Hoy más que nunca: las niñas no se tocan, no se violan y no se matan

Por María Fernanda Ramos Araujo

Cuando Liliana tenía 5 años, fue víctima de violación. Como muchas niñas, tuvo padres que trabajaban todo el día y que la dejaban a cargo de una niñera. La violó su cuidadora. Liliana no le dijo a nadie, porque ni siquiera sabía lo que le había pasado, solo sabía que se sentía mal. Poco tiempo después, su cuidadora dejó de trabajar en su casa, pero nunca volvió a sentirse a salvo.

Cuando Liliana tenía 11 años, un equipo de policías fue a dar una plática sobre violación y abuso sexual en su primaria. Fue la primera vez que alguien nombraba algo parecido a lo que le había pasado. Se preguntó si lo que le había ocurrido no era violación, porque no lo había hecho un hombre. Se preguntó por qué nadie la había cuidado (y mucho tiempo después, entendió que ella, la que la violó, era quien debía cuidarla). Pero, sobre todo, se llenó de enojo; entendió que alguien le había quitado algo, le había roto algo, le había hecho algo que no estaba bien. Se llenó de ira al saber que ella debió de haber sido protegida de esa tragedia y que no lo fue. Que nadie supo. Que nadie hizo nada. Que nadie preguntó. Nadie la salvó ni la sanó, ni siquiera se enteró. Con toda esa rabia que tenía en su interior, se acercó a la policía y entre lagrimas, le preguntó: ¿si alguien me hizo algo así hace mucho tiempo, ustedes me pueden ayudar?

Liliana me dice que las palabras de esa policía se quedaron marcadas en su corazón. La policía, sin ver más que un instante, a esa niña llena de ira y de dolor, le contestó: “nombre, seguro ni hay pruebas. Además, eso ya prescribió”. Liliana, en ese momento, ni siquiera entendió que era prescripción. Pero sí entendió algo: que a nadie le importaba ni escucharle, ni creerle, ni protegerle. Entendió que era mejor guardarse lo que le había pasado y nunca hablarlo. Sepultar y olvidar. Negar. Protegerse ella solita, para que nadie le volviera a hacer algo igual y jamás volver a tratar de buscar ayuda en un mundo que no tenía pretensión alguna de cuidarla.

Me confiesa que —mucho tiempo después, cuando encontró un lugarcito en el feminismo y conoció abogadas feministas— la rabia comenzó a brotarle por los poros y se convirtió en semillas que se volvieron bosques enteros de una conciencia eterna y rampante de injusticia. Entendió todos los derechos que le habían violado, toda la justicia que le habían negado. Se dio cuenta que el delito que le hicieron no había prescrito cuando trató de buscar ayuda. Comprendió que el derecho penal no había sido hecho ni para creerle, ni para sanarle ni para darle justicia.

Como Liliana, cada año 5.4 millones de niñas y niños son víctimas de violencia sexual. Como a Liliana, cada año, a 5.4 millones de niñas y niños las lastiman, las abusan y las marcan. Como a Liliana, cada año, 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual por parte de las personas que tenían que cuidarlas; sus padres, sus padrastros, sus tíos, sus hermanos, sus primos, sus abuelos; son los padres en las iglesias a las que van cada domingo, son los maestros que deberían estarles enseñando a leer, son los vecinos; son las personas cuidadoras con las que les dejan sus padres y sus madres que trabajan. Al igual que en el caso de la violencia sexual en contra de mujeres adultas, el 99% del abuso sexual infantil queda sin justicia: por cada 1000 casos de abuso sexual infantil, solo 100 son denunciados, y de esos, solo 1 llega a una condena.

Pero esto no sorprende a nadie: los Ministerios Públicos conocen muy bien que los delitos sexuales tienen una naturaleza privada que pocas veces deja huella y donde entran en juego relaciones sociales de poder de las cuales es muy difícil salir. Conocen que las niñas en México no solo tienen que convivir con su agresor, sino que se encuentran en círculos familiares que activamente les reprenden por hablar de lo sucedido y que les ordenan que “no lo cuenten”, lo que provoca un desfase devastador entre el abuso y la denuncia. Tan devastador que puede significar desde el no ejercicio de la acción penal, hasta la prescripción del delito.  Los ministerios públicos conocen que las niñas se encuentran bajo esquemas más agudos de manipulación psicológica y de violencia emocional por parte de sus agresores, porque no tienen posibilidad de acceder a información sobre lo que les está pasando, sobre la realidad más allá de lo que les dicen sus agresores, sobre otros casos de abuso que los lleva a culpas, a vergüenza, a silencio, a un terror que no les permite comprender ni mucho menos denunciar lo que les está pasando. Conocen que los testimonios de las niñas pocas veces son lineales, precisos o claros y que esto lleva a la desestimación de su testimonio, que suele ser la única prueba. Las niñas que sufren violencia sexual en México tienen todo en su contra: un núcleo familiar que —muchas veces— por un lado le agrede y, por otro, no le cree; un sistema de justicia que está diseñado para que sus denuncias no se sostengan; un ministerio público que no conoce cómo ni le interesa ayudarle; una sociedad que permite que un abusador sexual infantil corra para gobernador.

Aún conociendo todo esto, la ley no prevé ningún otro tipo de consecución de justicia. Dice: denuncia, o calla para siempre. Denuncia (en tiempo) y mete a la cárcel, o calla para siempre. Denuncia aunque no sepas hablar. Denuncia aunque no sepas ni qué es una violación. La justicia se reduce a la revictimización y al no ejercicio de la acción penal. No se prevén otros mecanismos menos lascivos y rigurosos para que les crean, porque la realidad es esta: al Estado no le importa sanarles ni prevenir que les pase; al Estado no le importa creerles. Al Estado lo que le importa es diseñar un sistema donde nadie gane. Las niñas que se esconden detrás de la cifra negra continúan conviviendo con sus abusadores, o incluso sufriendo el abuso. Las cien que denuncian ven su entorno resquebrajado, son traumatizadas por los agentes del ministerio público y mandadas a su casa con un dolor más en el corazón y el miedo de las consecuencias por haber hablado. La niña que obtiene una sentencia condenatoria en contra de su agresor será culpabilizada y estigmatizada por haber mandado a su papá, a su tío, a su abuelo, al cura del pueblo, a la cárcel. El papá, el tío, el abuelo y el cura del pueblo se convierten en víctimas del sistema carcelario por sí mismos. Nada cambia. Siguen abusando sexualmente de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes. Seguimos siendo el primer lugar mundial en abuso sexual y pornografía infantil.  Siguen existiendo redes de trata de niñas como la de Acapulco, Guerrero, y un violador infantil sigue contendiendo para la gubernatura de ese mismo Estado. Una de cada tres personas en México sigue siendo víctima de abuso sexual en su infancia. Las niñas siguen siendo las víctimas de 1 de cada 10 feminicidios. Siguen desapareciendo 7 todos los días.

La visión hegemónica punitivista del Estado ha bloqueado la posibilidad de imaginar otras maneras de crear derecho y de pensar lo que es justo. No hay suficientes camas en las cárceles, ni juezas ni sentencias, ni años en esta tierra, que sirvan para reparar a través del derecho penal el dolor, el estado de indefensión, el trauma, la victimización y revicitimización que el Estado ha infligido en las víctimas de violencia sexual infantil. La primera vez que Liliana me contó su historia, le pregunté ¿crees que algo hubiera cambiado si esa policía hubiera decidido creerte? Ella me dijo que sí: “Hubiera cambiado mi vida entera: mi percepción de mi misma; las cosas que tuve que hacer para protegerme cuando nadie me protegió; las cicatrices que eso dejó. Creo que la autoridad no se da cuenta de que, cada vez que decide no creernos, en los momentos más dolorosos y vulnerables de nuestra existencia, nos dejan una herida permanentemente abierta en la conciencia y en el corazón; nos desplaza a un estado interminable de injusticia y de dolor”.


María Fernanda Ramos Araujo

Estudiante de la carrera de derecho en el ITAM y asistente de investigaación en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Twitter:

@f3rnandaaraujo. 


 

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