Los estudiantes de Ayotzinapa en tiempos de la 4T

“Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”

Palabras que sentenció Andrés Manuel López Obrador el 3 de diciembre como uno de sus primeros actos de gobierno, al crear una comisión de la verdad para investigar el caso de los 43. A muchas personas llenó de esperanza este acto simbólico, sobre todo porque (de alguna manera) implicaba una ruptura con lo que se constituyó como la máxima expresión de impunidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Desde hace cinco años, siempre se recuerda que la noche del 26 de septiembre de 2014 cinco autobuses con estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, que se dirigían a Ciudad de México con la intención de protestar por la masacre de Tlatelolco (2 de octubre de 1968) fueron vigilados, seguidos e interceptados por distintas autoridades de los tres niveles de gobierno (policías municipales, policías estatales y Ejército). El resultado final es ampliamente conocido: 43 estudiantes desaparecidos, seis personas asesinadas (tres de ellas estudiantes), 40 personas heridas y muchas familias que han tenido que resistir a la adversidad durante cinco años en su búsqueda de verdad, justicia y una reparación.

Diversas investigaciones han pormenorizado lo sucedido y la reconstrucción de los hechos ha facilitado el entendimiento de esa noche y la madrugada siguiente. Por qué calles transitaron, cuántos eran, a qué hora dispararon contra ellos, quiénes fueron y porqué son preguntas que se han respondido con la claridad suficiente para preguntarse también ¿Por qué fabricar una versión de los hechos? ¿Por qué sostener una “verdad histórica” imposible científicamente? ¿Por qué en tanto tiempo y con tanta atención mediática no se ha podido resolver el caso?… Si bien estas preguntas pueden tener muchas respuestas (ninguna de ellas concluyentes), saber qué ha pasado desde entonces hasta la actualidad es un ejercicio que permite disipar varias dudas.

Recién sucedieron los hechos, la noticia tardó unos días en aparecer en medios nacionales; se informaba como “hechos violentos” y no había muchos detalles al principio. El alcalde (José Luis Abarca Velázquez) pidió una licencia y la policía estatal y el ejército asumieron la seguridad de Iguala. A nivel federal, Enrique Peña Nieto negaba que fuera competencia de la federación y “recordaba” al gobierno de Guerrero que asumiera su responsabilidad de investigar los hechos. La Procuraduría General de Guerrero consignó a los policías municipales que dispararon, mientras el caso iba tomando notoriedad.

Cuando los medios nacionales e internacionales, se estaban preguntando qué había pasado y por qué, el gobierno federal asumió la competencia en la investigación, se giraron órdenes de aprehensión en contra del alcalde de Iguala, su esposa y el secretario de seguridad pública por sus vínculos con una organización delictiva. Las marchas y el descontento exigían respuestas al gobierno federal todos los días, “vivos se los llevaron, vivos los queremos” era la consigna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los estudiantes; Murillo Karam expuso ante el país la “verdad histórica”; un grupo interdisciplinario de expertos realizó peritajes y desestimó la hipótesis del incendio en Cocula, el Estado mexicano obstaculizó su trabajo y espió a sus miembros en correspondencia. Murillo Karam renunció y Arely Gómez asumió el cargo.

A cuentagotas se han hecho del conocimiento público los pocos avances en las investigaciones. Mientras tanto, familiares, organizaciones, la sociedad en general y la comunidad internacional siguen exigiendo justicia, todos los días, cada año desde 2014. Lo que vale la pena resaltar es que en los procesos seguidos —por secuestro y no por desaparición forzada— en contra de las personas presuntamente responsables, se recurrió a detenciones ilegales y arbitrarias, y múltiples actos de tortura e intimidación por parte de las fuerzas federales. Eso ha provocado que personas como Giraldo López Astuillo (“El Gil”) y otras 76 personas sean puestas en libertad y absueltas de las acusaciones en su contra, porque las autoridades estaban empeñadas en conseguir culpables, no en investigar con la debida diligencia.

¿Qué tanto se ha avanzado en este sexenio? Aunque es innegable que la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa es un gran paso, tampoco ha habido muchos avances sustanciales. La conformación de la Comisión es el primer aspecto positivo; tres representantes de la Gobernación, dos de Relaciones Exteriores, dos de Hacienda, cinco familiares de los estudiantes y cuatro representantes de la sociedad civil. Adicionalmente hay convenios de colaboración técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, que se escuche a los padres y madres, así como la transparencia del trabajo de la comisión también lo es. No obstante, la comisión no sustituye el deber de investigar el caso, y en consecuencia sancionar a las personas responsables; asimismo, abre espacio para burocratizar la búsqueda de justicia en el caso.

También en la 4T se creó una Unidad Especial de Investigación y Litigación dentro de la Procuraduría General a cargo de Omar García Trejo. El titular ha referido que se encuentra con toda la disposición de iniciar una “nueva investigación” para subsanar todos los vicios de origen que tuvo el expediente. A pesar de que abrir investigaciones a las autoridades involucradas en las acciones u omisiones que derivaron en las fallas anteriormente mencionadas ayudaría a subsanar los errores institucionales, poco ha mencionado el nuevo fiscal al respecto.

Nada concluyente, pasos lentos y compromisos que todavía no son cumplidos son la noticia que acompaña a los familiares de: Abel, Abelardo, Adán, Antonio, Alexander, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian, Christian Tomas, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonas, Jorge, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José, José Ángel, José Eduardo, José Luís, Julio César, Leonel, Luis, Luis Ángel, Magdaleno, Marcial, Marco Antonio, Martín, Mauricio, Miguel, Miguel Ángel, Saúl, Julio, Daniel, Julio César, David, Víctor y Blanca. Su caso no fue un caso atípico, fue un síntoma en un país con fallas institucionales de todo tipo.

En un país de más de cuarenta mil desaparecidos, es necesario consolidar una fiscalía autónoma e independiente, la construcción de paz en las zonas del país que viven inseguridad y otros efectos del crimen organizado, dar fin a la impunidad que acoge a las autoridades y civiles que actúan bajo aquiescencia de autoridades para realizar actos de tortura y desaparición forzada. Hoy no faltan 43, mientras no se resuelvan los problemas estructurales del Estado, nos seguirán faltando muchos más.

Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil "Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Escribo sobre política, sociedad y medio ambiente con perspectiva de derechos humanos.

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