Abuso policial en Colombia

-Daniela Arias

@darias_sanchez

La brutalidad policiaca es uno de los problemas más extendidos a lo largo del mundo. Incluso en los países más desarrollados se han presentado casos de abuso policial durante manifestaciones o detenciones. América Latina no es la excepción.

La policía es una institución creada para mantener el orden y la seguridad en las ciudades, están en contacto directo con la ciudadanía, y por eso la fuerza debe ser herramienta de último recurso, mucho más si es fuerza letal. Por encima del derecho a manifestarse, está el derecho a la vida y ese es el que tienen que garantizar no solo los cuerpos policiales sino las autoridades encargadas de impartir justicia cuando este derecho no se defiende. Aunque no siempre es así y Colombia en los últimos días es muestra de esto.

Bogotá despertó el 9 de septiembre con la noticia de que en medio de un procedimiento policial Javier Ordoñez, un civil, perdió la vida. Luego de una serie de investigaciones trascendió que Ordoñez había salido de su domicilio a comprar alcohol con unos amigos, momento en el que lo increparon los policías recordándole que el consumo de alcohol estaba restringido por la pandemia y que eso ameritaba una multa. Sin embargo, ya había habido roces entre los policías y Ordoñez en días previos por lo que, posterior a eso, lo sometieron en el piso mientras le disparaban con pistolas taser en repetidas ocasiones, a pesar de que él les pedía que pararan. Lo trasladaron al CAI (Comando de Acción Inmediata – unidad policial) donde, según la autopsia, fue golpeado en reiteradas ocasiones en el pecho y la cabeza, recibiendo esta última un golpe mortal. Lo trasladaron a la clínica para evitar que “muriera en el CAI” pero llegó sin signos vitales.

Esta no es la primera vez que el abuso policial ha ocasionado la muerte de civiles en el país, la ONG Temblores ha registrado que entre 2017 y 2019 se habrían presentado más de 600 muertes de civiles a manos de la policía. Algunos de los casos emblemáticos fueron los de Dylan Cruz en las protestas de noviembre del año pasado por un proyectil artesanal del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y, más recientemente, el caso de Anderson Arboleda durante la cuarentena obligatoria en mayo pasado. Ambos casos siguen sin encontrar justicia y las familias siguen a la deriva.

La muerte de Ordoñez indignó a la ciudadanía, cansada de masacres en diferentes partes del país, de la crisis económica derivada de la pandemia y del abuso sistemático de la policía durante la misma, por lo que el miércoles 9 decidieron salir a las calles a manifestar su descontento. Durante las protestas la policía reprimió y abrió fuego indiscriminado contra la población. La jornada dejó un saldo de 10 personas muertas y más de 300 heridas durante las manifestaciones. Lo anterior suscitó una nueva jornada de protestas el jueves y el viernes, lo que aumentó la cifra de personas muertas a 13 y de heridas a 400, entre ellas 72 por arma de fuego. Las protestas se han mantenido hasta el domingo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acudió con el Procurador General de la Nación y el Presidente para presentarles una propuesta de reforma para la policía, pues ésta actualmente hace parte del Ministerio de la Defensa y no del Ministerio del Interior, lo que le da acceso al fuero y a la justicia penal militar. Además, la propuesta incluía la necesidad de un organismo autónomo e independiente que llevara a cabo la investigación de los eventos violentos suscitados durante las protestas. A pesar de este historial de represión y agresiones por parte de la policía y el ESMAD, el presidente Duque rechazó de facto la posibilidad de una reforma a la policía y tampoco acudió al evento de reconciliación con las victimas convocado por la alcaldesa para el domingo 13.

Todo lo anterior obliga a una profunda reflexión sobre cómo se entienden el orden y la seguridad en Colombia. Que la policía no dependa del ministerio del Interior la aleja de ser un cuerpo civil y fomenta la impunidad, pues la justicia penal militar suele archivar los casos y no perseguir a los responsables. Que la policía, sin ninguna orden -según ha trascendido en las últimas horas- decida abrir fuego indiscriminado contra la población civil es una muestra de lo mal entendida que está tanto la institución como la protesta social. Esta última ha sido catalogada por amplios sectores de la sociedad como un plan del Ejército de Liberación nacional (ELN, guerrilla activa en Colombia) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, es decir, aquellos integrantes de la guerrilla que no se sometieron al Acuerdo de Paz de 2018) para desestabilizar al país -acusaciones que aún no tienen ningún sustento y que se usan para alimentar la teoría del enemigo interno.

Como en otros países, tanto los medios como grupos ciudadanos se han dedicado a condenar el vandalismo de las protestas y argumentar que “esas no son las formas”, fiscalizando la rabia y el hartazgo de la gente. Incluso ha habido malestar con medios como Caracol y RCN por equiparar numerosos CAIs vandalizados con la muerte de personas durante las manifestaciones. No es de extrañar, entonces, que se alimente la narrativa de que las cosas no están tan mal como para que la gente se movilice, entonces es culpa de grupos subversivos y, por tanto, se necesita restablecer el orden militarizando las ciudades y reforzando los esquemas de seguridad. Esto ha protagonizado los debates del partido de gobierno y ha opacado la propuesta de reforma de los grupos alternativos y la alcaldía de Bogotá. Va a seguir habiendo manifestaciones mientras no se vea voluntad política de enmendar los errores del pasado.

vía @oscarude_boy
vía @oscarude_boy

El abuso policial tiene que perseguirse y castigarse con todo el peso de la ley, no puede minimizarse este delito arguyendo a que son solo algunos casos aislados cuando se ha demostrado que el abuso policial es sistemático, es más agresivo en zonas de bajos recursos, afro o hacia la comunidad lgbt+. La indiferencia del gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para asumir la responsabilidad de los abusos perpetrados en los últimos días -documentados por al ciudadanía- dan cuenta de lo lejos que está el país de solucionar este problema y de lograr una reconciliación nacional.

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