Desinformación: ¿la prohibición última en el ciberespacio?

A lo largo de varias sentencias, la Suprema Corte de Estados Unidos ha establecido cánones sobre qué discursos deben protegerse –como la expresión de ideologías políticas o intereses comerciales– y qué discursos no. De acuerdo con la Corte, hay formas de expresión que son inconstitucionales y deben someterse a escrutinio público. Entre éstas, se encuentran la obscenidad –un discurso sexual demostrado en una manera particularmente ofensiva–, la difamación, el fraude, la incitación a la ilegalidad y al uso de la fuerza, los discursos belicosos, amenazas a la violencia, entre otros…  Por ejemplo, en el contexto que Donald Trump enfrentó después de las protestas del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, su discurso en Twitter y demás redes sociales fue más justificable de censurar porque había un riesgo potencial entre su libertad de expresión, tanto el 6 de enero como en el año electoral anterior, y una posible incitación a futuros actos violentos, más allá del simple hecho de haber publicado información falsa. Sin embargo, más allá de la jurisprudencia estadounidense y la creciente dominancia de las redes sociales sobre la moderación de la libertad de expresión, todavía hay discrepancia con respecto a qué estándares se deben aplicar al restringir discursos por propagar información falsa. La desinformación no entra en estos estándares de discursos no protegidos; sin embargo, ¿esto significa que la desinformación debería permitirse a toda costa? ¿O debería igual ser un discurso prohibido? ¿Cómo deberían guiarse los gobiernos y las normas que rigen las plataformas digitales para regular estos discursos?

            Por ser preguntas extremadamente complejas, hay diferentes perspectivas con respecto al lugar de la desinformación en la libertad de expresión. Por ejemplo, el Comentario General 34 del Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece que el estándar de restricción sobre la libertad de expresión debe ser particularmente alto alrededor del debate público para asegurar una sociedad democrática. Casos, reportes y observaciones hechas por organismos internacionales y cortes domésticas han establecido que, como contraargumento hacia la prohibición de discursos desinformativos, el flujo de información es vital para garantizar la libertad de expresión, independientemente de si la información que fluye es falsa o no. Asimismo, con base en doctrina auxiliar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte mexicana determinó que la libertad de expresión –un derecho fundamental en cualquier Estado democrático– no sólo consistía en poder expresar pensamientos propios (dimensión interna del derecho), sino en poder recibir y opinar sobre pensamientos ajenos (dimensión externa) de manera desinhibida. En general, hay doctrina que defiende a la información falsa como parte del papel que juega la libertad de expresión en la democracia.

Sin embargo, otras organizaciones, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han emitido reportes que, al contrario, asocian la desinformación con contextos donde los derechos humanos no florecen de manera adecuada y advierten que impide que la pluralidad de opiniones y expresiones fluya con verdad en una sociedad democrática. De manera internacional, el artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite que la libertad de expresión sea restringida estricta y únicamente bajo dos supuestos: (1) para proteger los derechos y la reputación de otros, o (2) para preservar la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Sin embargo, supuestos como el orden público son usados frecuentemente con vaguedad y ambigüedad, lo cual ha causado controversia con qué circunstancias casuísticas encajan con estos supuestos y con cuándo verdaderamente se puede suspender la libertad de expresión con claridad. Estrategias como la creación del Consejo asesor de contenido de Facebook, o la implementación de tests de proporcionalidad ayudan a delimitar nuevas situaciones en redes sociales bajo las cuales se puede restringir el esparcimiento de desinformación, como la incitación de violencia, los discursos de odio o discriminación, o la interferencia deliberada en elecciones ante una gran audiencia. No obstante, estos esfuerzos son de reciente desarrollo y todavía enfrentan varios retos, como la falta de definición y consenso sobre qué es desinformación ante medidas excesivas de gobiernos y plataformas.

Por ejemplo, en países como Malasia, Bielorrusia, Indonesia, República Democrática del Congo, Birmania, entre otros, los gobiernos han bloqueado redes sociales y el acceso a Internet para prevenir la circulación de información falsa, con un estándar de desinformación que frecuentemente se equivale a un discurso crítico a las autoridades.  Además, ante falta de una delimitación jurídica concreta de estándares de restricción con respecto a la desinformación, las plataformas que rigen nuestras formas de expresión en Internet tienen mucha influencia sobre qué censurar, sin ningún tipo de responsabilidad por los daños sociales que sus medidas arbitrarias puedan causar. Incluso si se trata de un tema que ya se ha discutido antes en un contexto de redes sociales, todavía hay muchas lagunas alrededor de los límites de la desinformación. A pesar de parecer tan simple como decidir si una afirmación es cierta o no, la regulación de los discursos falsos –sobre todo en Internet– aún representa un reto y aún es una frontera jurídica que queda por dibujarse en la era digital.

Él/He

Tengo 21 años y estudio Derecho en el CIDE. No escribo porque sepa algo en específico; lo escribo porque me interesa mucho saberlo. Mis intereses principales son de sociedad y música, pero intento aprender todos los días de todo lo demás.

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