Desmitificando al estado seguro

Este es, por fin, el texto que he prometido respecto a los derechos humanos en Yucatán. Éste retoma una investigación que Enrique Gallegos y un servidor trabajamos durante el primer semestre de este año como parte de Elementa DDHH. Parte de lo que desenmarañamos de esta realidad es, precisamente, que el mito de Yucatán como un estado seguro no permite que estas problemáticas salgan a la luz de lo mainstream y se queden en las trincheras de quienes trabajan estos temas. Este artículo hablará, entonces, del contexto que limita la visibilización de estas problemáticas.

En el 2008, durante el gobierno de Ivonne Ortega se suscitó un hecho de violencia directa, de alguna forma vinculado con la guerra calderoniana. Este hecho derivó en la primera de una serie de políticas de seguridad. Dichas políticas incluyeron (e incluyen) inversiones millonarias en cámaras y equipamiento para la policía. Sin embargo, la guerra contra el narco nunca llegó. Al menos no como llegó a los demás estados. Gracias a ello, nos colgamos la medalla de ser “El estado más seguro”.

Bajo esta bandera, las estructuras del gobierno privilegiaron la invisibilización de cualquier discurso contrario al “estado más seguro”. Problemas como las detenciones arbitrarias, la tortura, el despojo de tierras a comunidades indígenas, los feminicidios o incluso el alcoholismo y los suicidios “no existen” o son “casos aislados” que aparecen en las últimas páginas de la prensa local.

Pero en Yucatán sí pasan cosas…

  • Pasa que existen más de 200 carpetas de investigación abiertas sobre tortura y menos de 60 se encuentran turnadas.
  • Pasa que la CODHEY se niega a emitir posicionamientos de ningún tipo.
  • Pasa que a José Adrián, un adolescente de 14 años, lo levanta una patrulla, los policías lo esposan y torturan para que confesara un crimen que no cometió y, luego, extorsionan a su familia para que paguen por soltarlo.
  • Pasa que a Robert Tzab lo detiene la policía el 10 de agosto de 2010 y, dos días después, aparece muerto en una celda, lleno de lesiones y a cuyo caso le han intentado dar carpetazo más de una vez.
  • Pasa que a la comunidad de Homún le instalaron una granja de cerdos de forma ilegal que empezó a contaminar la principal fuente de agua y de ingresos del pueblo, que los medios atacaran a la comunidad por “bárbaros” y que la PROFEPA les clausurara sus cenotes por “irregularidades”.
  • Pasa que a la comunidad de San Antonio Chel le contaminan el agua y enferman a su gente porque la granja que tiene más de 600 cabezas de ganado decidió brincarse la parte de la ley donde dice que tienen que operar con un biodigestor.
  • Pasa que a Emma Gabriela nunca le cumplieron las Medidas Cautelares solicitadas por la CNDH al estado de Yucatán, mismas que la hubieran protegido de ser víctima de feminicidio, planeado desde la cárcel por su ex esposo.
  • Pasa que hay más de 50 feminicidios que nunca se tipificaron como tales.
  • Pasa que a María Ligia le dijeron que tenía que ir a Mérida para que le atendieran un dolor de su embarazo, pero no habían ambulancias, por lo que tuvo que ir en una combi no equipada para su caso. Tardaron dos días en informarle a sus familiares que murieron ella y sus gemelos porque “no era urgente atenderla” hasta que fue muy tarde.
  • Pasa que no hay estadísticas de por qué mueren las mujeres en el parto.
  • Pasa que no hay acceso al aborto libre y seguro.
  • Pasa que no hay salud sexual integral.
  • Pasa que hay más de 100 parejas en el estado que han sido victimizadas por el registro civil del estado porque la constitución del estado dice que son antinatura, mientras que la SCJN ya declaró que eso es anticonstitucional.
  • Pasa que no se investigan las causas de los suicidios.
  • Pasa que el Hospital Psiquiátrico opera sin tomar en cuenta los Protocolos Internacionales en materia de salud mental.
  • Pasa que los gobernantes le hacen más caso al Arzobispo que a las Leyes.
  • Pasa que los medios de comunicación tradicionales prefieren el hueso a reportar estos problemas.
  • Pasa que las élites están tan alejadas de la realidad que “cómo va a ser que eso pase”.

En Yucatán sí pasan cosas. Con estas evidencias, aventuro a decir que Yucatán no es un estado seguro para la mayoría de quienes lo habitamos.

El documento se llama Derechos Humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil. Yucatán y está en ww.elementa.co/derechos-humanos-en-contexto-aproximaciones-para-el-fortalecimiento-de-la-sociedad-civil/

Licenciado en Literatura Latinoamericana. Gestor cultural. Abogado de clóset. Escribe ficción y, a veces, cosas interesantes sobre la sociedad en la que habita. Experto en nada.

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