento de los impuestos y levanta olas de inconformidad por parte de quien debe pagarlos. Sin embargo, vale la pena cuestionar si nuestra indignación va a lugar o si es una necesidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Un poco de contexto: México, como toda Latinoamérica, tiene problemas para combatir la multidimensional pobreza y las brechas de desigualdad y de género, que al final se traducen en violaciones generalizadas y estructurales a derechos humanos.

Problemas que han sido históricos en dichos países y que, en gran parte, se debe a la construcción de sus políticas fiscales con cargas impositivas bajas (se cobran pocos impuestos) y una estructura tributaria desequilibrada en la que predominan los impuestos indirectos (aquellos sobre bienes y servicios que no consideran los ingresos).

Lo anterior, ha generado un estancamiento económico y disminución en el gasto social. Entorpeciendo así, la obligación internacional de los estados para utilizar el máximo de los recursos disponibles ($) y hacer cumplir de manera progresiva los derechos humanos.

¿Esto qué quiere decir?

Que, si el Estado no recauda el dinero suficiente, no puede cumplir con su obligación de otorgar el mínimo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y grupos en situación de pobreza. Por lo tanto, podrían profundizarse las desigualdades y aumentar en empobrecimiento de la población.

Pero ojo, ese no es el único problema. En países como México, se ha cargado de impuestos que indirectamente afectan los ingresos de las personas trabajadoras. Es decir, el IVA a la canasta básica va a afectar mucho más a las personas con menos ingresos o personas en situación de pobreza (acceso a menos productos por menor ingreso), que a las personas más privilegiadas (acceso a más productos por más ingresos). Esto, en lugar de aumentar los impuestos que afecten directamente a las personas ricas.

Por si fuera poco, en México las personas en el 20% de mayores ingresos obtienen el 31.6% del gasto público para el desarrollo humano y el 20% con menores ingresos recibe apenas el 13.1% del gasto.

Luego de esa pequeña introducción a los impuestos y su análisis desde la pobreza y los derechos humanos, toca regresar a la pregunta objeto de este artículo. Para ello, tenemos que comenzar por decir que, de entrada, no hacía sentido que esas empresas fueran las únicas exentas de obligaciones fiscales y, por ende, este día tenía que llegar tarde o temprano.

Además, aunque es un impuesto indirecto, tenemos que considerar que se está estipulando sobre bienes y servicios no esenciales y que afectarán a un segmento de la población que goza con ciertos privilegios como lo son el acceso a internet y un aparato o aparatos por los cuales hacer uso de ellos.

Por otro lado, aunque creo que bajo las reglas en las que opera nuestra política fiscal, es positivo que recauden IVA las plataformas digitales. También creo que se debe reducir la recaudación por medio de impuestos indirectos que sigan afectando a las personas con menos ingresos y que, por el contrario, aumenten aquellas que graven la riqueza y a las personas en proporción a sus ingresos.

¿Qué sucede en la realidad?

El ejercicio del gasto. En redes se ha mencionado que no sería tan malo el impuesto y la recaudación si el presidente no lo utilizara para el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas. Sí, aumentar la recaudación para que se dirija a megaproyectos mal estructurados, es indignante. Para ello, me gustaría citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Pobreza y Derechos Humanos”:

“[…] además de destinar recursos públicos por un monto suficiente para la implementación de políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza, y para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados deben velar por el uso apropiado de tales recursos y rendir cuentas al respecto

La recaudación y la política fiscal deben ir acompañada de la rendición de cuentas y transparencia para poder estar apegadas a los estándares de derechos humanos. El ejercicio del gasto debe ser responsable e integral acorde a las necesidades poblacionales y no sujeto a la discrecionalidad de los intereses políticos.

Como sociedad civil nos corresponde exigir el uso apropiado de los recursos públicos y poner el dedo en el renglón para fiscalizar el gasto público del Poder Ejecutivo que, en tiempos de la 4T, se ha vuelto deliberadamente más discrecional.

Extra: también se les retendrá el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

 

Tengo 23 años y estudio derecho. Escribo de lo que me transita desde los derechos humanos. Me interesan los temas de justicia distributiva, políticas públicas y derechos de las personas LGBT+. Lo más importante para mí en este blog, es ofrecer un espacio seguro para todas las personas históricamente discriminadas a las que nunca nos han escuchado.

Considero que es importante cuestionar todo desde el aprendizaje empático y en compañía de una taza de café.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *